PLANETA CANARIO
La presidenta de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife, Mercedes Pérez Schwartz, ha pedido a las administraciones públicas que den cumplimiento a las leyes de memoria histórica y democrática tras conocerse el informe desfavorable de la Comisión de Patrimonio Cultural de Canarias a la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) del denominado Monumento al Ángel o Monumento a Franco, situado en Santa Cruz de Tenerife.
Para la asociación, la decisión del Gobierno de Canarias de no dar paso a su declaración como BIC «supone un paso importante, que evitará una anómala protección patrimonial por vía judicial, que sea utilizada para eludir la aplicación de la legislación vigente».
Recuerda que el Catálogo de símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas existentes en el ámbito territorial de Canarias, elaborado en 2021 por un equipo de la Universidad de La Laguna, deja claro que el monumento a Franco “constituye un reconocimiento de la actuación durante el golpe de Estado, así como un recordatorio y exaltación de dichos hechos, y en particular, la participación en la vida pública en actividades de propaganda y apoyo al régimen franquista.
Por tanto, la asociación insiste en que «se debe contemplar su retirada, así como las de las placas, en aplicación de la Ley 52/2007 al contravenir los artículos 1.1 y 1.2, y corresponder a lo previsto en el 3.º y al 15.1, ya que el nombre de la vía constituye una «exaltación [en este caso personal], de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura».
Asimismo, en cuanto a la denominación es de aplicación lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Ley canaria 5/2018.

Pérez Schwartz explica que la propia documentación histórica de la época de su inauguración, en 1966, lo presentaba expresamente como un homenaje al dictador y a su salida desde Canarias para encabezar el golpe militar que desembocó en la Guerra Civil y la posterior dictadura.
La asociación considera además que la declaración como BIC «resultaba incompatible con el marco legal vigente, pues tanto la Ley de Memoria Histórica de Canarias como la Ley estatal de Memoria Democrática establecen la obligación de retirar de los espacios públicos aquellos elementos que supongan exaltación de la sublevación militar, la Guerra Civil o la dictadura franquista».
Asimismo, las alegaciones presentadas cuestionaban que la escultura reuniera los requisitos de singularidad exigidos para la máxima figura de protección patrimonial (BIC).

Según este colectivo, «diversos estudios académicos y artísticos muestran queJuan de Ávalos recurrió de forma reiterada a la misma iconografía en otros monumentos vinculados a la propaganda franquista, reproduciendo modelos estéticos ya utilizados en el Valle de los Caídos, el Alcázar de Toledo o el denominado Ángel de la Victoria de Valdepeñas, por lo quela obra carece de los valores de excepcionalidad y carácter único que justifican una declaración como Bien de Interés Cultural».
Igualmente, Pérez Schwartz considera que la conservación de este monumento en el espacio público «supone una ofensa para las víctimas de la represión franquista y para sus familiares».
La asociación confía en que, tras el informe desfavorable a la declaración BIC, se acelere el proceso para retirar este conjunto escultórico. En este sentido, señala «la incoherencia que supone que en el siglo XXI, entidades que defienden la dictadura y el mantenimiento de estas violaciones de la Ley de Memoria, tengan capacidad económica para pagar costosos procesos judiciales, mientras las asociaciones de memoria solo tengamos el voluntariado y un escaso apoyo económico institucional”.






















































