VICENTE PÉREZ
El conflicto sobre el polémico hotel de La Tejita (costa de Granadilla, Tenerife) no parece ni mucho menos cerrado aún, pues continúan varios procedimientos en vía penal y contencioso-administrativa contra este asunto, promovidos por la asociación Salvar La Tejita, además de acciones legales por parte de la constructora.
El grupo inmobiliario Viqueira ha anunciado su «firme propósito» de ejecutar» el proyecto de cinco estrellas en primera línea de playa de La Tejita, una vez resuelto el 12 de febrero pasado el trámite de aprobación del nuevo deslinde público marítimo terrestre y su servidumbre de protección, por el que la Dirección General de Costas, tras las protestas de los grupos ecologistas, paralizó en junio de 2020 las obras.
Asegura esta promotora gallega que el proyecto que obtuvo las licencias en 2002 «se ajusta estrictamente a toda la normativa que resulta de aplicación» y cuenta, por tanto «con todos los permisos preceptivos de los diferentes organismos intervinientes».
Entiende esta empresa, por tanto, que aunque el deslinde público y su servidumbre han avanzado hacia tierra, el proyecto de hotel sigue vigente y no es necesario, por tanto, obtener nuevas autorizaciones.
«La revisión del deslinde tramitada y aprobada no afecta en modo alguno al proyecto del hotel, puesto que las autorizaciones y licencias preceptivas, fueron obtenidas con carácter previo a su incoación, al amparo del deslinde vigente desde el año 2002», subraya la constructora en un comunicado.
Tal es así que Viqueira pide a las administraciones públicas que «protejan y garanticen la integridad y seguridad de las personas que acometerán y ejecutarán las obras y la posibilidad misma de que se desarrollen sin ninguna incidencia, incluso con el amparo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado».
Además, esta empresa anuncia que acudirá a la Justicia «para obtener la tutela» de sus derechos, para defenderse de «las amenazas y coacciones» a las que afirma verse sometida por quienes «han buscado denigrar el proyecto».
Sin embargo, el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Ejecutivo regional, José Antonio Valbuena, se ha dirigido al Ayuntamiento de Granadilla de Abona para advertirle de que tras la modificación del deslinde «deberán adaptarse y/o modificarte tanto los proyectos constructivos y de ejecución» del hotel, «como las autorizaciones y títulos administrativos concedido por las Administraciones competentes».
«Cualquier modificación del proyecto autorizado en esa zona, con el fin de ajustarse al nuevo deslinde aprobado, deberá contar con la preceptiva autorización del Gobierno de Canarias, con carácter previo a la tramitación de la licencia municipal», subraya Valbuena en un escrito remitido al Ayuntamiento este mes de abril.
Hay que recordar que, con Valbuena al frente de la Consejería, esta defendió una franja de servidumbre público en 100 metros, al igual que los ecologistas, frente a los 20 que finalmente aprobó el Ministerio, y tal como pedían también el Ayuntamiento y Viqueira. El planteamiento de Valbuena hubiera hecho ya inviable el hotel.
Preguntado esta semana por PLANETA CANARIO si hace falta nuevas autorizaciones o no, el Ayuntamiento de Granadilla no ha respondido a este diario en el momento de publicar esta información.
Lo cierto es que la empresa está decidida a reanudar la construcción de un hotel, y en su nota de prensa esgrime que tiene todos los parabienes legales para ello, incluso da por válida aún la autorización de la Consejería de Valbuena, otorgada cuando la controlaba aún Coalición Canaria (CC), que por entonces verificó que «la edificación hotelera se ubicaba fuera de la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre», con el deslinde de 2002.
En cuanto a las autorizaciones municipales , la promotora gallega expone que obtuvo licencia urbanística para el proyecto básico de construcción el 19 de septiembre de 2017 y la autorización del Proyecto de ejecución el 21 de diciembre de 2018, esto es, antes de iniciarse el procedimiento de revisión del deslinde, que tuvo lugar el 20 de enero de 2019.
Al respecto, los ecologistas han puesto de relieve su suspicacia por que el Servicio Provincial de Costas tardó varios meses en iniciar el procedimiento, desde que, en Madrid, el Ministerio de Transición Ecológica ya había resuelto que se llevara a cabo este trámite, una demora que posibilitó que cuando se comenzó a revisar el deslinde ya la constructora tuviera la licencia final del Ayuntamiento para construir.
Viqueira señala además que la valla del cierre actual de la parcela desaparecerá y el hotel no se situará sobre la arena circundante a este cierre actual, «sino a 20 metros».
Además, presume de que el hotel «ha sido diseñado de forma que se integra plenamente en el paisaje del entorno, hasta el punto de que en primera línea la altura permitida de 3 plantas se reduce prácticamente en su totalidad a una planta».
Además, precisa que «el hotel ha sido proyectado sobre una parcela clasificada por el Plan General de Ordenación Urbana de Granadilla de Abona como suelo urbano [de uso hotelero]contando con red de saneamiento, así como con el resto de servicios urbanísticos, por lo que no resulta necesaria la implantación de ninguna planta de depuración y saneamiento, al poder conectarse a la red pública existente».
Se queja la constructora de que Costas paralizó la ejecución del proyecto en junio de 2020 «con la excusa de la revisión del deslinde» pese a que «era evidente que no iba a poner de manifiesto otra cosa que la plena legalidad de las licencias y autorizaciones otorgadas y la imposibilidad legal de afectar a esas licencias y autorizaciones», con lo que considera que «todas las mentiras e injurias en muchos casos que se han vertido sobre el proyecto por parte de quienes se oponen al mismo, e incluso de alguna autoridad pública, se han revelado falsas e inexistentes», «con la única finalidad de poner en contra a la opinión pública y deslegitimar el proyecto socialmente, pese a que se trata de una actuación que es conforme con la ordenación urbanística y sectorial aplicable y de gran interés para el municipio».
Cree Viqueira que Costas «bajo coacciones y amenazas –como la ocupación ilegal de nuestra parcela para acceder a una de las grúas y forzar la paralización de las obras– lograron que cediera a sus presiones y acordase la medida cautelar de paralización de las obras afectadas por el expediente de revisión del deslinde que se encontraba en tramitación»·.
El 12 de febrero de 2021, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar resolvió el expediente de revisión del deslinde, lo que, según el criterio de la promotora, «determina que la medida cautelar provisional adoptada en 22 de junio de 2020, haya quedado sin efecto, pudiendo esta parte reiniciar las obras».
