VICENTE PÉREZ
Crstina Valido es candidata número dos de Coalición Canaria (CC) al Parlamento canario por Tenerife y, desde enero de 2017, tras la ruptura del pacto con el PSOE, consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno canario. Una combinación de áreas que, como ha ocurrido con muchos de quienes le antecedieron en el cargo, la han puesto en el disparadero de las críticas de la oposición parlamentaria y de la sociedad, pues de ella dependen áreas tan sensibles como la de atención a la dependencia (con sus largas listas de espera que provocan indignación social), el acceso a una vivienda (por el que esperan miles de personas en canarias) y las políticas de empleo (el paro ha descendido en los últimos años, situándose en el 20%, pero con precariedad laboral). En esta entrevista, realizada antes de la campaña electoral de las generales, aborda todos esos temas. Y muestra su preocupación por el «discurso peligroso y de ultraderecha» del candidato del PP en la capital tinerfeña, que ha llegado a prometer cerrar el albergue y atender solo a los empadronados en el municipio como medida de presión si el Gobierno canario y el Cabildo de Tenerife no ponen más dinero para atender este recurso destinado a las personas sintecho.
Tenemos por fin nueva Ley de Servicios Sociales. ¿Cuáles serán sus efectos más apreciables?
«Los grupos parlamentarios estuvieron trabajando durante meses para llegar a un acuerdo. De esta ley depende la estabilidad de muchísimas ONGs, entidades del tercer sector que prestan servicios para la Comunidad Autónoma, los cabildos y los ayuntamientos, sometidas a convocatorias anuales de subvención con las que no podían planificar. Y necesitan una estabilidad de ingresos que con esta nueva ley se podrá garantizar, y que ya se lleva practicando desde hace años en otras comunidades, mediante el concierto social. Esta es una ley que además se preocupa de la estabilidad de los servicios en sus términos económico-financieros, es decir, una ley que obliga a revisar todo el catálogo de prestaciones y actualizar el precio de mercado actual. Hace muchos años que no se hace y en algunos casos hay un desfase muy importante, lo cual dificulta que podamos conseguir nuevos operadores y prestadores de servicios porque los precios no respondían hasta ahora a sus gastos. La esencia principal de la ley son los servicios sociales como derecho, pero pone también el acento en los recursos humanos para prestar los servicios. Y en el caso de los municipios, cada cuántos habitantes ha de tener un trabajado social, cuántas personas debe tener un ayuntamiento según su población en servicios sociales para atenderlos. Es un paso importantísimo para responder a cosas que no existían en 1987. La ley anterior se creó cuando no existía el espacio sociosanitario y no se habla de atención temprana, ni de puntos de encuentro de medidas judiciales para menores, de mediación o la salud mental. Todo eso no tenía amparo jurídico en la ley de 1987».
Se dice que hemos salido de la crisis, pero quedan sus secuelas… Canarias estuvo sin renovar esa ley toda la crisis. ¿Estaban los servicios sociales públicos preparados para una situación de emergencia como la que se ha vivido desde 2007 en Canarias, y de la que no hemos salido del todo?
«Nunca se está preparado para una crisis, mientras tengas personas que son parte de esos colectivos vulnerables que necesitan atención especial. Y se tiene en esos casos más demandas en un momento en que cuentas con menos recursos. Por tanto siempre es muy delicado establecer las prioridades. A lo largo de los peores años de la crisis vimos recortes en todas las áreas no prioritarias, e intentamos no recortar en el ámbito social, pero ahí necesitábamos más dinero y recursos porque teníamos mucha más demanda».
La atención a al dependencia es un auténtico drama para miles y miles de canarios, pues las listas de espera son muy grandes. ¿Cuál es la situación a día de hoy? Siempre se acusa al Gobierno canario de maquillar las cifras…
«Esa expresión de maquillaje de cifras se ha usado tanto que no tiene ningún calado ni sentido. Porque si se miente, lo que hay que es denunciarlo, pues no se puede mentir con datos oficiales. En cualquier caso, se busca destruir políticamente, usando esas palabras y por eso se siguen repitiendo. Los datos que yo utilizo son los utilizados por el Imserso. Y según esa fuente oficial en 2018 fue el año en que más reconocimientos y nuevas prestaciones se otorgaron en la historia de la dependencia. Por otro lado, es verdad que tenemos un importantísimo número de bajas y fallecimientos, porque las personas que incorporamos al sistema no tienen una larga expectativa de vida, sino muy corta. La mayoría son mayores de 80 años con la dependencia más severa, y eso nos resta en el crecimiento total. A día de hoy estamos en 52 millones solo en prestaciones económicas. En 2016, en que fue el primer año de buenos datos en que estaba Patricia Hernández de consejera, había 39 millones en prestaciones; por tanto, no se puede hablar de retroceso. Hemos crecido en convenio con los cabildos en plazas y precios, y estamos rondando los 153 millones de euros con los cabildos, dinero que nunca se contempla cuando desde Madrid se hacen los análisis de la dependencia. El Observatorio Estatal para la Dependencia habla de que Canarias dedica 118 millones a la dependencia, y en realidad son más de 200 millones, entre los convenios que cofinancia el Gobierno canario y las prestaciones económicas, más 25 millones que el año pasado ya tuvieron los cabildos para construcción de centros para dependientes, sin los cuales no se puede atender a quienes están en lista de espera y que necesitan una residencia. Hay una diferencia de casi 100 millones entre lo que dice el Observatorio y lo que invertimos en realidad en Canarias».
