PLANETA CANARIO
Personal laboral temporal o funcionario interino de la Comunidad Autónoma ha reanuado estos días sus actos de protesta contra la oferta pública de empleo (OPE) para reducir la temporalidad de su plantilla que les obligaría a opositar y podrían perder su puesto tras muchos años en su puesto de trabajo. Solo en la Administración autonómica hay 26.000 personas afectadas, de las que 20.000 son mujeres.
Este colectivo protagonizó en días pasados sendas concentraciones ante las sedes de Presidencia del Gobierno canario en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, unas movilizaciones condicionadas por la pandemia del Covid-19.
Esta semana también ha comparecido en una comisión del Parlamento de Canarias el portavoz de la La Plataforma de Empleados Públicos en Fraude de Ley de Canarias (Prefalca), Miguel Quintero, quien ha insistido en que la Cámara autonómica «tiene competencias para legislar en situaciones excepcionales y así lo han manifestado especialistas de reconocido prestigio, sí es posible regular a través de una vía extraordinaria». A su juicio, la salida «puede ser sencilla» si se aplica «creatividad jurídica» y se tiene en cuenta la doctrina comunitaria.
La clave de la controversia estriba en que mientras el Gobierno canario quiere convocar oposiciones libres, los empleados públicos afectados afirman que esta fórmula puede dejar en la calle a personas que llevan muchos años ocupando su puesto de trabajo en la Administración, entre11 y 18 años y con edades entre 50 y 56 años.
Según subrayó Quintero, «la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE estableció es que los acuerdos de 2017 no eran la fórmula adecuada para resolver el problema ni por supuesto para sancionar a la Administración, dejando en manos de los tribunales españoles la forma de hacerlo, caso por caso, en tanto no hubiera una norma reformada que resolviera el problema».
«El Tribunal Europeo dictaminaba en su sentencia de marzo que la Administración Pública española debía ser sancionada, pero lo que hace ésta es sancionar al trabajador afectado, cuyo derecho a la estabilidad ha sido completamente atropellado durante décadas», añadió el portavoz del colectivo.
Las personas afectadas prevén que la fórmula de una OPE «llevará al conflicto social y una gran litigiosidad, lo que cronificará el problema a largo plazo, producirá desamparo por despido a quienes no superen el nuevo proceso selectivo y un gasto público innecesario».
Los diputados de los grupos parlamentarios se han mostrado de acuerdo en que la elevada temporalidad en la Administración es inaceptable y han expresado su voluntad política de tratar de hallar soluciones, pero también han coincidido en que la solución jurídica es compleja y que pasa por cambios en la legislación estatal de acceso al empleo público.
Sin embargo, Quintero les ha instado a informarse más, a atender a «sesudos informes jurídicos» de prestigiosos juristas que avalan la competencia del Parlamento de Canarias para adoptar normas excepcionales en la legislación autonómica y a buscar la manera de resolver la situación «en esta Cámara y en este momento». Esas fórmulas se están explorando en los parlamentos de Cataluña, País Vasco y Andalucía, y por tanto también se pueden abordar en Canarias, les dijo.La Plataforma considera que cualquier oferta de empleo público abierta no garantiza que estos empleados pasen a ser fijos como les corresponde, sino que «un porcentaje significativo de ellos serán despedidos», y por eso ha exigido que se paralicen todas las OPE mientras no se les garantice una vía de acceso restringida.
«Cualquier solución pasa por reconocer la primacía del derecho comunitario» que establece la obligación de reparación a las administraciones «abusadoras», y «la libre concurrencia no garantiza la reparación del abuso sobre la víctima, sino que se arriesga a su despido libre y gratuito», afirmó.La sentencia del Tribunal Europeo no determina cómo se debe proceder a la compensación a los afectados, pero hay dos opciones: el reconocimiento de la fijeza en un proceso excepcional «a coste cero» o una «indemnización disuasoria que requeriría un gasto público absurdo», agregó.
«Persistir en la política del Gobierno de Canarias» basada en ofertas de empleo público abiertas es «ilegítimo, lesivo, caro, ineficiente y absurdo», afirmó, además de que «al final el cauce jurisdiccional se agotará en Europa y la doctrina europea ya la sabemos».
