VICENTE PÉREZ
Acaba de ser exculpado en el Tribunal Supremo de responsabilidad penal en el caso Grúas, pero una nueva causa se cierne sobre el senador de CC-PNC y expresidente autonómico Fernando Clavijo: el caso Reparos. La Fiscalía anticorrupción ve indicios delictivos en esta causa y ha pedido que se cite como investigado al exalcalde lagunero, al igual que a quien fuera su sucesor en la alcaldía, José Álberto Díaz (del mismo partido), junto a otros políticos y funcionarios del Ayuntamiento de La Laguna incluidos.
Así lo ha confirmado este jueves 11 de junio Santiago Pérez, denunciante de esta causa- y también del caso Reparos-, líder del partido Avante La Laguna y concejal de Urbanismo en el consistorio tinerfeño.
En un escrito de 156 folios, la Fiscalía aprecia indicios de prevaricación continuada y malversación en 180 decretos que Clavijo (46) y, luego, Díaz (unos 200) dictaron entre 2013 y 2018 para levantar reparos de legalidad formulados por la Intervención municipal para autorizar que empresas cuyos contratos ya estaban vencidos y las prórrogas agotadas continuaran prestando servicios públicos municipales. El montante total abonado asciende a unos 47 millones de euros.
«La Laguna fue en esa época una zona off shore, una especie de paraíso fiscal, en que quedaron derogados los principales preceptos de la Ley de contratos del sector público que obliga a tramitar un concurso; y la pregunta es a cambio de qué se les permitía a determinadas empresas sin contrato ni pública concurrencia seguir gestionando servicios en algunos casos por cuantías millonarias», interpeló Pérez durante una rueda de prensa.
Según ha informado Diario de Avisos, la Fiscalía también solicita procesar a los entonces concejales de CC Aymara Calero Tavío y Agustín Fernando Hernández, en aquella época presidente del Organismo Autónomo de Deportes; además de Asier Amador Robayna, que fue gerente del Organismo Autónomo de Deportes; Rosa Ana García, jefa del Servicio de Bienestar Social y Calidad de Vida, y Carlos A. Gómez, técnico de la Unidad de Educación.
El denunciante se queja de la «inactividad absoluta» del Juzgado 4 de La Laguna con su denuncia durante dos años, hasta que acudió a la Fiscalía Anticorrupción, un año y medio después al ver que no se movía la causa.
Pérez tacha lo denunciado de «práctica ilegal y corrupta, que consistía en dejar que se extinguieran los contratos a través de los que entre 17 y 20 empresas gestionaban la mayor parte de los servicios municipales y luego les autorizaba a seguir prestándolos sin concurso público, a dedo, a pesar de que ya no había prórroga posible, y siempre con los reparos de Intervención».
El exalcalde de La Laguna, y concejal en este mandato, José Alberto Díaz ha atribuido esta causa a «otro ataque político» de Santiago Pérez, y a diferencia del denunciante y de la Fiscalía, dijo estar orgulloso de su gestión. Esgrimió en su defensa que cuando estuvo al frente del consistorio se sacaron más de 20 concursos públicos y las prórrogas de servicios (recogida de residuos o atención domiciliaria a 1.100 familias, entre otros) se resolvieron en función de un interés colectivo «superior» y como forma de dirimir discrepancias técnicas, «entre funcionarios», como mantener o detener dichos servicios en un «contexto de crisis» económica.
Díaz está investigado en el caso Grúas que sigue vivo en los Juzgados laguneros, puesto que el Supremo ha sobreseído la imputación solo a Clavijo, al estar aforado por ser senador, aunque cabe esperar que los todavía imputados pidan el sobreseimiento de la causa en Aguere en aplicación de este auto del Alto Tribunal del Estado.
De todos modos, los denunciantes del caso Grúas (el propio Santiago Pérez y Unidas se puede) han anunciado que recurrirán el archivo en el Supremo de lo tocante a Clavijo, alegando, entre otras razones, que la jueza del Juzgado 2 de La Laguna omitió al Supremo testimonios clave contra el expresidente del Gobierno canario. El principal, la declaración del empresario José Padilla que testificó que Clavijo, cuando era alcalde, le obligó a contratar a amigos suyos en la concesionaria, los mismos a los que luego se vio obligado a vender la empresa porque el Ayuntamiento no le pagaba, y los que recibieron el polémico préstamo municipal.
La Fiscalía anticorrupción también se quejó el pasado año de que la documentación remitida al Supremo por la jueza desde La Laguna estaba «incompleta» y no incluía importantes diligencias practicadas después.
