PLANETA CANARIO
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional ha dictado una sentencia que estima el recurso de amparo promovido por María Teresita Laborda Sanz, enfermera residente en Tenerife, que le da la razón en su derecho a formar parte de la Esclavitud del Cristo de La Laguna, asociación religiosa que no admite como miembros a mujeres.
El Constitucional tumba así la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 2021, y declara que ha sido vulnerado su derecho a la no discriminación por razón de género (artículo 14 de la Constitución Española) y su derecho de asociación (art. 22 ), por no permitirle acceder a la asociación religiosa, por el solo hecho de ser mujer.
La recurrente había solicitado incorporarse a la Pontificia, Real y Venerable Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna, entidad religiosa que se constituyó en el siglo XVII como una asociación de “caballeros”, perco el artículo 1 de sus estatutos dicha condición.
Laborda Sanz recurrió a la vía judicial y tanto el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Santa Cruz de Tenerife como la Audiencia Provincial dictaron sendas sentencias en las que reconocieron su derecho de incorporarse a la asociación religiosa.
Sin embargo, el Tribunal Supremo, en la sentencia recurrida en amparo, consideró que no se vulneraba el derecho de la recurrente a la no discriminación por razón de género, ni su derecho de asociación, porque siendo religiosos los fines de la Esclavitud, esta no ostentaba una posición de dominio en los ámbitos económico, profesional o laboral, por lo que ningún perjuicio se le podía ocasionar a la recurrente, que podía crear una nueva asociación religiosa con los mismos fines.
El Tribunal Constitucional considera que la resolución del Tribunal Supremo es contraria al derecho a la no discriminación por razón de género y al derecho de asociación .
La sentencia, de la que ha informado el Constitucional en un comunicado, comienza explicando que la exclusión de las mujeres en la Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna no puede venir amparada por la autonomía religiosa de dicha asociación, en la medida en que la prohibición de las mujeres de formar parte de leste colectivo no obedece a ninguna razón de índole religiosa o moral.
De este modo, no estando en cuestión las exigencias de la libertad religiosa y del principio de neutralidad religiosa que derivan del artículo 16 de la Constitución, recuerda que, si bien una asociación privada ostenta el derecho a elegir libremente a quien asocia (artículo 22), esta facultad no puede suponer una discriminación por razón de género cuando la asociación ostente una posición “privilegiada” o “dominante” en el campo económico, cultural, social o profesional, de manera que la no pertenencia a dicha asociación suponga un quebranto objetivo de los intereses de las mujeres en dichos ámbitos.
La sentencia aprecia que esto es lo que ocurre en el supuesto de la Esclavitud del Cristo, porque si bien las actividades que realiza, y de las que se excluye a la recurrente, son actos de culto religioso y ajenos a toda connotación económica, profesional o laboral, ello no excluye que estos actos puedan tener también una proyección social o cultural, dado que la cultura y la religión, siendo elementos distintos, no son compartimentos estancos, y un gran número de manifestaciones religiosas en España forman parte de la historia y cultura social de nuestro país.
En consecuencia, atendiendo al factor cultural, social e histórico de los actos de culto que realiza la Esclavitud, cuya finalidad es promover el incremento de la devoción y culto a al Cristo de La Laguna, una imagen católica que data de finales del siglo XVI, y que constituye una de las más veneradas en Tenerife, la Sala Segunda concluye que la demandante no tiene posibilidad de ejercer esa misma actividad de culto de dicha Imagen en otra hermandad o cofradía del municipio.
Por lo tanto, la imposibilidad de la recurrente de ingresar en la Esclavitud por el simple hecho de ser mujer constituye una discriminación por razón de género que tampoco puede quedar amparada por la libertad de autoorganización de la asociación (artículo 22 CE).
El magistrado ponente de la sentencia es César Tolosa Tribiño. Han anunciado la presentación de un voto particular (discrepante) los magistrados Enrique Arnaldo Alcubilla y Ramón Sáez Valcárcel. También presentarán un voto concurrente las magistradas María Luisa Balaguer Callejón e Inmaculada Montalbán Huertas.