PLANETA CANARIO
Personal laboral temporal o funcionario interino de la Comunidad Autónoma ha reanuado estos días sus actos de protesta contra la oferta pública de empleo (OPE) para reducir la temporalidad de su plantilla que les obligaría a opositar y podrían perder su puesto tras muchos años en su puesto de trabajo. Solo en la Administración autonómica hay 26.000 personas afectadas, de las que 20.000 son mujeres.
Este colectivo protagonizó en días pasados sendas concentraciones ante las sedes de Presidencia del Gobierno canario en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, unas movilizaciones condicionadas por la pandemia del Covid-19.
Esta semana también ha comparecido en una comisión del Parlamento de Canarias el portavoz de la La Plataforma de Empleados Públicos en Fraude de Ley de Canarias (Prefalca), Miguel Quintero, quien ha insistido en que la Cámara autonómica «tiene competencias para legislar en situaciones excepcionales y así lo han manifestado especialistas de reconocido prestigio, sí es posible regular a través de una vía extraordinaria». A su juicio, la salida «puede ser sencilla» si se aplica «creatividad jurídica» y se tiene en cuenta la doctrina comunitaria.
La clave de la controversia estriba en que mientras el Gobierno canario quiere convocar oposiciones libres, los empleados públicos afectados afirman que esta fórmula puede dejar en la calle a personas que llevan muchos años ocupando su puesto de trabajo en la Administración, entre11 y 18 años y con edades entre 50 y 56 años.
Según subrayó Quintero, «la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE estableció es que los acuerdos de 2017 no eran la fórmula adecuada para resolver el problema ni por supuesto para sancionar a la Administración, dejando en manos de los tribunales españoles la forma de hacerlo, caso por caso, en tanto no hubiera una norma reformada que resolviera el problema».
«El Tribunal Europeo dictaminaba en su sentencia de marzo que la Administración Pública española debía ser sancionada, pero lo que hace ésta es sancionar al trabajador afectado, cuyo derecho a la estabilidad ha sido completamente atropellado durante décadas», añadió el portavoz del colectivo.
Las personas afectadas prevén que la fórmula de una OPE «llevará al conflicto social y una gran litigiosidad, lo que cronificará el problema a largo plazo, producirá desamparo por despido a quienes no superen el nuevo proceso selectivo y un gasto público innecesario».
Los diputados de los grupos parlamentarios se han mostrado de acuerdo en que la elevada temporalidad en la Administración es inaceptable y han expresado su voluntad política de tratar de hallar soluciones, pero también han coincidido en que la solución jurídica es compleja y que pasa por cambios en la legislación estatal de acceso al empleo público.
Sin embargo, Quintero les ha instado a informarse más, a atender a «sesudos informes jurídicos» de prestigiosos juristas que avalan la competencia del Parlamento de Canarias para adoptar normas excepcionales en la legislación autonómica y a buscar la manera de resolver la situación «en esta Cámara y en este momento». Esas fórmulas se están explorando en los parlamentos de Cataluña, País Vasco y Andalucía, y por tanto también se pueden abordar en Canarias, les dijo.La Plataforma considera que cualquier oferta de empleo público abierta no garantiza que estos empleados pasen a ser fijos como les corresponde, sino que «un porcentaje significativo de ellos serán despedidos», y por eso ha exigido que se paralicen todas las OPE mientras no se les garantice una vía de acceso restringida.
«Cualquier solución pasa por reconocer la primacía del derecho comunitario» que establece la obligación de reparación a las administraciones «abusadoras», y «la libre concurrencia no garantiza la reparación del abuso sobre la víctima, sino que se arriesga a su despido libre y gratuito», afirmó.La sentencia del Tribunal Europeo no determina cómo se debe proceder a la compensación a los afectados, pero hay dos opciones: el reconocimiento de la fijeza en un proceso excepcional «a coste cero» o una «indemnización disuasoria que requeriría un gasto público absurdo», agregó.
«Persistir en la política del Gobierno de Canarias» basada en ofertas de empleo público abiertas es «ilegítimo, lesivo, caro, ineficiente y absurdo», afirmó, además de que «al final el cauce jurisdiccional se agotará en Europa y la doctrina europea ya la sabemos».
