VICENTE PÉREZ
Un grupo de ecologistas convocados por la asociación Salvar La Tejita se ha concentrado en la mañana de este viernes frente a las puertas de el Servicio Provincial de Costas de Santa Cruz de Tenerife para reclamar la paralización de las obras del hotel que se construye en una parcela en primera línea de playa de la Reserva Natural Especial de Montaña Roja, en Granadilla de Abona, donde se encuentra en revisión el deslinde del dominio público marítimo terrestre y su servidumbre de protección, precisamente a petición de este colectivo y de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN).
Algunos manifestantes portaron en sus manos fotos con caras del presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, y del consejero de Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena (ambos del PSOE), porque, a pesar de que este último presentó en octubre pasado un informe ante Costas (sobre el ha surgido una controversia entre ambas administraciones por la validez formal del escrito), la realidad es que no consta que haya hecho valer otro jurídico con argumentos específicamente técnicos aportado por ATAN y Salvar La Tejita, que el titular de dicha consejería se comprometió a esgrimir para demostrar que la servidumbre debe ponerse en 100 metros de anchura, y no en 20.
También portaron fotos del portavoz de Podemos en el Parlamento de Canarias, Manuel Marrero, cuyo partido denunció el año pasado este asunto en la Fiscalía Provincial, pero no ha hecho nada más, según los ecologistas, una vez que entró en el Gobierno de Canarias cuatripartito.
En la concentración, el presidente de Salvar La Tejita, Daniel Duque, leyó un manifiesto en el que acusan a Costas de «no querer admitir ninguna evidencia que pueda perjudicar a la viabilidad del futuro hotel de la Tejita».
«Estamos aquí para no hacerles olvidar que no vamos a permitir que esta sospechosa y oscura administración
se salga con la suya una vez más». «Estamos hartos de tantos años de corrupción, donde sólo se
aplica la ley a la gente humilde y se hace la vista gorda ante los poderosos», enfatizó Duque.
Investigando el expediente que ahora mismo está a exposición pública, «encontramos piezas que
no cuadran, falta un informe requerido al jefe del Área de gestión del dominio público, Juan
Antonio Troya, un personaje ya conocido por la justicia por estar envuelto en diferentes pleitos
urbanísticos», sostiene el manifiesto de Salvar La Tejita, en el que se pregunta «¿dónde está este informe, por qué dicho expediente no aparece foliado, por qué en la contestación al consejero Valbuena, se le achaca que carece de firma, cuando él ha demostrado que no fue así?»
«Estamos aquí para exigirles su responsabilidad, la defensa del litoral para uso y disfrute de toda la ciudadanía, y que por tanto nos defienda con todo el peso de la ley frente a los intereses de una empresa constructora», remachó el portavoz ecologista.
Salvar La Tejita tiene denunciado todo este asunto en el Juzgado de Granadilla, por vía penal, y, en vía contencioso-administrativa la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento del sur tinerfeño.
En medio de esta polémica y con el expediente de revisión del deslinde en información pública, resulta sorprendente lo descubierto a finales de enero por el periodista Esaú Hernández, de Mírame TV, por el cual el Gobierno canario se enteró de que desde finales de octubre el Servicio Provincial de Costas había rechazado un importante informe del consejero Valbuena -aparentemente con argumentos favorables a fijar la servidumbre en 100 metros, y no en 20- por carecer de firma y fundamentación técnica.
A un par de semanas para que acabara el periodo de información pública, Esaú Hernández descubrió que Costas había incluido en el expediente una notificación de estos reparos al Gobierno canario en octubre pasado que en realidad nunca llegó al Ejecutivo regional.
Ahora, este organismo estatal, preguntadio por PLANETA CANARIO, ha admitido que un «fallo» técnico retrasó nada menos que tres meses esta notificación al Gobierno canario clave para fijar la servidumbre en el hotel de La Tejita. El organismo estatal reconoce que detectó a fines de enero el error en el sistema de interconexión de registros y ha enviado de nuevo (el 28 de enero pasado) el escrito a la Consejería de Planificación Territorial, por el que insiste en que el informe de Valbuena no es válido por no llevar firma. Pero la Consejería, al trascender los reparos de Costas por Mírame, se reafirma en que sí lo envió firmado electrónicamente y que lo que dices Costas «no es correcto». El caso es el que el 12 de febrero se acabó lo que se daba y se cierra la exposición pública, paso previo para la resolución definitiva.
Todo este galimatías no ha hecho más que avivar las suspicacias de los ecologistas sobre la actuación de las Administraciones Públicas en este expediente administrativo.
