PLANETA CANARIO
La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha archivado la investigación abierta por supuestas prevaricación y malversación en la contratación, por el Ayuntamiento chicharrero, de Juan Luis Guerra y del grupo Orishas en el Carnaval 2019.
En un decreto firmado por la exdelegada de Anticorrupción María Farnés, ahora fiscal jefa provincial, y adelantado por El Día, se concluye que «los hechos denunciados son de imposible identificación y averiguación».
Aunque Farnés da carpetazo al asunto en vía penal porque «no consta que los miembros del órgano de contratación tuvieran conocimiento de todas las irregularidades», coincide con el funcionario municipal que investigó este asunto en el Ayuntamiento santacrucero al apreciar tres posibles motivos para anular el expediente, mediante el que se pagó más de medio millón de euros.
«Aun siendo evidente que se han producido numerosas irregularidades en la contratación efectuada, y que se ponen de relieve en el expediente administrativo, lo cierto es que no es lo mismo la infracción de normas administrativas que la infracción penal derivada de la comisión de un delito de prevaricación, que requiere el elemento de arbitrariedad junto a la injusticia de la resolución», subraya la fiscal en su decreto, según destaca Mírame TV, que ha tenido acceso al documento.
La fiscal viene a considerar que el asunto tenía que haber derivado a la jurisdicción contencioso-administrativa y no a la penal, ya que esta «no puede convertirse en una suerte de jurisdicción de control de la actividad administrativa de los servicios públicos».
También recuerda Farnés que «en el caso de que se incurra en vicios que puedan determinar la nulidad de los actos preparatorios o de adjudicación de un contrato, como en este expediente, se siga el proceso de revisión de oficio».
El asunto fue denunciando ante la Fiscalía por el grupo municipal de Unidas Podemos y la investigación interna en el Ayuntamiento abierta por la anterior alcaldesa, Patricia Hernández (PSOE), sobre hechos y trámites que tuvieron lugar en 2019, cuando CC estaba al frente del área de Fiestas.
Las irregularidades que vician de posible nulidad el expediente tienen que ver con que el intermediario con el que se contrató a los artistas no acreditó tener la exclusividad, ni la capacidad económica para prestar este servicio y además se le abonaron los primeros 250.000 euros sin presentar las facturas acreditativas del gasto.
CC-PNC cree que la fiscal “desmonta las tesis de PSOE y UP» sobre las ilegalidades
El portavoz del grupo municipal CC-PNC, Juan José Martínez, afirma en un comunicado que “es una excelente noticia» y subraya que la contratación de marras «había obtenido el visto bueno de todos los estamentos administrativos municipales (incluida la Intervención municipal)».
De esta manera, CC-PNC argumenta que un año después, “no se ha determinado delito alguno, por tanto, y no se han determinado responsabilidades por aquellos supuestos hechos que, un año después (repetimos) han causado un daño personal de difícil reparación y, además, que han ido en detrimento de la imagen del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, el símbolo que mejor representa a nuestra ciudad en todo el planeta”.
El concejal nacionalista acusa al PSOE de, cuando gobernaba, «ocultar información al resto de los grupos políticos con un evidente intento de tergiversar el mensaje que llegaba a la opinión pública al respecto”
El edil de CC obvia las irregularidades administrativas constatadas y señala que» al final, lo que queda claro es que lo que hubo fue un esfuerzo por tratar de desacreditar a la que era en aquel entonces oposición».
El PSOE pide a CC que asuma que el expediente «está plagado de irregularidades»
El grupo municipal del PSOE en Santa Cruz pidió al alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez (CC), «que tenga un poco de vergüenza y asuma que el expediente de contratación de Juan Luis Guerra está plagado de irregularidades y que fue una chapuza por la que tendrán que seguir dando explicaciones» .
El PSOE destacó que el escrito de la Fiscalía es “durísimo” y dice literalmente que “es evidente que se produjeron numerosas irregularidades en la contratación efectuada» o que el expediente incurre en «vicio determinante de nulidad de pleno derecho» al haberse omitido trámites “esenciales en el procedimiento”.
Asimismo, el PSOE exige en un comunicado al alcalde que se continúe el expediente de revisión de oficio que inició el equipo de gobierno anterior, tras la denuncia en Fiscalía de Unidas Podemos. “Ese expediente de revisión debería concluido o a punto de concluir y valdrá para que se le devuelva al Ayuntamiento más de 250.000 euros, la mitad de lo que se pagó, y que nunca debieron ser pagados puesto que no se entregaron las facturas ni en ese momento ni en ningún otro”, expresó el portavoz socialista, José Ángel Martín.
Para el PSOE, otra de las claves del auto de María Farnés es que los hechos denunciados son “de imposible identificación y averiguación”, lo que no quiere decir en ningún caso, como asegura el alcalde, que “todo se ha hecho bien y conforme a derecho”.
El PSOE también ha pedido a Bermúdez más respeto para los trabajadores públicos del Ayuntamiento santacrucero después de que el alcalde afirmase que “en casi todos los expedientes se cometen errores”, pese a lo que se ha producido, según fiscalía, son irregularidades.
“Su actitud de hostilidad constante a los trabajadores públicos, ya sean los administrativos, la policía local o muchos otros colectivos de servidores públicos es para hacérsela mirar. No puede ser que los use de escudo para tapar las irregularidades de su gestión”, apuntó Martín.
Unidas Podemos afirma que la Fiscalía «da un varapalo a Bermúdez» porque constata las irregularidades
Ramón Trujillo, portavoz municipal de Unidas Podemos (Izquierda Unida, Podemos, Equo) en Santa Cruz de Tenerife, afirma que, si bien la Fiscalía no ha encontrado relevancia penal en el caso, «sí ha reconocido graves irregularidades en el expediente» .
«La Fiscalía arecia claramente la mala gestión de Bermúdez. Sin embargo, sorprendentemente, el alcalde se ha limitado a celebrar que el pronunciamiento no fuera aún peor», apostilla el edil de la oposición.
Trujillo interpreta que la Fiscalía «le da un duro varapalo a la gestión del expediente del concierto, señalando nada menos que tres posibles supuestos de nulidad de pleno derecho en su tramitación, un posible vicio de anulabilidad y algún otro incumplimiento más; es decir, los hechos muestran una grave vulneración de los mecanismos garantistas que la ley prescribe para asegurar el buen uso de los fondos públicos».
Por lo tanto, para Trujillo, el pronunciamiento de la Fiscalía «confirma la gestión pésima y claramente opaca que se llevó a cabo en su día» .
«Si la Fiscalía y la propia investigación interna del Ayuntamiento hubieran descartado toda posible ilegalidad, evidenciado la existencia de un procedimiento legalmente impecable, transparente y capaz de acreditar el destino de los fondos, en tal caso, se podría haber hablado de la denuncia sin fundamento de la que se queja Bermúdez para victimizarse; pero hoy lo que carece de fundamento es pretender que no sea legítimo pedir que la Fiscalía investigue un procedimiento con deficiencias tan graves», razona el líder de Unidas Podemos en Santa Cruz.
Por último, Unidas Podemos, lamenta en un comunicado que la Fiscalía «no rastreara el destino de los fondos de los que no se aportaron facturas porque esa era la cuestión fundamental».
En cualquier caso, esta alianza de izquierdas confía en que su denuncia y la exigencia de responsabilidades en vía administrativa «sirvan para que, en el futuro, no se vuelvan a tramitar expedientes de forma tan deficiente y opaca como en el caso Juan Luis Guerra» .
