Tractores a la calle. Nos queda lejísimos la convocatoria de aquellas manifestaciones de agricultores y ganaderos enfadados por la imposibilidad de vender sus productos a precios razonables. El miedo a la muerte lo eclipsa todo, por supuesto, y esta discusión quedó pendiente. El problema sigue ahí, ahora con agravantes. Aunque no a cero, las ventas de productos agrícolas han caído por el cierre de bares y restaurantes, el suspenso de la actividad turística y la contracción de la demanda por lógica prudencia del consumidor. El sector que antes se rebelaba y protestaba airadamente, ahora se muerde la lengua. La constante pérdida de renta agraria: reivindicación comprendida y compartida. Si hiciéramos una consulta popular gozaría del apoyo ciudadano por simpatía. Porque lo rural forma parte de nuestro acervo, nos es amable por su propia naturaleza, disfrutamos del paisaje cultivado, sinónimo de orden y riqueza ancestrales.
Renta. La mejora de la renta agraria no es asunto exclusivo de leyes. No hay legislación que pretenda intervenir en el mercado que no arme cierto estropicio aunque se promulgue cargada de buenas intenciones. El legislador se arriesga con la regulación de la cadena alimentaria que pretende que el contrato exista y que refleje los costes reales de producción -cuya concreción en la práctica presenta enormes dificultades técnicas- para que sirvan de base en la conformación del precio final al público. También prohíbe la “venta a pérdidas” y limita la utilización de promociones comerciales con productos frescos.
Condicionantes éticos. Sin tenerlos en cuenta los buenos propósitos no servirán de nada: imprescindible apelar al comportamiento responsable. Los productores que ofrezcan la máxima calidad y garanticen la seguridad alimentaria, la cadena de distribución que aplique el margen justo en cada eslabón, respete la trazabilidad y señale la procedencia y el consumidor que actúe cómo quiera con toda esa información… unos estaremos dispuestos a pagar más por algo bueno que no ha viajado por medio mundo y otros no; en ambos casos que podamos decidir con pleno conocimiento de causa.
Soberanía alimentaria. Un sector que en Canarias no llega al 1,6% del PIB, en estable retroceso. Una historia de monocultivos que nunca fueron suficiente para evitar la pobreza y la emigración. Y ahora, en el siglo XXI, sin renunciar a la exportación para equilibrar nuestra balanza comercial, entran en juego otras consideraciones. Hablamos del incremento del autoabastecimiento, vinculado a minimizar la importación de productos frescos, por lógica ambiental, social y económica. Procurar alimentos de proximidad y presumible alta calidad: tenemos 2,3 millones de residentes y número todavía indeterminado de turistas a los que dar de comer. Una iniciativa que creará riqueza y generará empleo.
AIEM. El debate está abierto respecto a la conveniencia de incluir determinados productos agrarios, ganaderos y pesqueros en este impuesto. Un arancel puro y duro que se aplica con la finalidad de encarecer lo que viene de fuera. A favor: con un coste mayor se reduce la diferencia de precio de venta, el producto local compite mejor e incrementa su producción, que es lo que se pretende. En contra: sube el precio de la cesta de la compra con graves implicaciones para las familias con menos recursos. Rompamos el círculo vicioso: somos pobres, no chuta la agricultura local porque no compite, no compite porque es más cara y necesitamos que funcione para salir de pobres. Lo veo claro, para avanzar en el autoabastecimiento establecer este arancel vendría de miedo. En un escenario de apuesta por la soberanía alimentaria, la subida de precios ocurrirá de cualquier manera al aplicar la ley de cadena alimentaria que evidenciará unos mayores costes de producción en las Islas. Tal cual.
PABLO ZURITA ESPINOSA,
ingeniero agrónomo
Tractores a la calle. Nos queda lejísimos la convocatoria de aquellas manifestaciones de agricultores y ganaderos enfadados por la imposibilidad de vender sus productos a precios razonables. El miedo a la muerte lo eclipsa todo, por supuesto, y esta discusión quedó pendiente. El problema sigue ahí, ahora con agravantes. Aunque no a cero, las ventas de productos agrícolas han caído por el cierre de bares y restaurantes, el suspenso de la actividad turística y la contracción de la demanda por lógica prudencia del consumidor. El sector que antes se rebelaba y protestaba airadamente, ahora se muerde la lengua. La constante pérdida de renta agraria: reivindicación comprendida y compartida. Si hiciéramos una consulta popular gozaría del apoyo ciudadano por simpatía. Porque lo rural forma parte de nuestro acervo, nos es amable por su propia naturaleza, disfrutamos del paisaje cultivado, sinónimo de orden y riqueza ancestrales.
Renta. La mejora de la renta agraria no es asunto exclusivo de leyes. No hay legislación que pretenda intervenir en el mercado que no arme cierto estropicio aunque se promulgue cargada de buenas intenciones. El legislador se arriesga con la regulación de la cadena alimentaria que pretende que el contrato exista y que refleje los costes reales de producción -cuya concreción en la práctica presenta enormes dificultades técnicas- para que sirvan de base en la conformación del precio final al público. También prohíbe la “venta a pérdidas” y limita la utilización de promociones comerciales con productos frescos.
