VICENTE PÉREZ
Inmaculada González Vera y Eugenia Paiz son madres de un hijo y una hija que se encuentran internados en centros para personas con gran discapacidad de Canarias.
El estado de alarma por la pandemia los separó de ellos durante cuatro meses, pero, a diferencia del resto de la sociedad, las restricciones para poder ver a sus hijos o pasar con ellos un fin de semana todavía no han terminado. La nueva normalidad no ha llegado en este caso.
Estas madres no están solas. Más de 53.000 personas las apoyan. Son las firmas que han recogido en Change.org y que días pasados entregaron en la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias, donde ha solicitado una reunión con el presidente del Ejecutivo , Ángel Víctor Torres para «revisar, consensuar y adecuar los protocolos que mantienen en un perpetuo confinamiento a miles de personas con discapacidad» con plazas en residencias de toda Canarias, según han explicado a PLANETA CANARIO. En realidad son ya mas de 54.000 los apoyos recogidos en la citada plataforma digital.
Esas dos mujeres ponen rostro a un movimiento ciudadano que ya lleva una ingente tarea burocrática y administrativa, con reuniones con la Dirección General de Dependencia del Gobierno canario, cabildos y técnicos de estas administraciones.
Por ello, esperan no sólo la atención de Torres frente a lo que entienden «un largo incumplimiento de los derechos fundamentales» de las personas con discapacidad, que comprenden todas las edades, desde niños a ancianos, sino la mediación de la fiscal delegada de Discapacidad en Canarias
Eugenia Paiz manifiesta que la situación se ha vuelto ya insostenible, por lo que han emprendido esta campaña para exigir «un trato digno» y que sus seres queridos recuperen el contacto con las familias.
«A quienes salen con sus familias luego los dejan en cuarentena solos en una habitación»
Denuncian que «el encierro de mayores y personas con discapacidad, la toma de decisiones de forma aleatoria y restrictiva por parte de empresas privadas concesionarias de la gestión de residencias, y la negativa a recuperar las salidas terapéuticas pese a los distintos escenarios sanitarios en las Islas».
Uno de los aspectos «más graves» que denuncian es la orden de confinamiento de 14 días, solos en una habitación, para aquellos residentes cuyas familias deciden, bien llevarlos a casa o hacer uso del derecho de paseo terapéutico sin la vigilancia impuesta por estas empresas y secundada por los cabildos, a los que acusan de «anteponer su seguridad jurídica frente al respeto a los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, que seis meses después del 14 de marzo, siguen encerradas tras los muros de los centros».
han llevado a estas madres a pedir un trato «digno» y a la recuperación del contacto con las familias.
«Hay niños que no han salido de estos centros desde marzo»
Inma González Vera expone en el texto de su recogida de firmas que las personas con discapacidad de las Islas Canarias «están sufriendo una situación de aislamiento por culpa de la pandemia mucho más duradera y difícil que la del resto de personas de las Islas y todo el país».
Relata que su hijo «suele estar internado en un centro de asistencia de lunes a viernes, ya que su discapacidad del 100% hace que sea una persona totalmente dependiente». Los fines de semana los pasaba con su familia.
La gestión de este tipo de centros en Canarias, a su juicio, «no ha cesado de ser un desastre total». «Mi hijo regresó a casa con el inicio del estado de alarma, para volver al centro el día 23 de Junio, cuando fue sometido a un aislamiento de 14 días a pesar de haberse sometido a un PCR que dio negativo», expone.
El 12 de Julio tuvo que sacarlo del centro «por una pérdida de peso preocupante que supuso un riesgo para su salud y que seguramente fue provocado por esta situación a la que se vio sometido».
Pero esta madre testimonia que la situación de otros internos es «todavía peor». «Hay niños que no han salido del centro desde el día 14 de marzo, porque han decidido encerrarlos en centros, privarlos de su familia, de su libertad y de sus derechos como personas; todos ellos son menores por ley «.
«¿Con qué derecho se priva la libertad de estas personas tantos meses?»
«¿Con qué derecho se puede privar la libertad de un grupo de personas durante más de 4 meses? ¿De qué sirve proteger a mi hijo y a los demás de un virus si los acabamos matando de pena? Esta situación se tiene que acabar», lamenta, indignada, Inmaculada González.
Para esta madre, «la gestión de estos centros no puede ser igual que la de una residencia de mayores, sobre todo teniendo en cuenta que las relaciones que estos tienen fuera del centro se limitan a sus familias los fines de semana, añadiendo a todo esto la situación tan favorable en cuanto a infectados que hemos tenido durante meses en el Archipiélago».
Y enfatiza que «el riego cero no existe con el Covid-19, los trabajadores que atienden a nuestros hijos entran y salen cada día a sus domicilios y hacen su vida normal».
La orden del Gobierno canario
El Gobierno de Canarias ha dado prioridad durante la pandemia al aspecto sanitario por encima de otros criterios. A finales de julio publicó una orden para regular la etapa del postconfinamiento ante la necesidad de recoger las especificidades del colectivo de personas con problemas de salud mental o con discapacidad en los diferentes recursos de tipo residencial. La orden, según el Gobierno canario, afecta a más de 9.000 personas que viven en recursos de estas características, incluyendo los pisos tutelados.
Con respecto a las visitas, la orden establece que la dirección de cada centro organizará la realización de las visitas que se efectuarán siempre con cita previa, por un tiempo limitado y un familiar por residente (a ser posible siempre la misma persona) y evitando el contacto físico. En principio, se mantiene el criterio establecido hasta el momento de una visita semanal de duración no superior a una hora, pero se incluye la posibilidad de ser ampliables en número y tiempo, según las características de cada centro y de la evolución de la situación epidemiológica.
Con respecto a las salidas, según esta normativa autonómica, en el caso de las residencias de personas mayores se evitarán las salidas a cualquier vía o espacio de uso público donde puedan producirse aglomeraciones. Si éstas se realizaran se deberán extremar las medidas de protección adecuadas y evitar el contacto y la interacción con otras personas, así como los espacios cerrados con ventilación insuficiente. Siempre se harán con acompañamiento de una persona trabajadora del centro, un familiar u otra persona responsable para que se garanticen las medidas preventivas.
En el caso de los centros residenciales de personas con discapacidad o con problemas de salud mental está permitida la salida de las personas residentes a cualquier vía o espacio de uso público, siempre que se respeten y se utilicen las medidas de protección adecuadas y se evite el contacto y la interacción con otras personas, con el fin de promover siempre que sea posible la participación en la comunidad de manera autónoma. El equipo terapéutico del establecimiento, determinará en qué casos las salidas deberán precisar acompañamiento.
No se permiten las pernoctas de las personas residentes en su domicilio familiar, si bien, se podrán autorizar las salidas de día a domicilios.
