PLANETA CANARIO
La Fiscalía ha pedido cuatro años y tres meses de prisión para el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta (PSOE), por presuntos delitos de administración desleal e insolvencia punible durante su gestión en la empresa pública Gestión Urbanística de Pájara (Gesturpa), creada en un principio para construir viviendas, durante su etapa de concejal de Urbanismo.
El fiscal Tomás Fernández solicita la apertura de juicio oral contra el mandatario por un conjunto de supuestas irregularidades en 2012 que provocaron una deuda casi dos millones de euros en 2015, cuando Acosta cesó en el cargo.
De acuerdo con el escrito del Ministerio Fiscal, publicado por Diario de Fuerteventura, Blas Acosta llevó a cabo una serie de “conductas ilícitas” a pesar de que sabía que la empresa municipal “incurría en causa legal de disolución” y “se encontraba en una situación de inminente insolvencia”.
En concreto, el actual presidente del Cabildo majorero “formuló y propuso la aprobación de las cuentas anuales” de la empresa, propiedad al cien por cien del Ayuntamiento de Pájara, “aun sabiendo que las mismas contenían constantes y graves irregularidades contables”. Esas irregularidades abarcaban, según el escrito de acusación, la “valoración de existencias, reservas, impuestos diferidos” y la “contabilización de deudas y gastos”.
El fiscal, especializado en delitos económicos, detalla que el 27 de marzo de 2012, la empresa administrada por Acosta concertó un préstamos con el Ayuntamiento de Pájara por más de 1,7 millones de euros, “con conocimiento de que nunca la entidad podría devolverlo dada su evidente falta de viabilidad económica”. Ese préstamo, agrega el fiscal, se concedió para el pago de deudas “que no figuraban en la contabilidad” de Gesturpa.
Otro de los presuntos hechos delictivos que la Fiscalía atribuye a Acosta consiste en el abono en el año 2012 de 897.270 euros a una empresa, Mahlec Mantenimientos, “por cuenta de un tercero” al que “luego nunca le reclamó el pago”. También resalta que la factura se había generado seis años y que no estaba “contabilizada” por la empresa pública del Ayuntamiento de Pájara, según detalla el citado diario majorero.
La Fiscalía identifica dos presuntos delitos, atribuidos a Blas Acosta: uno de administración desleal, por el que pide una pena de un año y nueve meses de prisión, y otro de insolvencia punible, por el que solicita una condena de dos años y seis meses de cárcel.
Entre los dos delitos, el Ministerio Fiscal reclama una pena de cuatro años y tres meses de prisión para Acosta, el único acusado en el procedimiento judicial, así como la inhabilitación especial para cargo público durante el mismo periodo de tiempo.
Además, por el delito de insolvencia punible, la Fiscalía pide que Acosta sea condenado a una multa de 48.000 euros en concepto de responsabilidad personal subsidiaria.
No obstante, el montante económico global solicitado sería mayor en caso de condena, toda vez que la Fiscalía pide que el acusado indemnice al Ayuntamiento “en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia por los perjuicios económicos causados” por la gestión de Gesturpa.
El caso Gesturpa se inició con una denuncia en Fiscalía de Margarita Martín, exconcejal en Tuineje que concurrió en listas electorales con el PSOE.
