PLANETA CANARIO
La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Canarias (EAPN Canarias) entregó este viernes 17 de octubre al Parlamento de Canarias el XV Informe El Estado de la Pobreza. Canarias, 2025, con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
El estudio, elaborado por EAPN-ES y basado en los datos más recientes de la Encuesta de Condiciones de Vida (INE, 2024), ofrece una radiografía detallada sobre la evolución de la pobreza y la exclusión social en las islas y su comparación con el resto del Estado.
En Canarias, 695.402 personas (el 31,2% de la población) están en riesgo de pobreza y/o exclusión social (tasa AROPE). Aunque la cifra mejora 2,6 puntos porcentuales respecto a 2023 (la cuarta reducción más significativa del país), las Islas continúan siendo la quinta comunidad autónoma con mayor tasa AROPE, solo por detrás de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia.
La brecha con la media estatal sigue siendo considerable: mientras en el conjunto del Estado la tasa AROPE se sitúa en el 25,8%, Canarias la supera en 5,4 puntos porcentuales.
Indicadores que mejoran, pero con profundas desigualdades
El XV Informe El Estado de la Pobreza destaca que Canarias ha experimentado una mejora generalizada en los principales indicadores de pobreza, aunque persisten desequilibrios estructurales que impiden una recuperación homogénea.
La tasa de pobreza alcanza el 24,6% de la población, lo que equivale a 550.728 personas que viven con ingresos por debajo del umbral de pobreza (965€ al mes por unidad de consumo). A nivel estatal, esta tasa es del 19,7%, lo que evidencia una brecha de casi cinco puntos entre Canarias y la media nacional.
El 10,6 % de la población canaria se encuentra en pobreza severa, casi dos puntos por encima de la media estatal. Esto significa que unas 225.000 personas viven con ingresos inferiores a 644€ al mes, es decir, por debajo del umbral que marca la pobreza más extrema.
La carencia material y social severa (CMSS), que mide la imposibilidad de acceder a determinados bienes y servicios básicos, afecta al 10,8% de la población canaria, unas 241.785 personas, frente al 8,3 % en el conjunto de España. Aunque este indicador mejora ligeramente respecto a 2023 (11 %), sigue reflejando la vulnerabilidad de muchos hogares.
En cuanto a la baja intensidad en el empleo (BITH) -personas que viven en hogares donde se trabaja menos del 20 % del potencial total de empleo-, la tasa desciende al 10,4%, lo que equivale a 232.830 personas. Este descenso de 3,9 puntos respecto a 2023 (14,3 %) convierte a Canarias en una de las comunidades con mayor reducción del indicador, aunque todavía se mantiene por encima de la media nacional (8%).
Uno de los datos más positivos es el de la pobreza energética, que se reduce casi 10 puntos: pasa del 27,6 % en 2023 al 18% en 2024, lo que supone que unas 403.000 personas no pueden mantener su vivienda a una temperatura adecuada.
A pesar de esta mejora, la realidad económica sigue siendo precaria: el 57,4 % de la población (1,28 millones de personas) declara tener dificultades para llegar a fin de mes, frente al 47,4% de media estatal y el 48,9% no puede hacer frente a gastos imprevistos.
El 40% de los menores viven en riesgo de pobreza o exclusión
El informe constata que la pobreza tiene un fuerte sesgo de género y edad.
- La pobreza afecta al 25,6% de las mujeres (unas 363.000), dos puntos más que entre los hombres (23,6%).
- La pobreza infantil sigue siendo alarmante: el 40,2% de los niños, niñas y adolescentes de Canarias (unos 91.000) viven en riesgo de pobreza o exclusión social, una de las tasas más altas del Estado.
- Entre las personas mayores de 65 años, la pobreza se sitúa en torno al 23,4 %, lo que refleja cierta mejora gracias al efecto de las pensiones y las prestaciones sociales.
- La pobreza entre la población desempleada alcanza el 60,8%, mientras que entre quienes tienen alguna discapacidad asciende al 42,3%.
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La vivienda, un factor de empobrecimiento
El informe dedica un apartado específico a la crisis de la vivienda, identificándola como uno de los factores más determinantes en los procesos de pobreza y exclusión social.