Condicionantes éticos. Sin tenerlos en cuenta los buenos propósitos no servirán de nada: imprescindible apelar al comportamiento responsable. Los productores que ofrezcan la máxima calidad y garanticen la seguridad alimentaria, la cadena de distribución que aplique el margen justo en cada eslabón, respete la trazabilidad y señale la procedencia y el consumidor que actúe cómo quiera con toda esa información… unos estaremos dispuestos a pagar más por algo bueno que no ha viajado por medio mundo y otros no; en ambos casos que podamos decidir con pleno conocimiento de causa.
Soberanía alimentaria. Un sector que en Canarias no llega al 1,6% del PIB, en estable retroceso. Una historia de monocultivos que nunca fueron suficiente para evitar la pobreza y la emigración. Y ahora, en el siglo XXI, sin renunciar a la exportación para equilibrar nuestra balanza comercial, entran en juego otras consideraciones. Hablamos del incremento del autoabastecimiento, vinculado a minimizar la importación de productos frescos, por lógica ambiental, social y económica. Procurar alimentos de proximidad y presumible alta calidad: tenemos 2,3 millones de residentes y número todavía indeterminado de turistas a los que dar de comer. Una iniciativa que creará riqueza y generará empleo.
AIEM. El debate está abierto respecto a la conveniencia de incluir determinados productos agrarios, ganaderos y pesqueros en este impuesto. Un arancel puro y duro que se aplica con la finalidad de encarecer lo que viene de fuera. A favor: con un coste mayor se reduce la diferencia de precio de venta, el producto local compite mejor e incrementa su producción, que es lo que se pretende. En contra: sube el precio de la cesta de la compra con graves implicaciones para las familias con menos recursos. Rompamos el círculo vicioso: somos pobres, no chuta la agricultura local porque no compite, no compite porque es más cara y necesitamos que funcione para salir de pobres. Lo veo claro, para avanzar en el autoabastecimiento establecer este arancel vendría de miedo. En un escenario de apuesta por la soberanía alimentaria, la subida de precios ocurrirá de cualquier manera al aplicar la ley de cadena alimentaria que evidenciará unos mayores costes de producción en las Islas. Tal cual.
PABLO ZURITA ESPINOSA,
ingeniero agrónomo
Tractores a la calle. Nos queda lejísimos la convocatoria de aquellas manifestaciones de agricultores y ganaderos enfadados por la imposibilidad de vender sus productos a precios razonables. El miedo a la muerte lo eclipsa todo, por supuesto, y esta discusión quedó pendiente. El problema sigue ahí, ahora con agravantes. Aunque no a cero, las ventas de productos agrícolas han caído por el cierre de bares y restaurantes, el suspenso de la actividad turística y la contracción de la demanda por lógica prudencia del consumidor. El sector que antes se rebelaba y protestaba airadamente, ahora se muerde la lengua. La constante pérdida de renta agraria: reivindicación comprendida y compartida. Si hiciéramos una consulta popular gozaría del apoyo ciudadano por simpatía. Porque lo rural forma parte de nuestro acervo, nos es amable por su propia naturaleza, disfrutamos del paisaje cultivado, sinónimo de orden y riqueza ancestrales.
Renta. La mejora de la renta agraria no es asunto exclusivo de leyes. No hay legislación que pretenda intervenir en el mercado que no arme cierto estropicio aunque se promulgue cargada de buenas intenciones. El legislador se arriesga con la regulación de la cadena alimentaria que pretende que el contrato exista y que refleje los costes reales de producción -cuya concreción en la práctica presenta enormes dificultades técnicas- para que sirvan de base en la conformación del precio final al público. También prohíbe la “venta a pérdidas” y limita la utilización de promociones comerciales con productos frescos.
Condicionantes éticos. Sin tenerlos en cuenta los buenos propósitos no servirán de nada: imprescindible apelar al comportamiento responsable. Los productores que ofrezcan la máxima calidad y garanticen la seguridad alimentaria, la cadena de distribución que aplique el margen justo en cada eslabón, respete la trazabilidad y señale la procedencia y el consumidor que actúe cómo quiera con toda esa información… unos estaremos dispuestos a pagar más por algo bueno que no ha viajado por medio mundo y otros no; en ambos casos que podamos decidir con pleno conocimiento de causa.
Soberanía alimentaria. Un sector que en Canarias no llega al 1,6% del PIB, en estable retroceso. Una historia de monocultivos que nunca fueron suficiente para evitar la pobreza y la emigración. Y ahora, en el siglo XXI, sin renunciar a la exportación para equilibrar nuestra balanza comercial, entran en juego otras consideraciones. Hablamos del incremento del autoabastecimiento, vinculado a minimizar la importación de productos frescos, por lógica ambiental, social y económica. Procurar alimentos de proximidad y presumible alta calidad: tenemos 2,3 millones de residentes y número todavía indeterminado de turistas a los que dar de comer. Una iniciativa que creará riqueza y generará empleo.
