VICENTE PÉREZ
El presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, se ha comprometido a que la Ley de Renta Ciudadana que tramita, aún en fase de anteproyecto, el Ejecutivo recogerá el derecho a que todos pensionistas que estén por debajo del umbral de la pobreza a ver suplementada su pensión hasta superar esta nivel de ingresos, entre ellas las pensiones no contributivas que estén en esas condiciones.
Torres (del PSOE y que cogobierna con Sí Podemos, ASG y NC) explicó que ya ha salido a exposición pública el borrador de esta ley y ha recibido aportaciones, de modo que su previsión es que este mismo año sea aprobada en el Parlamento de Canarias como una de las dos iniciativas legislativas «fundamentales» de su Gobierno, junto a la Ley de Lucha contra el Cambio Climático.
El mandatario respondía así a la pregunta formulada por PLANETA CANARIO durante la reciente entrevista que le realizó el director de Eldiario.es, Ignacio Escolar, en un acto público, celebrado en la sede tinerfeña de Presidencia del Gobierno, en el que se permitió que se formularan preguntas desde el público.
El 37% de las viudas que cobran pensiones son pobres
El número de pensiones no contribuitivas en Canarias ascendía a 45.734 con datos a 31 de diciembre de 2019, entre las de invalidez y por jubilación.
Según el informe El Estado de la Pobreza 2019, elaborado con datos oficiales por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Canarias (EAPN-Canarias), en el marco de la celebración cada 17 de octubre del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, en Canarias, unas 104.000 personas, 6.000 más que el año anterior, recibían en 2018 una pensión cuyo importe era inferior al mínimo considerado para no ser pobre. Es decir, el 32,5 % de todas las pensiones y, si se consideran solo las de viudedad, casi todas de mujeres, el 37,4 %, tienen un importe inferior al umbral de pobreza. Además, para el 8,3 % del total, el importe de la pensión es inferior al umbral de pobreza severa (calculado para 14 mensualidades según el 30 % de la mediana de renta).
Para el año 2018 el umbral de pobreza regional en Canarias es de 7.228 €, cantidad que es 1.643 € inferior al umbral oficial. La utilización de un umbral regional para calcular la tasa de pobreza implica que todas las personas residentes en Canarias cuyos ingresos por unidad de consumo están entre 8.871 € y 7.228 €, dejan de ser considerados pobres sin modificación alguna en sus condiciones de vida y solo por efecto del cambio
metodológico. Así, las tasas de pobreza de Canarias, que normalmente son muy altas, pasan a ser muy similares a la media nacional. Para el año 2018, la tasa de riesgo de pobreza calculada con su umbral regional se reduce al 23,7 %, unos 8,3 puntos más baja que la registrada con umbral nacional.
Más del 50% de los 300.000 pensionistas ganan menos de 430 euros, denuncia la Plataforma en Defensa de las Pensiones
Este colectivo tacha de «grave» la situación en Canarias, donde más de la mitad de los alrededor de 300.000 pensionistas censados, tanto los y las que perciben pensiones no contributivas como los que perciben pensiones contributivas mínimas, están muy por debajo del salario mínimo interprofesional, con prestaciones que en una gran proporción no sobrepasan los 430 euros mensuales. «Nadie puede vivir dignamente con estas pensiones», advierte la plataforma.
Por eso, el año pasado presentó en el Parlamento de Canarias 5.000 firmas en apoyo a la solicitud de que en los presupuestos generales de 2020 se habilitara una partida para complementar estas pensiones de miseria. Asimismo, la plataforma se queja de solicitó una entrevista al presidente del Gobierno canario para exponerle esta propuesta y no fue recibida antes de que se aprobaran las cuentas de la Comunidad Autónoma para este año.
«Los presupuestos se aprobaron con algunas medidas sociales destinadas a paliar la situación de extrema necesidad de amplios sectores de nuestra gente», apunta la plataforma en un comunicado, «pero el señor presidente no ha tenido tiempo para reunirse con nosotras y nosotros; por lo que seguimos a la espera, pues no podemos permitir pasivamente que muchísimas personas, sobre todo mujeres que han trabajado toda su vida cuidando la vida de los demás, sigan en la pobreza, mendigando ayudas sociales o buscando en los contenedores de basura algo que les permita sobrevivir en su penuria».
Una subida del 0,9% este año en las pensiones, para muchos canarios insuficiente
Los gobiernos central y autonómico tienen en sus manos la legitimidad y el poder otorgado por la mayoría de las ciudadanas y ciudadanos españoles y canarios para reparar esta injusticia social. La renta para vivir dignamente es hoy el 60% del salario medio, como dispone la Carta Social Europea firmada por España, y que aquí supone 1.084 euros al mes. Este tope debe servir tanto para el salario mínimo como para las pensiones mínimas.
En su primera reunión el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos ha subido las pensiones para 2020 un 0,9%, según el Índice de Precios al Consumo (IPC) de este año. Asimismo, ha aprobado que, en caso de que la inflación aumente por encima del 0,9%, los y las pensionistas recibirán durante el primer trimestre de 2021 una paga compensatoria de la diferencia. Para el Gobierno canario, «es una buena noticia, pues contrariamente a lo que suele ocurrir en este país, el Gobierno actual ha cumplido su promesa de aumentar las prestaciones según el IPC».
