PLANETA CANARIO
La Asociación Tierra Bonita, el colectivo palmero que desde hace varios años ha llevado a los tribunales denuncias y recursos contenciosos en busca de «la verdad» sobre por qué no se informó ni evacuó a la población antes de la erupción del Tajogaite, sostiene que no es cierta la versión dada en junio de 2025 por el Gobierno canario sobre la inexistencia de actas de las reuniones del comité científico del Plan de Emergencias Volcánicas (PEVOLCAS) en los días y horas anteriores a la catástrofe.
Hay que recordar que en junio de 2025, durante un pleno del Parlamento regional, a una pregunta formulada desde la oposición acerca de por qué se deniega esta documentación a los afectados del volcán, el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, alegó que «la información que los técnicos nos han aportado viene a decir que no se levantaban actas, sino que eran, simplemente, informes que se hacían a posteriori, y que las grabaciones existen pero no se pueden hacer públicas».
El vídeo con su intervención, publicado en Elvalledearidane.com, es el siguiente:
Lejos de ser así, Tierra Bonita asegura tener constancia de que actas sí existen, y contienen la deliberación entre los miembros de ese órgano, en la semana de septiembre de 2021 en que ocurrió la erupción, y también le consta que hay grabaciones, aunque el Gobierno de Canarias sigue sin querer entregarlas.
“Desmentimos de manera rotunda lo afirmado por el consejero en sede parlamentaria, hasta el punto de que faltó gravemente a la verdad, porque sí se levantaron actas, que sepamos, algunos días esa semana previa a la erupción, y estos documentos fueron redactados por la entonces denominada Dirección General de Seguridad y Emergencias”, asevera Tierra Bonita en un comunicado.
Llegados a este punto, la asociación reta a Miranda a aclarar “si mintió él o sus propios técnicos son los que le engañaron y le hicieron mentir sin el consejero pretenderlo, o sencillamente se escudó en los técnicos para amortiguar el golpe cuando se descubriera la verdad”
Además, para el colectivo palmero, que no hubiera actas de cualquier reunión del PEVOLCA supondría un grave incumplimiento de la normativa, cuyo Anexo 8 establece que de cada sesión del Comité Científico se levantará acta escrita, y que debe levantarla el representante de la citada Dirección General, al frente de la cual se encontraba entonces Gustavo Armas, que dependía jerárquicamente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, cuyo titular en esa época era Julio Pérez (PSOE).
El citado anexo 8 de este plan de emergencias también deja claro que las sesiones deberán ser grabadas y que esa grabación formará parte del acta.
Ante estos hechos, Tierra Bonita denuncia la “falta de transparencia, del Gobierno canario pasado y el actual, sobre los gravísimos errores de gestión de la emergencia volcánica de 2021, pese a ser la peor catástrofe de este tipo en Europa durante el último siglo”.
Este colectivo ciudadano quiere hacer notar que ambos gobiernos (el anterior, del Pacto de Las Flores -PSOE-NC-Sí Podemos-ASG- y el actual, formado por CC-PP-ASH-AHÍ) “han pretendido una y otra vez ocultar el contenido de esas reuniones para que los damnificados en particular, y la opinión pública en general, no conozcan cómo se llegó a la decisión de no elevar el semáforo a naranja ni evacuar a la población antes de erupcionar el Tajogaite, y ni siquiera informar a los barrios de que habían quedado en área de máximo riesgo por la migración del magma hacia el norte el último día, a pesar de que los científicos tenían establecidas las coordenadas de la zona probable para el inicio de la erupción”
La Asociación Tierra Bonita destaca que «sigue batallando en la vía judicial para obtener esas actas y grabaciones de jornadas en que las señales de la naturaleza (sismicidad, gases y deformación) alcanzaron unos niveles que indicaban la inminencia de la erupción».
Las declaraciones públicas de científicos de ese comité posteriores al comienzo del proceso eruptivo no han hecho más que avivar las suspicacias de los afectados acerca de por qué no se les evacuó, ya que miembros de las instituciones científicas IGN, INVOLCAN, IEO e IGME han mantenido que en las reuniones previas a la erupción advirtieron de que era inminente.
Al surgir la polémica por este asunto, algunos se han retractado de una manera muy extraña de esas declaraciones, pero otros no.
Esas contradicciones y rectificaciones resultan, para esta asociación, «altamente sospechosas para los damnificados, por lo que reclaman conocer las grabaciones para salir de dudas y dirimir posibles responsabilidades.
Y es que el protocolo del PEVOLCA estipula con total claridad que cuando una erupción es «inminente» el semáforo -o nivel de alerta- debe pasar a naranja y evacuarse a la población en riesgo, cosa que no ocurrió, lo que expuso a los afectados a un grave peligro para sus vidas.
También, según llama la atención Tierra Bonita, tanto el director técnico de esa emergencia, Miguel Ángel Morcuende, como la entonces responsable de vigilancia volcánica del IGN, Carmen López, y el vulcanólogo del INVOLCAN Luca D’Auria, han reconocido que el comité científico conocía la zona donde podría ocurrir la erupción, información que nunca fue comunicada a la población en riesgo para su autoprotección.
En barrios como El Paraíso, y otros núcleos próximos al lugar de la erupción, sus habitantes tuvieron que salir huyendo en estado de shock, dejando atrás, para siempre, documentación, enseres, animales y recuerdos de toda una vida.
