PLANETA CANARIO
La privatización de la gestión del servico público de aguas en Santa Cruz de Tenerife fue polémica desde el primer momento, en tiempos de Miguel Zerolo (CC) como alcalde. Y no deja de serlo, 16 años después. El Consejo Consultivo de Canarias ha dado ahora la puntilla a la devolución, por parte del Ayuntamiento chicharrero, de los más de 59 millones que Sacyr desembolsó en 2005 al consistorio por la hasta entonces empresa pública de aguas de Santa Cruz de Tenerife, EMMASA.
Aunque parezca sorprendente, esto supone que durante 13 años, a razón de 2,3 millones, la multinacional española ha recibido de forma indebido del Ayuntamiento 30 millones de euros por el reintegro del canon abonado en su día.
Fue el 3 de julio de 2020 cuando el entonces gobierno local presidido por Patricia Hernández (PSOE) tomó una de sus ultimas decisiones antes de la moción de censura que lo apearía del poder: paralizar estos pagos a Sacyr a través de Emmasa tras los contundentes informes técnicos municipales que advertían de su ilegalidad e iniciar los trámites administrativos para interpretar el contrato con la multinacional en el sentido de que este cobro era indebido.
El asunto ya ha sido denunciado en la Fiscalía por Unidas Podemos, según avanza en la convocatoria de una rueda de prensa que este miércoles ofrecerán el portavoz municipal, Ramón Trujillo, junto al abogado de Izquierda Unida José Pérez Ventura (que llevó también el caso Las Teresitas, entre otros) y la edil de este grupo político Yaiza Gorrín.
En julio pasado, apenas dos semanas después de la moción de censura que devolvió el baston de mando a CC-PNC con apoyo de PP y una concejala tránsfuga de Cs, estos partidos rechazaron en el pleno municipal la creación de una comisión de investigación sobre asunto que había solicitado Unidas Podemos.
Sacyr previó en su momento unos beneficios de más de 300 millones de euros en los 25 años en que podrá explotar este servicio público del agua en Santa Cruz, a lo que habría que añadir estos 59 millones del canon abonado que pretendía recuperar.
Una interpretación «unilateral» del contrato
En un contundente informe, el Consejo Consultivo de Canarias -que preside el exconcejal chicharrero, exdiputado del PP y abogado Pablo Matos- deja claro que «la cantidad abonada por SACYR correspondiente al canon era parte del precio del contrato».
El Consultivo asegura que el Consejo de Administración de Emmasa (en el que está representado el Ayuntamiento, pues conserva un 5% de las acciones) hizo en 2007 «una interpretación unilateral» del contrato con el consistorio, «sin solicitar la incoación del preceptivo procedimiento», y la comenzó a aplicar.
El órgano consultivo autonómico desmonta además las tesis de Sacyr y del abogado que contrataron para adoptar en 2007 el acuerdo en el Consejo de Administración de Emmasa y defenderse también ahora, el catedrático de Derecho Administrativo Francisco Villar, en el sentido de que se trataba de un «canon demanial» cuando en realidad es un «canon por el uso de la red municipal de saneamiento» o por utilización de los bienes adscritos al servicio.
A partir de esta caracterización erróneadel jurista se considera al canon abonado por SACYR como una tasa, pero, como señala el Consultivo, un canon demanial se aplica a las concesiones de dominio público, pero no a las de servicio público. En resumidas cuentas, según el Consultivo, «se deduce con claridad que la cantidad abonada por SACYR correspondiente al canon era parte del precio del contrato» y no tenía, por tanto que serle devuelto.
«La posibilidad de que el adjudicatario pudiera recuperar esos 59 millones no se refleja en su oferta que sirvió de base a la adjudicación del contrato. En definitiva, el pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas es claro, por lo que su interpretación no lleva en ningún caso a la conclusión defendida por el socio privado adjudicatario del contrato, ya se utilice el criterio de interpretación literal, ya se emplee el criterio histórico, sistemático o teleológico, pues en todos los casos la conclusión es la misma», concluye el dictamen del Consultivo, que lleva fecha del 25 de enero de 2021.
Los indebidos pagos anuales indebidos del Ayuntamiento a Emmasa para transferirlos a Sacyr pasaron desapercibidos hasta que una asesoría externa, ASSAP, por encargo de un servicio administrativo municipal descubrió la irregularidad, con motivo de sus informes sobre Emmasa correspondientes al año 2016 elaborados en octubre de 2018. Fue entonces cuando estos auditores previnieron al consistorio de no haber encontrado evidencia completa que permitiera confirmar la naturaleza y efecto de la deuda de Emmasa con SACYR.
El gobierno CC-PP afirma que exigirá a Sacyr el reintegro de los casi 30 millones
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez (CC), acompañado por el primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Guillermo Díaz Guerra (PP), comparecieron este miércoles en rueda de prensa para informar de que ya se han dado las instrucciones para que, «de manera definitiva, no se abone cantidad alguna y se proceda a la devolución desde la empresa Sacyr a EMMASA de las cantidades pagadas, que rondan los 30 millones de euros”.
