PLANETA CANARIO
La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha cerrado de forma definiva a la imputación del senador de CC-PNC Fernando Clavijo en el caso Grúas, sin tener en cuenta los recursos de súplica interpuestos por las acusaciones particulares, representadas por los concejales laguneros Santiago Pérez (Avante La Laguna) y Rubens Ascanio (Unidas se Puede).
Los denunciantes han mostrado su sorpresa porque presentaron sus recursos vía Lexnet el 15 de junio pasado, y la providencia del archivo definitivo, firmada por el presidente de la Sala Segunda del Supremo, Manuel Marchena, lleva fecha del día siguiente, el 16. En ella se afirma tajantemente que nadie recurrió.
Según adelantó Eldiario.es y confirmó Unidas se Puede a PLANETA CANARIO, las acusaciones apelaron en el llamado día de gracia, que ambas contaron a partir de la fecha de firma del auto de archivo del Tribunal Supremo (9 de junio), a pesar de no haberle sido notificado por no habérsele permitido personarse hasta la fecha, a pesar de ser los denunciantes del caso. El Ministerio Fiscal no recurrió ese primer auto de archivo.
El primer teniente de alcalde de La Laguna y líder de Sí se Puede, Rubens Acanio, confirmó que presentará un nuevo recurso contra esta nueva decisión del Alto Tribunal del Estado, para lo que hay un plazo de tres días. «Esperamos que el Supremo rectifique y no prosiga con un cierre en falso de la parte del caso grúas que concierne al aforado Fernando Clavijo», manifestó el también concejal de Bienestar Social.
La sorpresa de las acusaciones particulares viene porque el auto que archiva la imputación de Clavijo se dictó sin que el Supremo recibiera de la jueza, Celia Blanco, que instruye la causa en La Laguna (donde hay tres imputados más, el excalde José Alberto Díaz y el exconcejal Antonio Godiño, ambos de CC, así como una funcionaria) mención alguna a la declaración clave en todo este procedimiento, la del primer dueño de las empresa Autogrúas Poli, concesionaria del servicio municipal de grúas de Aguere.
Este empresario declaró en los Juzgados de La Laguna que Clavijo, durante su etapa en el Ayuntamiento lagunero -donde fue concejal de Seguridad y alcalde- le obligó a contratar a «amigos» o perdería la concesión, que el Ayuntamiento le adeudaba 260.000 euros, lo que le llevó a la bancarrota y tuvo que vender la empresa a esos mismos trabajadores, y que, una vez que ya no era suya, el consistorio saldó lo adeudado con la concesionaria y además le dio el polémico préstamo de 120.000 euros el erario municipal (con el criterio en contra del interventor). «Clavijo era el jefe del tema», declaró el empresario ante el Juzgado en noviembre pasado.
La representación de Santiago Pérez, que es concejal de Urbanismo y profesor de Derecho de la Universidad de La Laguna ya jubilado, solicitó la nulidad del auto de archivo por considerar que se le generado indefensión porque la exposición razonada enviada al Tribunal Supremo por la jueza de Instrucción de La Laguna lo fue “de forma prematura y manifiestamente incompleta”, lo que a su entender privó a la Sala de “toda la información que a modo de indicios racionales de criminalidad constan en la causa y son indispensables para que (…) pueda dictar una resolución justa y fundada fáctica y jurídicamente”.
El asunto puede acabar en el Tribunal Constitucional, pues el líder de Avante La Laguna ha anunciado en Diario de Avisos que, si este nuevo recurso contra la providencia del archivo definitivo no prospera, llevará el caso al Tribunal Constitucional al entender que se ha producido una vulneración de los derechos fundamentales de las acusaciones particulares.
