PLANETA CANARIO
El Gobierno canario que forman PSOE, Sí Podemos Canarias, NC y ASG ha decidido subir el tipo general del Impuesto General Indirecto canario (IGIC) medio punto, del 6,5% al 7%, a partir del 1 de enero de 2020, lo que, sumado a otros ingresos fiscales adicionales y modificaciones, posibilitará cumplir los planes del Ejecutivo autonómico para mejorar la atención social y los servicios públicos esenciales (sanidad y educación públicas), así como pagar los en torno a 160 millones de más que supondrán las nóminas de los empleados públicos en 2020 debido a la reducción en la jornada diaria de trabajo de profesores de Secundaria (de 20 a 18 horas lectivas) y de empleados de Sanidad (de 37,5 a 35) aplicada desde este año y no presupuestada por el Gobierno anterior, según informo el Ejecutivo en un comunicado.
La medida la confirmó este jueves el portavoz del Gobierno canario, Julio Pérez (PSOE), quien indicó que estos cambios en el IGIC supondrán unos ingresos adicionales para la Comunidad Autónoma que se destinarán a vivienda social y a aumentar las partidas de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) entre 15 y 20 millones de euros en 2020, esto último para subir su importe por unidad familiar y además incorporar a “varios miles” de beneficiarios nuevos. Se trata de una necesidad dado el elevado índice de riesgo de pobreza que se ha detectado en Canarias, explicó Julio Pérez en rueda de prensa, de la que informó el Ejecutivo en un comunicado.
El también consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, avanzó que los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020 alcanzarán los 8.066 millones de euros para los capítulos no financieros (del 1 al 7). Ello significa que habrá un aumento del 2,7% (más de 200 millones de euros) respecto a idéntico parámetro de 2019, según los datos que se recogerán en el anteproyecto que se prevé aprobar en una reunión extraordinaria del Consejo prevista para el miércoles de la semana próxima en Tenerife.
Calificó las nuevas cuentas de “realistas”; esto es, ajustadas a cómo se espera que vaya a ser el crecimiento económico y la recaudación fiscal propia durante el año que viene.
Críticas de toda la oposición (Cs, CC y PP) a la subida fiscal
La portavoz de Ciudadanos (Cs), Vidina Espino, ha tachado de «castigo» a familias, autónomos, y pequeños y medianos empresarios (pymes) el incremento de la presión fiscal indirecta, quien propuso evitar esta media «eliminando gastos superfluos».
A su juicio, “no tiene ningún sentido que se suba impuestos”, cuando “hay un superávit de 360 millones de euros”, a lo que hay que sumar “los 223 millones de euros que van a venir del Gobierno de España, ahora que el señor Sánchez ha desbloqueado electoralmente los fondos de las Comunidades Autónomas”. Además, “hay cifras récords en recaudación del IGIC)”
El grupo nacionalista Coalición Canaria-PNC del Cabildo de Tenerife también critica esta medida porque «quita recursos a los ayuntamientos y Cabildos, de tal forma que cedan este año 100 millones de euros de los 166 que hay previstos en el fondo FDCAN y 80 millones en 2020 y que los recursos de la subida impositiva que planea para el próximo año, principalmente en el IGIC, se repartan en un 58 % para la Comunidad Autónoma y un 42 % para las corporaciones locales e insulares».
La propuesta, para CC-PNC supone «una afrenta a todos los canarios, a los que se machaca», que para los nacionalistas se hubiera evitado si el Gobierno canario hubiera «reclamado a Pedro Sánchez, su compañero de partido, los 900 millones de euros que debe a Canarias».
En el caso concreto del Cabildo de Tenerife, cree el Grupo Nacionalista que dejaría esta institución «con un marco presupuestario para el próximo año paupérrimo, sin capacidad de invertir ni de crear empleo, lo que sería desastroso para la Isla»
Y desde el PP, el diputado regional Manuel Domínguez ha considerado de que «el sablazo fiscal» que prepara el Gobierno de Canarias para 2020 «supone una amenaza para las familias con menos renta, pues triplicará el gravamen de la luz y duplicará el impuesto de telefonía móvil».
Domínguez señala que la fiscalidad indirecta «no discrimina unas rentas de otras, por lo que es rotundamente falso que no dañe a las rentas bajas».
Para el diputado y alcalde de Los Realejos, «la amenaza real es el sablazo fiscal que, además de la subida del IGIC, podría afectar al impuesto de sucesiones y donaciones y los ambientales» con la subida, esto último del precio de las gasolinas, en un momento en el que comienzan a aparecer «nubarrones» sobre la economía canaria.