«La precariedad laboral solo la puede solucionar el Estado»
En cualquier caso, la lista de espera por un reconocimiento es enorme, y mucha gente fallece sin que se le reconozca el derecho, e incluso con este ya reconocido. Se ha estimado en 27.000 los fallecidos en Canarias. Que la ayuda económica le llegue a una familia cuando ya la persona que lo necesitaba ha muerto, ¿no tiene poco sentido?
«Es lo que mandata la norma, y tenemos que cumplirla, porque muchas veces son sentencias judiciales. Pero hay casos en los que es más justo y casos en los que es menos justo. Pero al final lo que toca es cumplir la ley. De todos modos Canarias es el lugar donde menos personas mueren sin tener el reconocimiento. Pero esto es inevitable que ocurra y va a seguir ocurriendo, porque la mayoría de los casos se pide la ayuda de la dependencia cuando el familiar está muy mal de salud. Por eso es lógico que haya fallecimientos sin que el procedimiento haya terminado».
-¿En qué consistirá la renta canaria de inclusión?
«Tal y como la recoge el nuevo Estatuto de Autonomía, iremos hacia un renta canaria de inclusión, y que se vaya instalando, por fases, en los próximos cuatro años. En un primer estadio hay que proteger a las familias con menores a cargo para luchar contra la pobreza infantil. Y luego iremos abordando a otros colectivos que irán recibiendo esa renta a medida que nuestro presupuesto, tal y como dice la ley, en 4 años disponga de 270 millones más. Pero debemos incorporar también profesionales que apoyen a esas personas para que vuelvan a la normalidad las familias beneficiarias».
¿Cuál es su postura sobre el alquiler vacacional?
«El alquiler vacacional donde no hay vivienda residencial genera un verdadero problema para la población residente en cuanto a subida de precios y a la imposibilidad de vivir allí donde el trabajo se crea. Por eso debemos valorar si aquellos cabildos o ayuntamientos que tengan posibilidad de decir la zonificación del alquiler vacacional, valoren que donde no haya vivienda residencial suficiente para la población trabajadora que se traslada allí a vivir para tender a los turistas en buena medida se limite la posibilidad del alquiler vacacional. La prioridad debe ser que las personas tengamos donde vivir, porque si no tendremos unas zonas un poco raras donde los turistas no querrán venir. Pues ¿dónde vivirá entonces la gente, en rulós o tiendas de campaña ? Se tiene por tanto que valorar si se tiene stock de vivienda residencial que demanda la población nativa de un lugar y la posible población trabajadora que demande su propio municipio, porque si no se van a encontrar con lo que pasa en algunos sitios, que no hay ni médico porque no tiene donde vivir».
Los demandantes de viviendas de protección oficial se cuentan por decenas de miles históricamente, pero ya no se hacen casi esas promociones públicas, sino que se ha optado por ayudas al alquiler, que también tienen listas de espera grandes….
«Durante toda una década, desde 2009 en que se aprobó el último plan de vivienda, no se cumplió, los dineros que tenían que venir del Estado no vinieron y las obras hubo que pararlas. Cuando llegué en 2017 a la consejería, había 30 millones de deuda y Visocan estaba en fase de disolución en una década se había hecho nada. Las listas de vivienda crecen porque no hay nuevas viviendas, y hemos empezado a rehabilitar y a construir. Estamos intentando recuperar la normalidad, con un montón de gente enfadada porque no se rehabilitaban su viviendas. Y hemos empezado a rehabilitar el parque público»
Estamos en el 20% de paro, pero con precariedad laboral. ¿Qué puede hacer el Gobierno canario para revertir esta situación?
«La precariedad laboral la tiene Canarias y todo el Estado español. En el momento en el que se aprueba una reforma laboral que admite una tipología de contrato por días y por horas. Y eso lo que hace es que tengamos trabajadores pobres. Esa precariedad ninguna comunidad autónoma la puede resolver, la tiene que resolver el Estado corrigiendo la reforma laboral».
Hay un repunte de personas sintecho en Santa Cruz de Tenerife y el candidato del PP a al alcaldía, Guillermo Día Guerra, ha llegado a prometer que cerrará el albergue si el Cabildo y el Gobierno canario no ponen más dinero, como medida de presión, y que solo atendería a los ciudadanos sin hogar empadronados en el municipio…
«Ese discurso es muy peligroso, eso de atender solo a los empadronados. Porque las personas vulnerables no tienen raza ni origen y hay que atenderlas igualmente. Las tienes en tu ciudad porque eres capital, como las tienen Madrid o Barcelona, y si en vez de ser Santa Cruz fueras Los Realejos no tendrías ese problema. Pero es Santa Cruz de Tenerife, la capital, el corazón de Tenerife, adonde va la gente porque es donde más posibilidades tienes de conseguir recursos y sobrevivir. Igual que van a Madrid o Barcelona que está llena de inmigrantes. A mi me preocupa ese discurso de yo cojo mis servicios y solo atiendo a los nativos canarios. Porque nos han venido señalando a CC muchísimos años cada vez que hablamos de controlar el crecimiento de la población en un territorio limitado como es este archipiélago, y ahora resulta que vemos ese discurso de extrema derecha y nadie se escandaliza. Me parece una barbaridad lo que ha dicho el PP. Porque habría que establecer de qué manera se pone en marcha planes de trabajo, de inversión, entre las administraciones públicas, que sí hemos aportado más dinero para este fin, pero decir que si no me dan dinero yo cierro el albergue y solo atiendo a los de mi ciudad…eso es bastante feo».
