PLANETA CANARIO
La Asociación Agua para La Palma ha solicitado de manera formal al Consejo Insular de Aguas de La Palma (CIALP) que revise de oficio y declare nulo el acuerdo por el que autorizó la compra directa de los pozos abandonados Herradura I y II, en el nordeste de la isla, por 1.203.000 euros, cantidad a la que habría que añadir otros 3.277.240 euros del erario público para ponerlos de nuevo en marcha.
En su escrito, el colectivo ciudadano advierte además de que en el expediente no consta en ningún sitio que se haya comprado el agua, por lo que “parece que el CIALP se ha limitado a adquirir terrenos y su servidumbre, con dos agujeros dentro”.
En este sentido, la asociación expone en un comunicado que se encuentra con “la paradoja de que, aunque aparentemente el motivo inicial de toda la operación es proveerse de agua a partir de una comunidad que gestiona agua, resulta que en ningún lugar se aclara si el agua se adquiere o no”.
“Si el CIALP entiende que con la venta del terreno se vende el agua, ¿dónde está la explicación jurídica de ello?”, plantea Agua para La Palma.
Además, observa que en el Registro de la Propiedad no figura mencionada el agua ni están detallados los pozos y galerías con sus dimensiones y características técnicas, la maquinaria e instalaciones, así como los depósitos y sistemas de distribución.
Pero este es solo uno de los variados motivos por los que la asociación concluye que el expediente incurre en supuestos de nulidad.
Otra de las irregularidades alegadas apunta a que el Consejo optó por una compraventa directa, sin justificar adecuadamente esta vía y obviando la normativa aplicable, ya que no se publicaron los pliegos que fijaban las condiciones de esta compra; tampoco se dio publicidad al procedimiento y, además, el CIALP no cumplió su obligación legal de comprobar la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar con la Administración pública por parte del vendedor.
AUMENTO «INJUSTIFICADO» DEL 9% EN EL PRECIO
Otro de los ejes en los que pivota la impugnación es, según Agua para La Palma, el incumplimiento de las reglas de ejecución presupuestaria y la irregular fijación del precio, pues el expediente parte de una valoración inicial de 1,1 millones de euros realizada por la ingeniera de minas Miryam Machado, precio que posteriormente se elevó hasta 1,2 millones con un informe realizado por el ingeniero técnico agrícola del CIALP Francisco Martín, lo que supuso que este organismo público se plegó a una contraoferta de la comunidad de aguas vendedora que aumentaba la cuantía económica de la compraventa.
La asociación sostiene que este incremento cercano al 9% no fue acompañado de una nueva autorización de gasto.
En este punto, también aprecia una irregularidad en que la compra lleve aparejada otra inversión posterior de 3,2 millones sin que conste autorización para este gasto.
SIN FISCALIZACIÓN REAL DEL INTERVENTOR
En el escrito que solicita la revisión de oficio se pone igualmente el foco en que el interventor delegado formuló reparo al expediente al no disponer del documento contable necesario para fiscalizar el gasto. Sin embargo, el reparo se levantó sin que se le entregara a la Intervención la documentación necesaria para que pudiera cumplir su función de velar por la legalidad contable en este organismo público.
Como ya avisara hace un año por escrito al CIALP y a la opinión la asociación palmera, “llama la atención que, antes de quedar en abandono, estos pozos fueron ofertados a la Comunidad de Riego de Los Sauces, que pidió asesoramiento a la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias, la cual emitió un informe desfavorable, desaconsejando su compra tras inspeccionarlos y comprobar su estado y la salinización de su agua”.
Y recuerda también que Carlos Cabrera, siendo consejero de aguas del Cabildo palmero, manifestó en su día que en el CIALP le habían comentado que el pozo de La Herradura 1 “no valía la pena comprarlo porque estaba salinizado”.
«UNA COMPRA A CIEGAS»
Además, la asociación tacha de “inaudito” que se haya gastado dinero público en adquirir estas propiedades “sin saber qué cantidad de agua puede sacar y de qué calidad; para ello, tendría que haber realizado un ensayo de bombeo, pero no lo hay en el expediente”.
Señala también que “la previsión de caudal en realidad se basa exclusivamente en la bomba que tienen instalados estos pozos, pero eso no quiere decir que realmente se pueda extraer y mantener ese volumen de agua, bien porque uno de los pozos se seque o bien porque el otro esté salinizado”.
En estas circunstancias, Agua para La Palma anuncia que se reserva emprender acciones judiciales en caso de que el CIALP rechace dar marcha atrás a la compra.
