PLANETA CANARIO
La historia de la estación depuradora de aguas residuales (EDARI) del polígono industrial de La Campana, que se inaugura el próximo 16 de junio, en el municipio tinerfeño de El Rosario, pudiera quedar como ejemplo de lo que nunca debería llegar a hacer un Cabildo (o cualquier otra institución), en este caso el de Tenerife, ante una emergencia, es decir, dificultar, por discrepancias político partidistas, la resolución de un grave problema que intenta un Ayuntamiento (en este caso, el de El Rosario).
El presidente del Cabildo, Pedro Martín (PSOE), ha presumido en un comunicado este fin de semana de que esta crucial EDARI ha sido posible gracias a 1,5 millones aportados por la institución que preside, de los 2 millones de coste, y que el Ayuntamiento la tramitó por procedimiento de emergencia.
Pero nada más lejos de la realidad lo ocurrido: la aportación del Cabildo (gobernado por PSOE y Cs) llegó al Ayuntamiento (gobernado por IR-Verdes y Sí se puede) con el rechazo, por dos veces, del gobierno insular y gracias a los votos de la oposición: CC-PNC, PP y Sí Se Puede (que en este asunto se desmarcó de su socio de alianza electoral, Podemos).
Los hechos ya los contó en su día PLANETA CANARIO: la rotura de un pozo, a finales de 2019, en una urbanización residencial debido a las aguas negras que recibía de un polígono industrial por una canalización ilegal bajo la autopista del Sur colocada cuando gobernaba el municipio el PSOE, provocó un grave vertido que obligó a cerrar incluso al baño parte de la costa de El Rosario por contaminación marina.
El problema de la falta de depuradora no era una sorpresa por el gobierno rosariero actual, ya que desde que estaba en la oposición, el ahora alcalde, Escolástico Gil, denunciaba esta carencia, por lo que, cuando llegó a la alcaldía, en 2015, empezó a negociar con el Cabildo (entonces gobernado por CC-PNC y PSOE) una solución, es decir, construir una depuradora, y el acuerdo para ello era tal que en 2018, el consistorio cedió a la corporación insular, y a petición de su Consejo Insular de Aguas, el solar para esta instalación. Solo faltaba el proyecto y el Cabildo la financiaría.
Pero en lo que esta solución llegaba, el pozo se rompió en Costanera, el partido de la oposición Podemos en El Rosario denunció el vertido, a raíz de lo cual la Justicia abrió una investigación, y el Ayuntamiento pidió entonces al Cabildo, ahora gobernado por PSOE y Cs, que agilizara la construcción de la EDARI en La Campana.
Pero, sorprendentemente, recibió la negativa por respuesta, e incluso en declaraciones a PLANETA CANARIO, el consejero insular de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático, Javier Rodríguez (PSOE), llegó a afirmar que esta depuradora no era problema del Cabildo y que no había ningún compromiso ni trámite de esta institución para financiarla.
Hasta dos veces en los plenos del Cabildo el gobierno insular el año pasado PSOE y Cs, así como Podemos (que en este asunto votó diferente de su socio de alianza electoral, Sí se puede) votaron en contra de financiar esta depuradora. Pero la realidad es que en esas dos ocasiones, en sendas iniciativas de CC-PNC, se aprobó darle dinero con prioridad a esa obra, porque sus votos, más los del PP y el de Sí se puede suman mayoría absoluta.
En vista de que el Cabildo tinerfeño en 2020 no quería ya hacer ni financiar la depuradora, pese a tener desde 2018 el suelo para su construcción, el Ayuntamiento se vio obligado a asumir en solitario la solución al problema. Con el vertido llegando al mar, el único parche posible era llevar en cubas a otro municipio (Santa Cruz) las aguas residuales, con un coste inasumible para el erario público si se prolongaba muchos meses la situación.
Fue entonces cuando el Ayuntamiento adjudicó por el procedimiento de emergencia la construcción de una EDAR, con los informes técnicos preceptivos. A la oposición en El Rosario tampoco le gustó esta decisión, y el PSOE la denunció en la Fiscalía por entender que debió salir a concurso públicos.
