PLANETA CANARIO
El Gobierno de Canarias ha decidido renunciar a recurrir ante el Tribunal Supremo el auto del Tribunal de Justicia de Canarias (TSJC) que ha denegado la continuidad del toque de queda en Canarias para combatir la covid-19.
Así lo ha anunciado este martes, 11 de mayo, en declaraciones al programa Canarias a las Seis, de la emisora Canarias Radio La Autonómica, el vicepresidente del Ejecutivo, Román Rodríguez, quien lo ha expresado con claridad: «Renunciamos a esa medida porque en todos los últimos casos en otras regiones ha decaído y sabemos que en el Supremo va a haber un no rotundo».
El también consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos ha confirmado además que los servicios jurídicos sí están preparando un recurso ante el Supremo para defender que se pueda mantener el cierre perimetral de las islas cuando estén en nivel de alerta epidemiológica 3 y 4, es decir, permitir la entrada y salida por razones justificadas.
En ese nivel no hay ahora ninguna isla, ya que cuatro están en nivel 2 (Tenerife, Lanzarote, El Hierro y Gran Canaria), y el resto en nivel 1.
Así pues, la limitación de la libre circulación por las noches en Canaria no volverá a aplicarse en Canarias, al menos por decisión del Ejecutivo regional, después de seis meses en que ha estado vigente, a lo que se une a los menes de confinamiento decretados por el Gobierno estatal.
No obstante, el auto del TSJC dictado el pasado domingo 9 de mayo, en el que se pronunciaba sobre las medidas adoptadas por el Gobierno canario tras el fin del estado de alarma, sí autoriza que continúe la limitación del número de personas no convivientes que puede reunirse en espacios públicos o privados, cerrados o al aire libre.
En la actualidad, en las islas con nivel 2 son 6 personas y 10 en las que tiene nivel 1.
Tras dictarse el auto, el Gobierno canario interpretó que el toque de queda seguía vigente, pero al día siguiente se vio obligado a pedir una aclaración a la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC, que ese día emitió un nuevo auto dejando claro que su decisión era vinculante para el Ejecutivo, y que debía, por tanto, suspender esta medida, a la espera de lo que decidiera el Supremo.
