VICENTE PÉREZ
El Cabildo de Tenerife, a través del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIAT), presentará ante la autoridad judicial una denuncia por los hechos ocurridos la noche del pasado 26 de septiembre en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) comarcal de Punta Brava, en Puerto de la Cruz, con el objetivo de que se investiguen hasta el último extremo y se determinen todas las responsabilidades que pudieran corresponder por el derrame de agua con cloruro férrico al 25%.
El volumen derramado en esta planta que está a unas decenas de metros en línea recta del mar fue de 1.000 litros, según publicó EFE el domingo citando fuentes del Cabildo, aunque la cantidad, según otra fuente a las que ha tenido acceso PLANETA CANARIO, podría haber sido mucho mayor.
El Cabildo considera en un comunicado que «la gravedad de lo ocurrido exige una investigación exhaustiva, sin descartar ninguna hipótesis sobre el origen de la incidencia».
La institución insular quiere conocer «con absoluta precisión qué ocurrió, qué provocó la rotura de la conducción, cómo se produjo la salida del producto, qué actuaciones se llevaron a cabo desde el momento en que fue detectado el incidente, si se aplicaron correctamente los protocolos de seguridad y, especialmente, qué hacían personas ajenas a la instalación en sus dependencias».
El gobierno de la isla asegura que será «contundente» en la defensa de la seguridad de las infraestructuras hidráulicas de Tenerife y «no se va a dar por válida ninguna explicación que no esté respaldada por hechos, pruebas e informes técnicos».
El CIAT ha abierto un expediente de investigación a la empresa operadora, Aqualia, para determinar las circunstancias exactas en las que se produjo la incidencia y comprobar el cumplimiento de todas las obligaciones relativas a la explotación, vigilancia, seguridad y mantenimiento de la instalación.
Aqualia denuncia en un Juzgado sabotaje y niega que afectara al mar
La propia Aqualia, que ha negado que el vertido llegara al mar, también ha presentado una denuncia ante el Juzgado de Guardia de Puerto de la Cruz al considerar que existen indicios que podrían apuntar a una posible actuación intencionada, ya que el tubo dañado no está sometido a condiciones ambientales adversas ni a situaciones de presión que justifiquen su rotura, según ha publicado EL Día, que añade que los vídeos difundidos en redes sociales apuntan a la presencia de una persona ajena a la instalación dentro del recinto.
En el informativo del domingo 25, la Televisión Canaria informó que Aqualia había grabado con sus cámaras había grabado a alguien merodeando por la zona, aunque en la información que publica El Día este martes 29 se señala que esas imágenes son de redes sociales, no de su videovigilancia.
La activista asegura que el vertido habría llegado al mar
Según publica El Día, la Policía Nacional ha tomado declaración a una integrante de Stop Vertidos al Mar, plataforma formada por vecinos y comerciantes afectados por los problemas de saneamiento en Punta Brava, quien reconoció que entró a las instalaciones la tarde-noche del sábado, pero aseguró que lo hizo varias horas después de producirse el derrame y a instancias de un trabajador de la depuradora que se encontraba de guardia.
La activista entregó a los agentes audios de este empleado y vídeos del incidente, según el mismo periódico. Asimismo, esta activista denunció que parte de la disolución, después de las labores de limpieza con abundante agua, habría alcanzado una alcantarilla de la red de recogida de pluviales y, desde allí, el mar, lo que contradice la versión de Aqualia.
De hecho, aquella misma noche puso los hechos en conocimiento de la Policía Local de Puerto de la Cruz y del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, siempre de acuerdo con lo publicado en El Día.
Por tanto, un hecho sería el acceso de esta activista a la EDAR y otro hecho la entrada de otra persona que, horas antes, hubiera cometido un sabotaje, pues, por una elemental lógica, se trataría de personas diferentes.
Los hechos se produjeron el sábado 26 de septiembre en la EDAR comarcal de Punta Brava, concretamente en el circuito terciario destinado al tratamiento y regeneración del agua depurada para su posterior reutilización en el riego agrícola.
La incidencia provocó la salida de cloruro férrico diluido utilizado en el proceso de tratamiento del agua. El volumen derramado se estima inicialmente en menos de 1.000 litros.
Esta estimación inicial no permite cerrar el alcance del incidente. Por ello, el Cabildo reclamará que se determine con exactitud cómo se produjo la rotura, cuál fue el recorrido del producto, qué consecuencias tuvo y si existieron otros factores que pudieran haber contribuido a lo sucedido.
La institución insular subraya que «no corresponde anticipar conclusiones antes de disponer de todas las pruebas, pero tampoco minimizar unos hechos que afectan a una infraestructura esencial y que deben ser esclarecidos con absoluta transparencia».
El Cabildo exigirá que se determine si existieron fallos de mantenimiento, incumplimientos de los protocolos de seguridad, deficiencias en la vigilancia de las instalaciones o cualquier otra circunstancia relevante, así como las responsabilidades que, en su caso, pudieran derivarse.
Asimismo, el gobierno insular cree «especialmente necesario esclarecer la presencia y acceso de personas ajenas a las instalaciones, determinar en qué circunstancias se produjo y comprobar si se vulneraron los sistemas y protocolos de seguridad establecidos».
Según subraya el Cabildo, las infraestructuras hidráulicas son «esenciales para Tenerife y deben funcionar con las máximas garantías de seguridad, mantenimiento y protección ambiental», de modo que «no puede haber zonas grises cuando está en juego una instalación de estas características».
La empresa Aqualia, se enfatiza la nota del Cabildo, «tiene la obligación de garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones que gestiona y de cumplir estrictamente las condiciones establecidas para su explotación». Y añade el comunicado: «Si la investigación determina que existieron responsabilidades, exigirá que sean depuradas hasta las últimas consecuencias».