La causa penal ha sido archivada de forma definitiva recientemente, después de un contundente auto en el que la jueza concluyó que el alcalde y el concejal de Aguas actuaron conforme a la ley, para solucionar un grave problema para los ecosistemas y la población, e incluso mediante un expediente con más justificaciones técnicas de las que legalmente se consideran necesarias en un procedimiento de emergencia.
En lo que se tramitaba este expediente, el alcalde había solicitado que se cumpliera el acuerdo del Cabildo, adoptado en realidad por la oposición, para que se hiciera una modificación de crédito y se financiara la EDAR. Ante el rechazo a su petición, CC-PNC en el Cabildo volvió a presentar una iniciativa y se aprobó, otra vez con los votos de la oposición, dotar con 1,5 millones esta obra.
Las claves de este enfrentamiento entre el Ayuntamiento y el Cabildo hay que buscarlas en que fue el actual alcalde el que en su día denunció la corrupción del PSOE en El Rosario, en tiempos en que tenía el bastón de mando Macario Benítez (ya fallecido), que fue condenado doblemente, una por el caso Varadero (un plan parcial privado de mil viviendas en un suelo rústico protegido por el Plan Insular de Ordenación del Territorio debido por sus valores ambientales) y el caso Enchufes (la contratación a dedo de decenas de trabajadores).
En el caso Varadero también fue condenada la entonces concejala de Urbanismo, en esa época del PSOE, Ana Lupe Mora, que luego fundaría el partido Vecinos por el Rosario, que tiene un concejal en la oposición rosariera, en una alianza electoral con CC.
Pues bien, tras todos estos antecedentes, fuentes del gobierno municipal de El Rosario han mostrado su sorpresa por la nota de prensa divulgada este fin de semana por el presidente del Cabildo, congratulándose de la inauguración de la depuradora el día 16 y destacando que ha sido financiada por la institución que preside con 1,5 millones. Ciertamente así es, pero la realidad es que es una financiación forzada por la oposición y que fue rechazada por él mismo, así como los demás consejeros del PSOE, Cs y Podemos.
En su nota de prensa, Martín subraya «la importancia de la instalación para contribuir a solucionar la problemática de depuración que tenía el polígono». «Una importancia que no parecía tener en los plenos del Cabildo en que se debatió su construcción», afirman ahora fuentes del equipo gobernante en El Rosario.
La depuradora, recuerda en su comunicado el presidente del Cabildo, «está ubicada en un suelo que en un futuro albergará la depuradora comarcal que captará aguas residuales de otros polígonos industriales, como el de El Chorrillo (Santa Cruz de Tenerife)». Unas afirmaciones que contrastan con las primeras declaraciones públicas del gobierno insular cuando el Ayuntamiento reivindicaba ayuda, pues incluso negaba que la EDAR tuviera carácter comarcal.
La realidad de los documentos mostrado por el alcalde se impuso, pues el Consejo Insular de Aguas desde el pasado mandato ya tramitaba este proyecto como comarcal y por eso se justificaba desde el principio la financiación del Cabildo.
La depuradora de La Campana, como publicó El DíA en su momento y, literalmente, menciona el comunicado del Cabildo, «podrá tratar un caudal medio diario de 250 metros cúbicos y dará cobertura a alrededor de 270 empresas radicadas en el polígono. Tiene en su estructura una estación de bombeo situada en el punto más bajo de la urbanización, que elevará las aguas a la depuradora».
El sistema de depuración cuenta con pretratamiento con tamiz de finos, desarenado y desengrasado; depósito de laminación, reactor biológico, canal de desinfección, bombeo de fangos y un equipo de desodorización para eliminar los malos olores con capacidad para tratar 1.600 metros cúbicos de aire por hora.
La instalación se completa con un edificio de control donde están situadas las oficinas, aseos, cuarto eléctrico, deshidratación de fangos y taller.
«En efecto», apuntan desde el Ayuntamiento de El Rosario, «como dice en su nota de prensa Pedro Martín la depuradora recibe 1,5 millones del Cabildo, pero la ciudadanía deben saber que no gracias a su voluntad ni de su equipo gobernante, sino de la oposición, porque ningún consejero o consejera del gobierno insular votó a favor de este necesaria obra».
