VICENTE PÉREZ
La Fiscalía Provincial ha presentado denuncia por un posible delito de prevaricación en la sociedad Casinos de Tenerife, propiedad del Cabildo, en la que pide que declare como investigado (imputado), su gerente, Gildo Hernández Rodríguez, por presunta vulneración de la Ley de Contratos del Sector Público al contratar a dedo a dos empresas por una cantidad superior a la permitida, que le obligaba a convocar concurso público.
La actuación de la Fiscalía surge a raíz de una denuncia presentada en junio de 2018 por los entonces consejeros de Podemos en el Cabildo Julio Concepción, Milagros Hormiga y Francisco Rivero con relación a las auditorías realizadas a Casinos de Tenerife. El Ministerio Fiscal ha descartado en sus diligencias previas que existan irregularidades en otros hechos denunciados por Podemos, pero sí ve indicios de ilegalidad en las contrataciones de J.J.Fuentes Tabares SL y Borrella SA.
Sobre la primera empresa, «presta servicios publicitarios y facturó a esta sociedad pública cantidades superiores a 18.000 euros en los años 2012, 2013 y 2014, manifestando Casinos de Tenerife que el exceso se trata de entregas complementarias«, según detecta la Fiscalía.
En cuanto a la segunda empresa, suministradora de uniformes, en ese mismo periodo facturó también cantidades superiores 18.000 euros al Casino de Playa de Las Américas, igualmente justificadas por la entidad pública como «entregas complementarias, a pesar de que se vengan sucediendo año tras año».
Relata la Fiscalía que estos contratos «no solo se adjudican de forma directa a pesar de superar la cuantía predeterminada por la ley para ello sino que los contratos menores se renuevan o se prorrogan año tras año sin justificación alguna, en contra de lo dispuesto por el artículo 22.3 del mismo texto legal», que solo permite en estos casos un año estas contrataciones y sin prórroga posible.
En otro orden de cosas, aprecia también el Ministerio Fiscal, «no resulta justificada la calificación de entregas complementarias a fin de motivar el exceso de cuantía del contrato (cantidades superiores a 18.000 euros anuales) pues nada en la documentación aportada indica que este exceso pueda corresponderse con circunstancias imprevisible».
En todo caso, advierte la Fiscalía, «si fuese necesario que la prestación se ejecutada en forma distinta a la pactada, inicialmente deberá procederse a la resolución del contrato en vigor y a la celebración de otro bajo las condiciones pertinentes».
Y observa también en su denuncia que «la modificación el contrato no podrá realizarse con el fin de adicionar prestaciones complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto de contrato a fin de que no pueda cumplir finalidad nuevas no contempladas en la documentación preparatoria dlelmismo o incorporar una prestación susceptible de utilización o aprovechamiento independiente».
Podemos: «Una prueba clara del oscurantismo y la nefasta gestión de CC»
La portavoz de Sí Podemos Canarias en el Cabildo , María José Belda, y el exconsejero insular y actual director general de Diversidad del Gobierno regional, Julio Concepción, sostienen en una comunicado que estamos ante “una prueba clara y contundente que reafirma el oscurantismo existente en torno a la nefasta gestión de Casinos de Tenerife durante estos años, algo que nuestro anterior grupo denunció a raíz del proceso privatizador iniciado por Coalición Canaria (CC), con el señor Carlos Alonso como máximo responsable político al frente de la institución en ese momento”.
A este respecto, Concepción destaca que los años en los que la Fiscalía detecta una serie de irregularidades en las auditorías coincide con la última etapa de Ricardo Melchior al frente del Cabildo de Tenerife (2012) y, en 2013 y 2014, con Carlos Alonso como presidente de la Corporación en su sustitución.
A juicio de exconsejero insular y ahora cargo público del Gobierno regional, este caso “no ha hecho nada más que empezar, y es necesario exigir las responsabilidades políticas oportunas ante la fatídica gestión realizada por CC, quienes hicieron caso omiso a las irregularidades en las auditorías anteriormente mencionadas.
Por su parte, Belda, señala que, “a pesar de la mala gestión que ha sufrido Casinos de Tenerife en manos de CC en estos años, desde el actual grupo seguiremos defendiendo firmemente la no privatización de esta empresa pública, ya que se trata de una pieza clave en el conglomerado empresarial público del Cabildo”.
Acuerdo de Podemos y PSOE para dar marcha atrás a la venta de los casinos
Belda pone de relieve que que esta entidad da trabajo a más de 120 personas y cada dos años genera 5 millones de euros de beneficios «que repercuten directamente en las arcas públicas para la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía tinerfeña”. En este sentido, la consejera ha recordado que “la revisión» de la venta de los Casinos de Tenerife es uno de los puntos del acuerdo programático que Podemos mantiene con el PSOE en el Cabildo por el que la formación morada dio su apoyo al socialista Pedro Martín en la moción de censura contra Alonso.
Por tanto, Belda manifiesta que Podemos «espera que tanto el PSOE, como el consejero Enrique Arriaga y la consejera Concepción Rivero, tengan ahora más clara todavía la necesidad de revisar este caso y no seguir adelante con el proceso de venta de una entidad tan importante como Casinos de Tenerife”. El proceso de venta de los casinos, ya en marcha, fue acordado por el gobierno insular que PSOE y CC-PNC formaban en el pasado mandato en el Cabildo de Tenerife.
