PLANETA CANARIO
El Gobierno canario coincide con los grupos ecologistas en que hace tiempo que debían haberse paralizado las obras del hotel de La Tejita (en Granadilla, Tenerife) pero se declara incompetente para hacerlo.
«Ojalá tuviéramos competencias, pero no tenemos ni una sola, y si las hubiéramos tenido, ya estaría paralizada de manera inmediata», ha enfatizado el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Política Territorial, José Antonio Valbuena, a quienes los ecologistas que se oponen a este proyecto critican por entender que puede hacer más por impedir la ejecución de este hotel.
Estas declaraciones se producen en medio de la protesta de dos activistas que desde el martes 16 al amanecer treparon a lo más alto de las dos grúas de las obras, desplegaron pancartas, y allí permanecen aún, apoyados estos días por, en algunos momentos, cientos de ecologistas desde las inmediaciones de las obras, con la intención de no bajarse hasta que se estas queden paralizadas.
El consejero está convencido de que el expediente del nuevo deslinde marítimo terrestre y su zona de servidumbre supondrá que se vea afectada una parte de la parcela urbanizable sobre la que se concedió licencia al grupo gallego Viquieira para construir en primera línea de la playa de La Tejita, incluida en el espacio natural protegido de Montaña Roja.
Tal es así que afirma que va a «advertir por tercera vez» a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, organismo del Gobierno estatal, que «tiene que paralizar la obra de manera cautelar y resolver el expediente del nuevo deslinde de manera definitiva, pues seguramente va a suponer la revisión de la licencia actual y, por tanto, la inviabilidad del hotel tal cual se está ejecutando».
Valbuena dice tener constancia de que la nueva delimitación de la servidumbre va a afectar a la parcela del hotel «y habrá que revisar esa licencia» por lo que confiesa «no entender por qué Costas no ha paralizado las obras de manera cautelar y ha resuelto ya el expediente de manera definitiva», debido a que la continuidad de los trabajos permite «que se siga consolidando la ejecución de un proyecto que puede complicar luego restituir el orden físico alterado».
La llegada de Valbuena con el cambio de gobierno el verano pasado supuso un cambio radical de discurso de la Consejería, pues apenas semanas antes el Ejecutivo canario cuando estaba en manos de CC-PNC había dado el definitivo visto bueno a estas obras.
Pero con el PSOE al frente de la Consejería, un nuevo informe salió hacia Costas desdiciéndose de los anteriores y advirtiendo de que la parcela no reúne los requisitos a la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988 para considerarse urbana, lo que motivaría que la servidumbre de protección del dominio público se deba fijar en 100 metros de ancho, y no en 20, como como pretende Costas con el aval del anterior Gobierno canario.
Se da la circunstancia de que ese informe en que Valbuena no llegó en un primer momento al Servicio Provincial de Costas, de lo cual se dio cuenta meses después el consejero advertido por el periodista Esaú Hernández, que acudió a ver el expediente cuando estuvo en exposición pública y en conversación posterior con el consejero le puso sobreaviso de que tal documento no estaba.
Eso supuso que la Consejería de Política Territorial tuviera que remitirlo de nuevo, a marchas forzadas porque se acababa el plazo, y que Costas explicara a los medios de comunicación que no lo había recibido en su día por un error técnico en el servicio telemático usado para estos casos. Este episodio ha levantado muchas suspicacias de los grupos ecologistas opuestos a este hotel.
La promotora gallega Viqueira sigue insistiendo en que cuenta con todos los permisos necesarios, como ha sostenido de nuevo tras ser preguntada por este diario esta semana, al tiempo que ha advertido de que emprenderá acciones legales contra los activistas que han entrado en su propiedad y se han atrincherado en las grúas.
Todo lo contrario opinan las asociaciones ATAN y Salvar La Tejita, al punto de quen han recurrido la licencia dada por el Ayuntamiento de Granadilla, en los Juzgados de lo Contencioso Administrativo, y han denunciado todo este asunto en vía penal en los Juzgados de ese municipal por apreciar indicios de un delito contra el medio ambiente.
El gobierno local granadillero (CC-PP), como viene siendo habitual, salvo que el tema se trate en un pleno municipal, guarda silencio sobre toda esta polémica.
El alcalde de Granadilla, José Domingo Regalado González (CC-PNC), alegó contra el nuevo deslinde de La Tejita cuando salió el expediente a exposición público, argumentando de que los promotores del hotel pedirán indemnizaciones porque el suelo hotelero está previsto en el Plan General y la obra tiene «todas las autorizaciones preceptivas».
Pero en su alegación no menciona el acuerdo de la Junta de Gobierno Local que dio licencia para ejecutar el proyecto, seis semanas después de que la Dirección General desde Madrid diera autorización para la revisión del deslinde, que Costas en Tenerife, extrañamente, demoró dos meses y medio.