PLANETA CANARIO
Personal laboral temporal o funcionario interino de la Comunidad Autónoma ha reanuado estos días sus actos de protesta contra la oferta pública de empleo (OPE) para reducir la temporalidad de su plantilla que les obligaría a opositar y podrían perder su puesto tras muchos años en su puesto de trabajo. Solo en la Administración autonómica hay 26.000 personas afectadas, de las que 20.000 son mujeres.
Este colectivo protagonizó en días pasados sendas concentraciones ante las sedes de Presidencia del Gobierno canario en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, unas movilizaciones condicionadas por la pandemia del Covid-19.
Esta semana también ha comparecido en una comisión del Parlamento de Canarias el portavoz de la La Plataforma de Empleados Públicos en Fraude de Ley de Canarias (Prefalca), Miguel Quintero, quien ha insistido en que la Cámara autonómica «tiene competencias para legislar en situaciones excepcionales y así lo han manifestado especialistas de reconocido prestigio, sí es posible regular a través de una vía extraordinaria». A su juicio, la salida «puede ser sencilla» si se aplica «creatividad jurídica» y se tiene en cuenta la doctrina comunitaria.
La clave de la controversia estriba en que mientras el Gobierno canario quiere convocar oposiciones libres, los empleados públicos afectados afirman que esta fórmula puede dejar en la calle a personas que llevan muchos años ocupando su puesto de trabajo en la Administración, entre11 y 18 años y con edades entre 50 y 56 años.
Según subrayó Quintero, «la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE estableció es que los acuerdos de 2017 no eran la fórmula adecuada para resolver el problema ni por supuesto para sancionar a la Administración, dejando en manos de los tribunales españoles la forma de hacerlo, caso por caso, en tanto no hubiera una norma reformada que resolviera el problema».
«El Tribunal Europeo dictaminaba en su sentencia de marzo que la Administración Pública española debía ser sancionada, pero lo que hace ésta es sancionar al trabajador afectado, cuyo derecho a la estabilidad ha sido completamente atropellado durante décadas», añadió el portavoz del colectivo.
Las personas afectadas prevén que la fórmula de una OPE «llevará al conflicto social y una gran litigiosidad, lo que cronificará el problema a largo plazo, producirá desamparo por despido a quienes no superen el nuevo proceso selectivo y un gasto público innecesario».
Los diputados de los grupos parlamentarios se han mostrado de acuerdo en que la elevada temporalidad en la Administración es inaceptable y han expresado su voluntad política de tratar de hallar soluciones, pero también han coincidido en que la solución jurídica es compleja y que pasa por cambios en la legislación estatal de acceso al empleo público.
Sin embargo, Quintero les ha instado a informarse más, a atender a «sesudos informes jurídicos» de prestigiosos juristas que avalan la competencia del Parlamento de Canarias para adoptar normas excepcionales en la legislación autonómica y a buscar la manera de resolver la situación «en esta Cámara y en este momento». Esas fórmulas se están explorando en los parlamentos de Cataluña, País Vasco y Andalucía, y por tanto también se pueden abordar en Canarias, les dijo.La Plataforma considera que cualquier oferta de empleo público abierta no garantiza que estos empleados pasen a ser fijos como les corresponde, sino que «un porcentaje significativo de ellos serán despedidos», y por eso ha exigido que se paralicen todas las OPE mientras no se les garantice una vía de acceso restringida.
«Cualquier solución pasa por reconocer la primacía del derecho comunitario» que establece la obligación de reparación a las administraciones «abusadoras», y «la libre concurrencia no garantiza la reparación del abuso sobre la víctima, sino que se arriesga a su despido libre y gratuito», afirmó.La sentencia del Tribunal Europeo no determina cómo se debe proceder a la compensación a los afectados, pero hay dos opciones: el reconocimiento de la fijeza en un proceso excepcional «a coste cero» o una «indemnización disuasoria que requeriría un gasto público absurdo», agregó.
«Persistir en la política del Gobierno de Canarias» basada en ofertas de empleo público abiertas es «ilegítimo, lesivo, caro, ineficiente y absurdo», afirmó, además de que «al final el cauce jurisdiccional se agotará en Europa y la doctrina europea ya la sabemos».