AIEM. El debate está abierto respecto a la conveniencia de incluir determinados productos agrarios, ganaderos y pesqueros en este impuesto. Un arancel puro y duro que se aplica con la finalidad de encarecer lo que viene de fuera. A favor: con un coste mayor se reduce la diferencia de precio de venta, el producto local compite mejor e incrementa su producción, que es lo que se pretende. En contra: sube el precio de la cesta de la compra con graves implicaciones para las familias con menos recursos. Rompamos el círculo vicioso: somos pobres, no chuta la agricultura local porque no compite, no compite porque es más cara y necesitamos que funcione para salir de pobres. Lo veo claro, para avanzar en el autoabastecimiento establecer este arancel vendría de miedo. En un escenario de apuesta por la soberanía alimentaria, la subida de precios ocurrirá de cualquier manera al aplicar la ley de cadena alimentaria que evidenciará unos mayores costes de producción en las Islas. Tal cual.
PABLO ZURITA ESPINOSA,
ingeniero agrónomo
Tractores a la calle. Nos queda lejísimos la convocatoria de aquellas manifestaciones de agricultores y ganaderos enfadados por la imposibilidad de vender sus productos a precios razonables. El miedo a la muerte lo eclipsa todo, por supuesto, y esta discusión quedó pendiente. El problema sigue ahí, ahora con agravantes. Aunque no a cero, las ventas de productos agrícolas han caído por el cierre de bares y restaurantes, el suspenso de la actividad turística y la contracción de la demanda por lógica prudencia del consumidor. El sector que antes se rebelaba y protestaba airadamente, ahora se muerde la lengua. La constante pérdida de renta agraria: reivindicación comprendida y compartida. Si hiciéramos una consulta popular gozaría del apoyo ciudadano por simpatía. Porque lo rural forma parte de nuestro acervo, nos es amable por su propia naturaleza, disfrutamos del paisaje cultivado, sinónimo de orden y riqueza ancestrales.
Renta. La mejora de la renta agraria no es asunto exclusivo de leyes. No hay legislación que pretenda intervenir en el mercado que no arme cierto estropicio aunque se promulgue cargada de buenas intenciones. El legislador se arriesga con la regulación de la cadena alimentaria que pretende que el contrato exista y que refleje los costes reales de producción -cuya concreción en la práctica presenta enormes dificultades técnicas- para que sirvan de base en la conformación del precio final al público. También prohíbe la “venta a pérdidas” y limita la utilización de promociones comerciales con productos frescos.
Condicionantes éticos. Sin tenerlos en cuenta los buenos propósitos no servirán de nada: imprescindible apelar al comportamiento responsable. Los productores que ofrezcan la máxima calidad y garanticen la seguridad alimentaria, la cadena de distribución que aplique el margen justo en cada eslabón, respete la trazabilidad y señale la procedencia y el consumidor que actúe cómo quiera con toda esa información… unos estaremos dispuestos a pagar más por algo bueno que no ha viajado por medio mundo y otros no; en ambos casos que podamos decidir con pleno conocimiento de causa.
Soberanía alimentaria. Un sector que en Canarias no llega al 1,6% del PIB, en estable retroceso. Una historia de monocultivos que nunca fueron suficiente para evitar la pobreza y la emigración. Y ahora, en el siglo XXI, sin renunciar a la exportación para equilibrar nuestra balanza comercial, entran en juego otras consideraciones. Hablamos del incremento del autoabastecimiento, vinculado a minimizar la importación de productos frescos, por lógica ambiental, social y económica. Procurar alimentos de proximidad y presumible alta calidad: tenemos 2,3 millones de residentes y número todavía indeterminado de turistas a los que dar de comer. Una iniciativa que creará riqueza y generará empleo.
AIEM. El debate está abierto respecto a la conveniencia de incluir determinados productos agrarios, ganaderos y pesqueros en este impuesto. Un arancel puro y duro que se aplica con la finalidad de encarecer lo que viene de fuera. A favor: con un coste mayor se reduce la diferencia de precio de venta, el producto local compite mejor e incrementa su producción, que es lo que se pretende. En contra: sube el precio de la cesta de la compra con graves implicaciones para las familias con menos recursos. Rompamos el círculo vicioso: somos pobres, no chuta la agricultura local porque no compite, no compite porque es más cara y necesitamos que funcione para salir de pobres. Lo veo claro, para avanzar en el autoabastecimiento establecer este arancel vendría de miedo. En un escenario de apuesta por la soberanía alimentaria, la subida de precios ocurrirá de cualquier manera al aplicar la ley de cadena alimentaria que evidenciará unos mayores costes de producción en las Islas. Tal cual.