Díaz Guerra expuso que fue el Servicio Administrativo [de Gestión y Control de Servicios Públicos] el que le encargó a una auditora externa que revisara las cuentas de EMMASA, precisamente en el año 2018, y añadió que “en ese momento, al no satisfacer las explicaciones de la empresa, se decide de manera cautelar dejar de abonar esa cantidad y se inicia el expediente que culminó con el dictamen”.
«En marzo de 2019, se solicitó a la empresa de aguas que justificara el soporte documental de la deuda, objetivo similar al de un informe, ya en mayo de 2020, que reiteró que no existe documento alguno que sostenga esta tesis, y que el reconocimiento por parte de EMMASA de una deuda en favor de Sacyr por dicho importe fue tomada de manera unilateral y sin sustento contractual», relató el edil.
El PSOE se atribuye el mérito de impedir que siga «el expolio» de Emmasa por Sacyr
La líder del PSOE en Santa Cruz, Patricia Hernández explicó en un comunicado que el dictamen del Consejo Consultivo «dejan claro que estos pagos no tienen base legal y viene a dar la razón al grupo socialista, que denunció durante su etapa de gobierno que se había estado produciendo un expolio a las arcas públicas a razón de 2,3 millones de euros al año».
«Ha quedado constatado que esos pagos han supuesto un expolio a Emmasa por parte de Sacyr y que hasta que llegamos al gobierno nadie actuó para remediarlo”, subrayó Hernández, que añadió que el Bermúdez «siempre ha mirado para otro lado, acorralado por los poderosos».
La edil socialista apuntó que el dictamen da la razón a los socialistas en su defensa del interés general y recordó que en el momento más duro de la anterior crisis económica, mientras 2,3 millones de euros se iban por el sumidero directos a Sacyr, el alcalde, presionado por Sacyr, intentó subir el agua a los ciudadanos de Santa Cruz por un supuesto “desequilibrio” en las cuentas de la empresa. Un desequilibrio que, de no haber existido ese pago, no se hubiese producido nunca.
A juicio del PSOE, no solo procede anular el pago sino reclamar lo que, de manera indebida, ha cobrado Sacyr en todos estos años, unos 30 millones de euros. “Y si Sacyr se negara, deben ir a reclamarlo al Mercantil”, remató Hernández.
En este sentido, el concejal socialista José Ángel Martín indicó que “ha hecho falta que gobernase un equipo sin ningún interés oculto para recuperar lo expoliado a los chicharreros y chicharreros y defender el interés general; ocurrió con el dinero recuperado de Las Teresitas, ahora con Sacyr y también con la gestión de los parkings de Meridiano y Corte Inglés”, subrayó.
Unidas Podemos apunta a la vía penal y pide la remunicipalizacion de Emmasa
Por su parte, Ramón Trujillo, portavoz municipal de Unidas Podemos -grupo que ha puesto este asunto ya en la vía penal- afirma en un comunicado que el dictamen del Consejo Consultivo «denuncia que, durante años, se han estado haciendo pagos millonarios a Sacyr, que salían de los bolsillos de los vecinos y vecinas de Santa Cruz, sin que hubiera base legal, sin que tal circunstancia fuera conocida y pese a tratarse de una empresa que, como adjudicataria, logró acordar un nivel de beneficios legales absolutamente espectacular y abusiv»o.
«La privatización de la gestión del agua, llevada a cabo por Coalición Canaria, ha sido una manera de obligar a la ciudadanía a poner decenas de millones de euros en la cuenta de resultados de una gran empresa privada, pese a que ese coste multimillonario no existía cuando la empresa era pública, daba beneficios y prestaba un buen servicio», señala Trujillo en un comunicado.
El edil considera que el Ayuntamiento debe plantearse la remunicipalización de EMMASA «después de haber pagado tanto dinero sin fundamento legal, haber tenido que intervenirla por la mala gestión, haber sufrido unos gastos enormes, nunca cuantificados, para tratar de controlarla y después de todos los incumplimientos de lo establecido en los pliegos y en la oferta de Sacyr que se han producido durante años».
Trujillo recuerda que el Consejo Consultivo emitió el Dictamen 440/2020, el pasado día 30 de octubre, afirmando que no podía dictaminar sobre la cuestión ahora resuelta porque no les habían remitido dos informes preceptivos desde el Ayuntamiento. Asimismo, el organismo se quejó de que se remitieran documentos repetidos en distintos archivos electrónicos y que se mezclaran distintos documentos en un mismo archivo.
Al recibirlo así el Consejo afirmó que se demoraba en exceso en su tarea y se les complicaba el seguimiento del expediente. «Se trató de una llamada de atención al Ayuntamiento que produce vergüenza ajena”, señala el portavoz de la alianza de izquierdas.
