VICENTE PÉREZ
La entrada en prisión de los condenados por el caso de Las Teresitas ha comenzado este lunes 1 de abril, cinco días después de dictada la sentencia del Tribunal Supremo que ratifica las condenas a prisión impuestas en 2017 por la Audiencia Provincial a lo seis protagonistas de la trama de la compraventa de las parcelas del frente de playa por un sobreprecio ilegal con dinero público, así como la recalificación injustificada desde el punto de vista del interés general -y sin beneficio para el erario público- del valle de Las Huertas
Este lunes la Audiencia Provincial ha dictado las órdenes de detención y ha entrado en la cárcel Tenerife II el exalcalde de Santa Cruz Miguel Zerolo, quien se presentó ante la Polícía (no había sido localizado por los agentes en su domicilio) para cumplir 7 años de prisión. Los mismos que le han caído a Manuel Parejo, ex concejal de Urbanismo, que también se encuentra ya en el centro penitenciario. Ambos políticos, destacados miembros de Coalición Canaria (CC) cuando se orquestó esta trama, cometieron delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.
En la cárcel está ya también el constructor Antonio Plasencia (presidente durante muchos años de la patronal de la construcción Fepeco), que ha sido condenado por malversación a 5 años y tres meses, periodo en el que no podrán ejercer actividades empresariales relativas a promover y desarrollar actuaciones urbanísticas.
El otro empresario sobre el que pesa igual condena por igual delito, Ignacio González (quien fuera presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife), ha alegado problemas de salud, por lo que no ha sido detenido a la espera de que este martes sea reconocido por un médico forense para que la Audiencia Provincial decida si lo envía o no a la cárcel.
Los otros dos reos, funcionarios, tienen cinco días para su ingreso voluntario en Tenerife II, al no apreciarse riesgo de fuga y ser sus penas menores que las del resto de ajusticiados. Es el caso de Víctor Reyes, exsecretario delegado de la Gerencia de Urbanismo, castigado con 4 años y seis meses de prisión, y de José Tomás Martín, exgerente de dicho organismo autónomo del Ayuntamiento santacrucero, con 4 años. Ambos técnicos por malversación y prevaricación.
Unos como autores intelectuales otros como cooperadores necesarios, lo cierto es que la Justicia, en sentencia ya firme, ha dado por cosa juzgada y probada que entre todos se concertaron para maquinar un pelotazo urbanístico por el que el Ayuntamiento, con dinero de todos los santracruceros, les pagó a los dos empresarios de Inversiones Las Teresitas SL 52.5 millones de euros por unas parcelas del frente de playa que en realidad valían mucho menos, unos 20 millones, como los había valorado la funcionaria Pía Oramas, en una tasación que no fue tenida en cuenta y que incluso se ocultó en el expediente.
A ello se une una recalificación de suelo en el Valle de Las Huertas, en la trasera de Las Teresitas, sin contraprestación para el erario público y sin justificación desde el punto de vista del interés público, para viabilizar una urbanización de unos 5.000 vecinos, lo cual además les reportó un negocio redondo a los dos empresarios, pues vendieron ese parcelario a una filial de Mapfre por más de 100 millones de euros.
Los culpables de esta trama también han sido condenados a inhabilitación, y sobre algunos ya pesaban sentencias condenatorias, con cárcel incluida, como Parejo por el caso Mamotreto; o Plasencia, por el caso Áridos de Güímar (eludirá la prisión si aporta una fianza de decenas de millones de euros); y Zerolo (por el caso García Cabrera, la adjudicación a dedo de la millonaria rehabilitación del antiguo instituto de igual nombre, para albergar la oficinas centrales del Ayuntamiento, en Ofra).
La trama habría quedado impune si no la hubiera denunciado en vía penal el colectivo Ínsula Viable, vinculada al PSOE, en una denuncia que redactó el político Santiago Pérez, entonces dirigente del PSOE y hoy edil de XTF-NC en el Ayuntamiento de La Laguna. A Ínsula Viable pertenece también el concejal socialista en la capital tinerfeña José Ángel Martín. Como acusación popular se personó la asociación Justicia y Sociedad, representada en el proceso por el abogado -y exdirigente de IUC- José Pérez Ventura.
La fiscal que investigó y desentrañó la trama, María Farnés, es la encargada ahora del caso Grúas, en el que pide la imputación del actual presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo (CC), por hechos acaecidos cuando era alcalde de La Laguna.