PLANETA CANARIO
Personal laboral temporal o funcionario interino de la Comunidad Autónoma ha reanuado estos días sus actos de protesta contra la oferta pública de empleo (OPE) para reducir la temporalidad de su plantilla que les obligaría a opositar y podrían perder su puesto tras muchos años en su puesto de trabajo. Solo en la Administración autonómica hay 26.000 personas afectadas, de las que 20.000 son mujeres.
Este colectivo protagonizó en días pasados sendas concentraciones ante las sedes de Presidencia del Gobierno canario en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, unas movilizaciones condicionadas por la pandemia del Covid-19.
Esta semana también ha comparecido en una comisión del Parlamento de Canarias el portavoz de la La Plataforma de Empleados Públicos en Fraude de Ley de Canarias (Prefalca), Miguel Quintero, quien ha insistido en que la Cámara autonómica «tiene competencias para legislar en situaciones excepcionales y así lo han manifestado especialistas de reconocido prestigio, sí es posible regular a través de una vía extraordinaria». A su juicio, la salida «puede ser sencilla» si se aplica «creatividad jurídica» y se tiene en cuenta la doctrina comunitaria.
La clave de la controversia estriba en que mientras el Gobierno canario quiere convocar oposiciones libres, los empleados públicos afectados afirman que esta fórmula puede dejar en la calle a personas que llevan muchos años ocupando su puesto de trabajo en la Administración, entre11 y 18 años y con edades entre 50 y 56 años.
Según subrayó Quintero, «la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE estableció es que los acuerdos de 2017 no eran la fórmula adecuada para resolver el problema ni por supuesto para sancionar a la Administración, dejando en manos de los tribunales españoles la forma de hacerlo, caso por caso, en tanto no hubiera una norma reformada que resolviera el problema».
«El Tribunal Europeo dictaminaba en su sentencia de marzo que la Administración Pública española debía ser sancionada, pero lo que hace ésta es sancionar al trabajador afectado, cuyo derecho a la estabilidad ha sido completamente atropellado durante décadas», añadió el portavoz del colectivo.
Las personas afectadas prevén que la fórmula de una OPE «llevará al conflicto social y una gran litigiosidad, lo que cronificará el problema a largo plazo, producirá desamparo por despido a quienes no superen el nuevo proceso selectivo y un gasto público innecesario».
Los diputados de los grupos parlamentarios se han mostrado de acuerdo en que la elevada temporalidad en la Administración es inaceptable y han expresado su voluntad política de tratar de hallar soluciones, pero también han coincidido en que la solución jurídica es compleja y que pasa por cambios en la legislación estatal de acceso al empleo público.
Sin embargo, Quintero les ha instado a informarse más, a atender a «sesudos informes jurídicos» de prestigiosos juristas que avalan la competencia del Parlamento de Canarias para adoptar normas excepcionales en la legislación autonómica y a buscar la manera de resolver la situación «en esta Cámara y en este momento». Esas fórmulas se están explorando en los parlamentos de Cataluña, País Vasco y Andalucía, y por tanto también se pueden abordar en Canarias, les dijo.La Plataforma considera que cualquier oferta de empleo público abierta no garantiza que estos empleados pasen a ser fijos como les corresponde, sino que «un porcentaje significativo de ellos serán despedidos», y por eso ha exigido que se paralicen todas las OPE mientras no se les garantice una vía de acceso restringida.
«Cualquier solución pasa por reconocer la primacía del derecho comunitario» que establece la obligación de reparación a las administraciones «abusadoras», y «la libre concurrencia no garantiza la reparación del abuso sobre la víctima, sino que se arriesga a su despido libre y gratuito», afirmó.La sentencia del Tribunal Europeo no determina cómo se debe proceder a la compensación a los afectados, pero hay dos opciones: el reconocimiento de la fijeza en un proceso excepcional «a coste cero» o una «indemnización disuasoria que requeriría un gasto público absurdo», agregó.
«Persistir en la política del Gobierno de Canarias» basada en ofertas de empleo público abiertas es «ilegítimo, lesivo, caro, ineficiente y absurdo», afirmó, además de que «al final el cauce jurisdiccional se agotará en Europa y la doctrina europea ya la sabemos».
