PLANETA CANARIO
Representantes de la asociación Solidaridad Venezuela se han reunido con el portavoz de Asuntos Exteriores del Grupo Socialista en el Congreso y secretario federal de Política Internacional del PSOE, el tinerfeño Héctor Gómez, y con el ex presidente Felipe González, a quienes hicieron entrega de un dossier con el diagnóstico de la situación de los inmigrantes venezolanos en Canarias y en España.
Entre los temas planteados, «el más relevante y transversal» es la regularización del estatus migratorio, residencia y permiso de trabajo, incluyendo la solicitud asilo y protección internacional. Este colectivo se queja de que la encargada de este último trámite en Canarias, la Policía Nacional, está «desbordada» y las citas las da para el mes de junio de 2021.
«En ese transcurso de tiempo, el inmigrante y su familia se encuentran en una situación de absoluta exclusión económica y social, sin permiso de trabajo, condenados a la política asistencialista de ONG’s como Cáritas, Cruz Roja y otras, así como del Gobierno de Canarias y algunos ayuntamientos, que ya resultan insuficientes ante la gran cantidad de personas necesitadas», afirman en un comunicado los representantes de esta asociación, Marcela Maspero y Erick Zuleta, presidenta y directivo, respectivamente.
Advierten de que este retraso burocrático está haciendo crecer «una economía sumergida que somete a los trabajadores a la esclavitud, extorsión, con ausencia de derechos, para obtener recursos para sobrevivir, con la violación en el cumplimiento de patronos y trabajadores en las obligaciones con el IRPF, la Seguridad Social y otras correspondientes»

Asevera este colectivo venezolano en España, «la Administración ha creado una nueva figura para aquellos a quienes se les niega el asilo: la residencia temporal por ayuda humanitaria, que se tramita ante Extranjería, y cuya notificación no se hace a los interesados al momento de emitirse, sino que es informada al momento de la cita consecutiva de renovación de la llamada tarjeta roja, la cual es retenida, dejando en el limbo jurídico a los inmigrantes, que ahora se encuentran nuevamente indocumentados hasta la nueva cita, han perdido hasta los empleos logrados con esfuerzo».
Solidaridad Venezuela afirma conocer caso de bebés nacidos en Canarias, «que en este momento son considerados apátridas, ya que la Administración española no tramita su registro de nacimiento y el respectivo Consulado de Venezuela es terreno prohibido para quienes tramitan solicitud de asilo». Este hecho lo considera «violatorio a todas las normas, tratados internacionales de Derechos Humanos y debe ser corregido de inmediato».
El informe también toca otros temas como el acceso a la educación y reconocimiento de títulos, la atención sanitaria y la restricción del envío de medicamentos por particulares desde Canarias a Venezuela, que se mantiene hace más de seis meses, el empleo y la formación profesional. En cada uno de los puntos señalados se hacen propuestas para buscar la solución con las instituciones correspondientes, señala Máspero.

“Hemos solicitado entrevistas con el ministro del Trabajo, quien señaló recientemente que España necesitara entre 8 y 9 millones de trabajadores en las próximas tres décadas para mantener el nivel de su mercado laboral; pues aquí estamos los venezolanos deseosos de trabajar y de aportar al desarrollo del país, así como millones de españoles levantaron nuestro país, al que llegaron sin ningún tipo de restricción para vivir y trabajar”, afirman los directivos de la asociación.
Máspero se lamenta de que «Venezuela está en el tapete de la opinión pública española hace semanas y se ha convertido en instrumento para la diatriba política interna en España, pero el problema que tenemos los venezolanos acá es social, económico, humanitario, tema que ninguno de los sectores en pugna menciona o resuelve”






















































