PLANETA CANARIO
La Asociación Tierra Bonita, de la que forman parte afectados por la erupción del volcán de La Palma, ha presentado una reclamación ante el Comisionado de Transparencia de Canarias contra el Cabildo de Tenerife tras su nueva r negativa a publicar en tiempo real los datos de sismicidad, deformación del terreno y emisión de gases obtenidos por la red de vigilancia volcánica que gestiona el Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN), dependiente de esta Administración insular.
El colectivo palmero ha acudido al organismo garante de la transparencia en las Administraciones públicas canarias después de que la Consejería tinerfeña de Investigación, Innovación y Desarrollo desestimara el 11 de junio su recurso potestativo de reposición contra la primera denegación, en abril pasado.
La asociación recuerda que el pasado 27 de marzo de 2026, el Pleno del Cabildo, con el apoyo de todos los grupos políticos (CC, PP, PSOE y Vox), aprobó un acuerdo institucional en el que asumía las recomendaciones formuladas por ocho colectivos palmeros, entre ellos las principales asociaciones de afectados por el Tajogaite, comprometiéndose expresamente a «primar la transparencia y el acceso a los datos en tiempo real a la población como fortalecimiento de la confianza institucional».
La denegación afecta también a los datos registrados por la red sísmica, geodésica y geoquímica de INVOLCAN antes de la erupción del volcán de La Palma, entre 2017 y 2021, información que la asociación igualmente solicitó.
En este contexto, Tierra Bonita plantea “para qué sirven las decisiones que toma el pleno del Cabildo si a las primeras de cambio son papel mojado, incluso en una cuestión tan sensible como es esta, un acuerdo que sobre el papel asumía para Tenerife recomendaciones de asociaciones de afectados por el Tajogaite, una de cuyas quejas con respecto a la gestión de su emergencia volcánica fue precisamente la falta de transparencia de políticos y científicos sobre los datos que conocían acerca de la evolución previsible del fenómeno geológico que desembocó en la erupción del Tajogaite.
Tras lo sucedido, también insta a la oposición política en el Cabildo tinerfeño a hacer valer el acuerdo adoptado en marzo, “pues al final parece que siempre la ciudadanía está abocada a movilizarse ante los incumplimientos de quienes gobiernan”.
En su escrito dirigido a la comisionada de Transparencia, Noelia García, la asociación sostiene que el Cabildo vulnera el derecho de acceso a la información al denegar la solicitud sin una motivación suficiente; y defiende que los datos brutos de vigilancia volcánica, al haberse obtenido con fondos públicos, deben ser accesibles y no pueden quedar amparados por derechos de propiedad intelectual.
Los argumentos del Cabildo y de INVOLCAN
En la resolución del Cabildo, INVOLCAN argumenta que su red de monitorización “no tiene carácter oficial de vigilancia volcánica, ni ostenta competencias en materia de evaluación ni comunicación del riesgo volcánico”, función que “corresponde al Instituto Geográfico Nacional (IGN), como organismo competente integrado en el Sistema Nacional de Protección Civil”.
En consecuencia, sostiene el Cabildo, «la red de INVOLCAN constituye una infraestructura de carácter científico y de investigación, cuyo objetivo es la generación de conocimiento, el desarrollo de proyectos de I+D+i y el apoyo técnico a las administraciones. Esta diferenciación resulta esencial, ya que el régimen jurídico de los datos generados por redes científicas de investigación no es equiparable al de los datos producidos por sistemas oficiales de vigilancia y alerta, por lo que no puede inferirse de su existencia una obligación general de publicación en abierto en los términos pretendidos por el recurrente».
Otro motivo esgrimido por el Cabildo para rechazar la petición figura que la publicación de las mediciones brutas de su red de vigilancia volcánica podría generar una «alarma social injustificada». Asimismo, sostiene que esos datos forman parte de proyectos de investigación científica y que su difusión podría afectar a su posterior publicación en revistas especializadas.
Tierra Bonita: «Inaceptables e incomprensibles»
Tierra Bonita rechaza esta interpretación: asegura que resulta “inaceptable privatizar datos de riesgo volcánico» y mantiene que los datos obtenidos de la naturaleza carecen de la originalidad exigida para quedar protegidos por derechos de autor y subraya que, conforme a la normativa europea y al Real Decreto-ley 24/2021, la información generada con financiación pública debe regirse por el principio de «abierto por diseño y por defecto».
Para la asociación denunciante resulta además «incomprensible» que el Cabildo considere peligroso el acceso público a estos datos brutos en Canarias, «ignorando el contexto y los estándares de la ciencia abierta internacional».