Entre 2014 y 2024, el precio medio de los alquileres en Canarias ha aumentado un 68,1%, muy por encima del incremento estatal (39,3 %) y del aumento medio de las cuotas hipotecarias (20,1 %).
El 17,7 % de la población (casi 400.000 personas) declara haber tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal o en compras a plazos.
Crecimiento económico sin redistribución: la pobreza estructural persiste
Según el Informe de EAPN-ES, el carácter estructural de la pobreza en España y en sus comunidades autónomas demuestra que el crecimiento económico por sí solo no basta para reducir la desigualdad.
En los últimos años, el PIB y el empleo han crecido tanto en Canarias como en el conjunto del Estado, pero la mejora de los datos macroeconómicos no se traduce de forma proporcional en una reducción de la pobreza.
Fernando Rodríguez, vicepresidente de EAPN Canarias, en rueda de prensa. / EAPN CANARIAS El informe destaca la importancia del Estado del bienestar y las políticas redistributivas: en 2024, las ayudas y prestaciones sociales, incluidas las pensiones, evitaron que 11,1 millones de personas entraran en situación de pobreza en España y 359.000 en Canarias. Sin embargo, su eficacia varía de una comunidad a otra.
Canarias, Murcia y Asturias parten de niveles de vulnerabilidad similares (con tasas de pobreza potencial cercanas al 47-48 % sin ayudas), pero tras la acción de las políticas públicas, los resultados son muy dispares: Asturias reduce su tasa al 15,6 %, mientras que Canarias la mantiene en el 24,6 % y Murcia en el 26 %.
Este viernes, Esther Gálvez, presidenta de EAPN Canarias y Laura Hernández, vocal de EAPN Canarias, entregaron el informe a la presidenta del Parlamento canario, Astrid Pérez. El documento fue desglosado a los medios de comunicación por el vicepresidente de EAPN Canarias, Fernando Rodríguez..
Pacto de Estado contra la pobreza
La presidenta del Parlamento canario, con representantes de EAPN Canarias. / WWW.PARCAN.ES EAPN Canarias y EAPN-ES advierten que la pobreza y la exclusión social son fenómenos estructurales y persistentes, que requieren respuestas estables y coordinadas entre administraciones.
La Red realiza una serie de propuestas para reducir las situaciones de pobreza y exclusión social en Canarias:"> - Diseñar políticas integrales de pobreza. Donde se tengan en cuenta todas las administraciones públicas con competencias en materia de pobreza y todos los niveles de la administración. Se necesita un acuerdo amplio y a largo plazo en forma de “Pacto de Estado contra la Pobreza”.
- Mejorar y desarrollar los mecanismos de implantación de políticas públicas que tienen que ver con: la garantía de rentas dignas en todas las etapas de la vida, el acceso y mantenimiento de la vivienda y la mejora de los servicios públicos como la educación, la sanidad, el empleo y los servicios sociales, en especial de las personas con mayor vulnerabilidad. En este sentido, EAPN Canarias reclama el refuerzo de las políticas autonómicas de garantía de rentas, especialmente la Renta Canaria de Ciudadanía, cuya aplicación aún no ha desplegado plenamente sus complementos en materia de vivienda, pensiones no contributivas y educación.
- Intensificar las políticas de protección social para alcanzar los objetivos marcados por la Agenda 2030, impulsando políticas sociales estructurales, que se consoliden como parte de los derechos sociales propios de un estado de bienestar y no solo respondan a situaciones de emergencia.
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Una década de avances, pero con retos estructurales
El XV Informe El Estado de la Pobreza muestra que, entre 2015 y 2024, Canarias ha logrado reducir su tasa AROPE en 7,2 puntos porcentuales (del 38,4% al 31,2%), lo que supone que unas 110.000 personas han salido del riesgo de pobreza o exclusión social. Sin embargo, este avance aún no es suficiente para cumplir con los objetivos de la Agenda 2030, que plantea reducir a la mitad la tasa AROPE de 2015.
La mejora en la renta media por persona (que ha pasado de 12.177 euros en 2023 a 13.372 euros en 2024, un incremento del 9,8 %) no se distribuye de forma equitativa: el aumento se concentra en los tramos de renta más altos, lo que provoca un repunte del índice de desigualdad de Gini (31,6 puntos).
