PLANETA CANARIO
El exalcalde de Santa Úrsula Ricardo García (AISU-CC) se ha confesado culpable de un delito continuado de prevaricación administrativa, por el que ha sido condenado a siete años de inhabilitación especial para empleo y cargo público, tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía para evitar el juicio por contratar de manera ilegal a 22 personas entre los años 2005 y 2011, según ha informado Mírame TV.
La sentencia, dictada el 8 de julio por el Juzgado de lo Penal 1 de Santa Cruz de Tenerife, determina que García, «con pleno conocimiento de que sus resoluciones eran contrarias a la legalidad», enchufó en el Ayuntamiento tinerfeño a 22 personas sin ningún tipo de criterio de mérito, capacidad y concurrencia.
Entre los beneficiados por el exdirigente de AISU-CC figura un extesorero de este partido y el hermano de un exedil, además de otras personas con las que el condenado mantenía algún tipo de relación. El modus operandi consistía en concaternar contratos de servicios hasta reconocer al enchufado el derecho a quedarse indefinido, pese a que la secretaria municipal y el interventor accidental advirtieron de la ilegalidad de este proceder.
La sentencia que ha aceptado el exalcalde, en la que se aplica atenuantes de dilaciones simples y confesión, evidencia el uso arbitrario del Ayuntamiento del norte de Tenerife como una agencia de colocación para personas afines, saltándose la Ley de Bases del Régimen Local y el Estatuto Básico del Empleado Público.
Una forma de proceder que, como pone de relieve el periodista David Cuesta en Mírame TV, comenzó con AISU-CC pero continuó con el PP y el PSOE tras las elecciones de 2011, pues este año 2019 también han sido condenados, en otro proceso penal diferente aún en primera instancia, sus sucesores en el gobierno municipal, Milagros Pérez (PP) y el exprimer teniente de alcalde Víctor Hernández (PSOE).
La sentencia de la jueza María Cristina González Padrón contra Ricardo García es firme, al ser asumida por el único condenado, por lo que no cabe recurso.
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El exalcalde de Santa Úrsula Ricardo García (AISU-CC) se ha confesado culpable de un delito continuado de prevaricación administrativa, por el que ha sido condenado a siete años de inhabilitación especial para empleo y cargo público, tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía para evitar el juicio por contratar de manera ilegal a 22 personas entre los años 2005 y 2011, según ha informado Mírame TV.
La sentencia, dictada el 8 de julio por el Juzgado de lo Penal 1 de Santa Cruz de Tenerife, determina que García, «con pleno conocimiento de que sus resoluciones eran contrarias a la legalidad», enchufó en el Ayuntamiento tinerfeño a 22 personas sin ningún tipo de criterio de mérito, capacidad y concurrencia.
Entre los beneficiados por el exdirigente de AISU-CC figura un extesorero de este partido y el hermano de un exedil, además de otras personas con las que el condenado mantenía algún tipo de relación. El modus operandi consistía en concaternar contratos de servicios hasta reconocer al enchufado el derecho a quedarse indefinido, pese a que la secretaria municipal y el interventor accidental advirtieron de la ilegalidad de este proceder.
La sentencia que ha aceptado el exalcalde, en la que se aplica atenuantes de dilaciones simples y confesión, evidencia el uso arbitrario del Ayuntamiento del norte de Tenerife como una agencia de colocación para personas afines, saltándose la Ley de Bases del Régimen Local y el Estatuto Básico del Empleado Público.
Una forma de proceder que, como pone de relieve el periodista David Cuesta en Mírame TV, comenzó con AISU-CC pero continuó con el PP y el PSOE tras las elecciones de 2011, pues este año 2019 también han sido condenados, en otro proceso penal diferente aún en primera instancia, sus sucesores en el gobierno municipal, Milagros Pérez (PP) y el exprimer teniente de alcalde Víctor Hernández (PSOE).
La sentencia de la jueza María Cristina González Padrón contra Ricardo García es firme, al ser asumida por el único condenado, por lo que no cabe recurso.