Pero a renglón seguido el Ejecutivo regional admite que una pensión media-alta el 0,9% de aumento supondrá percibir 15 o 20 euros mensuales más; pero una pensión mínima contributiva, de alrededor de 670 euros al mes, solo subirá unos 6 euros y una pensión no contributiva o del SOVI, que ronda los 400 euros, no pasará de 4 euros. Las personas que perciban este tipo de pensiones no lograrán salir de la marginación social y la pobreza.
Así se elabora la estadística del umbral de la pobreza
El Instituto Nacional de Estadística (INE) explica que el umbral de pobreza se fija en el 60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo de los hogares a nivel nacional. Al tratarse de una medida relativa, su valor depende de cómo se distribuya la renta entre la población. La mediana es el valor que, ordenando a todos los individuos de menor a mayor ingreso, deja una mitad de los mismos por debajo de dicho valor y a la otra mitad por encima. Por tanto el umbral de pobreza aumenta o disminuye en la medida en que lo haga la mediana de los ingresos.
El valor del umbral de pobreza, expresado como ingreso total del hogar en euros, depende del tamaño del hogar y de las edades de sus miembros, es decir, del número de unidades de consumo. Como valores ilustrativos, según la información que proporciona la Encuesta de Condiciones de Vida del año 2018, el valor del umbral de pobreza de un hogar de una sola persona (calculado con los datos de ingresos de 2017) era de 8.871 euros anuales, un 4,1% más que el estimado en el año anterior. El de un hogar formado por 2 adultos y 2 niños menores de 14 años era de 18.629 euros anuales. Una persona con unos ingresos anuales por unidad de consumo inferiores a los valores del umbral de pobreza se considera que está en riesgo de pobreza relativa.
Pensiones no contributivas: casa comunidad autónoma a su aire
Según recoge el Informe 2017 de Rentas mínimas de inserción que publica el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, las rentas mínimas de inserción son una competencia de las comunidades autónomas, que la mayoría han venido recogiendo en sus respectivos estatutos de autonomía, pero no existe una normativa estatal que fije unas mínimas condiciones para dichas prestaciones, por lo que, ante la falta de regulación estatal y la competencia exclusiva del Gobierno regional en servicios sociales, es una necesidad abordar la regulación de dicha prestación a través de una ley canario.
Esto a su vez viene a dar cumplimiento al artículo 24 del Estatuto de Autonomía de Canarias, que establece el derecho a unos ingresos básicos en los siguientes términos: “1. Las personas que se encuentren en situación de exclusión social tienen derecho a acceder a una renta de ciudadanía en los términos que establezcan las leyes”.
Asimismo, con la futura ley autonómica se cumple con la Ley de Servicios Sociales, que establece que: “En desarrollo de lo dispuesto por el artículo 24 del Estatuto de Autonomía, el Gobierno presentará en el Parlamento de Canarias, dentro del plazo máximo de los 18 meses siguientes a la entrada en vigor de la presente ley, un proyecto por el que se regule una prestación económica que tenga por objeto garantizar un mínimo de ingresos a las personas o unidades de convivencia que se encuentren en situación de exclusión o en riesgo de estarlo”.
La norma, cuya elaboración ya tramita el Gobierno regional, viene, pretende garantizar unos ingresos mínimos a las unidades de convivencia acorde con unos estándares de vida dignos y suficientes, tanto a las que no perciben ningún tipo de ingresos como a las que aún percibiendo rentas del trabajo o alguna otra prestación, esta no alcance para un mínimo vital digno.
43 alegaciones al anteproyecto de Ley de Rentas Mínimas
La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias ha informado recientemente de que el proyecto de Ley de Renta Ciudadana ha recibido 43 alegaciones y sugerencias, una media elevada teniendo en cuenta que el año pasado, en otras propuestas normativas abiertas a consulta pública por el Gobierno de Canarias, se alcanzaron las 12. En total, solo 5 de ellas fueron prestadas por organismos o asociaciones y el 90% se mostraron a favor de la implementación de la Renta Ciudadana.
Algunas de las cuestiones planteadas fueron, por ejemplo, y en diversas ocasiones, que se establezcan controles para evitar fraudes; que los perceptores de la ayuda contribuyan a la sociedad aportando mediante el trabajo voluntario; que la renta ciudadana venga acompañada de políticas de fomento del empleo y se exija a la persona realice un itinerario de inserción laboral; que sea compatible con otros tipos de ayudas como prestación no contributiva o con ayudas por discapacidad, y que la concesión de las ayudas se realice de forma ágil, mejorando la coordinación interadministrativa.
«Tras el cierre de la consulta, el siguiente paso es realizar diversos informes técnicos, entre ellos, un informe de resultados en el que se recogen las propuestas, se analizan y se les da respuesta motivada a las alegaciones presentadas», aclaró.