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El exalcalde de Santa Úrsula Ricardo García (AISU-CC) se ha confesado culpable de un delito continuado de prevaricación administrativa, por el que ha sido condenado a siete años de inhabilitación especial para empleo y cargo público, tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía para evitar el juicio por contratar de manera ilegal a 22 personas entre los años 2005 y 2011, según ha informado Mírame TV.
La sentencia, dictada el 8 de julio por el Juzgado de lo Penal 1 de Santa Cruz de Tenerife, determina que García, «con pleno conocimiento de que sus resoluciones eran contrarias a la legalidad», enchufó en el Ayuntamiento tinerfeño a 22 personas sin ningún tipo de criterio de mérito, capacidad y concurrencia.
Entre los beneficiados por el exdirigente de AISU-CC figura un extesorero de este partido y el hermano de un exedil, además de otras personas con las que el condenado mantenía algún tipo de relación. El modus operandi consistía en concaternar contratos de servicios hasta reconocer al enchufado el derecho a quedarse indefinido, pese a que la secretaria municipal y el interventor accidental advirtieron de la ilegalidad de este proceder.
La sentencia que ha aceptado el exalcalde, en la que se aplica atenuantes de dilaciones simples y confesión, evidencia el uso arbitrario del Ayuntamiento del norte de Tenerife como una agencia de colocación para personas afines, saltándose la Ley de Bases del Régimen Local y el Estatuto Básico del Empleado Público.
Una forma de proceder que, como pone de relieve el periodista David Cuesta en Mírame TV, comenzó con AISU-CC pero continuó con el PP y el PSOE tras las elecciones de 2011, pues este año 2019 también han sido condenados, en otro proceso penal diferente aún en primera instancia, sus sucesores en el gobierno municipal, Milagros Pérez (PP) y el exprimer teniente de alcalde Víctor Hernández (PSOE).
La sentencia de la jueza María Cristina González Padrón contra Ricardo García es firme, al ser asumida por el único condenado, por lo que no cabe recurso.
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El exalcalde de Santa Úrsula Ricardo García (AISU-CC) se ha confesado culpable de un delito continuado de prevaricación administrativa, por el que ha sido condenado a siete años de inhabilitación especial para empleo y cargo público, tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía para evitar el juicio por contratar de manera ilegal a 22 personas entre los años 2005 y 2011, según ha informado Mírame TV.
La sentencia, dictada el 8 de julio por el Juzgado de lo Penal 1 de Santa Cruz de Tenerife, determina que García, «con pleno conocimiento de que sus resoluciones eran contrarias a la legalidad», enchufó en el Ayuntamiento tinerfeño a 22 personas sin ningún tipo de criterio de mérito, capacidad y concurrencia.
Entre los beneficiados por el exdirigente de AISU-CC figura un extesorero de este partido y el hermano de un exedil, además de otras personas con las que el condenado mantenía algún tipo de relación. El modus operandi consistía en concaternar contratos de servicios hasta reconocer al enchufado el derecho a quedarse indefinido, pese a que la secretaria municipal y el interventor accidental advirtieron de la ilegalidad de este proceder.
La sentencia que ha aceptado el exalcalde, en la que se aplica atenuantes de dilaciones simples y confesión, evidencia el uso arbitrario del Ayuntamiento del norte de Tenerife como una agencia de colocación para personas afines, saltándose la Ley de Bases del Régimen Local y el Estatuto Básico del Empleado Público.
Una forma de proceder que, como pone de relieve el periodista David Cuesta en Mírame TV, comenzó con AISU-CC pero continuó con el PP y el PSOE tras las elecciones de 2011, pues este año 2019 también han sido condenados, en otro proceso penal diferente aún en primera instancia, sus sucesores en el gobierno municipal, Milagros Pérez (PP) y el exprimer teniente de alcalde Víctor Hernández (PSOE).
La sentencia de la jueza María Cristina González Padrón contra Ricardo García es firme, al ser asumida por el único condenado, por lo que no cabe recurso.
