PLANETA CANARIO
La gestión de la inmigración irregular que lleva a cabo el Gobierno estatal desde el pasado año no gusta a casi nadie, ni por la izquierda ni por la derecha. Incluso Sí Podemos Canarias en Tenerife (alianza que cogobierna España con el PSOE) y la confluencia en La Laguna Unidas Se Puede (de la que también forma parte Podemos) han mostrado duras críticas al Ejecutivo central, que integran el PSOE y la propia formación morada.
Pôr si fuera poco, los 400 inmigrantes que se encuentran en el centro creado por el Ministerio del Migraciones en el antiguo Colegio León (Gran Canaria) han anunciado una inminente huelga de hambre, en principio de 24 horas, para quejarse de que no se les permita viajar al continente europeo así como algunos brotes de racismo en el entorno donde se ubican estas instalaciones.
Los nuevos campamentos para inmigrantes llegados en pateras habilitados en Gran Canaria (dos en Las Palmas de Gran Canaria) y Tenerife (La Laguna) ya han sufrido los rigores del invierno y están siendo cuestionados por no ser adecuados para este fin -pues les ha entrado agua con las últimas lluvias a algunas carpas (en el centro situado en La Isleta, denominado Canarias 50, se llegó a anegar).
Otras voces (partidos políticos, patronales hoteleras y muchas personas en las redes sociales) han reprochado al Gobierno estatal que alojara a miles de inmigrantes en hoteles, en lugar de tener habilitados centros de acogida para este fin fuera de las zonas turísticas, para su posterior derivación al contienente europeo o, en su caso, repatriación.
Crisis económica y brotes xenófobos
A esto se une la constante llegada de embarcaciones clandestinas desde África y el hecho de que son miles los que cada mes llegan a Canarias de este modo, arriesgando su vida ( se calcula que 1.800 han podido morir), y su deseo de continuar hacia el continente europeo para intentar trabajar o reunirse con familiares, aunque una parte es repatriada (el Ministerio del Interior ha contratado servicios de aviones civiles para este fin).
En medio de estas circunstancias, crecen las muestras de xenofobia en Canarias en las redes sociales, favorecida por la atroz crisis que sufre la economía canaria debido a la pandemia y la casi paralización del sector turístico desde marzo del pasado año.
Los datos oficiales: no hay más delitos por la ola migratoria
En las zonas donde se acogen más inmigrantes, sectores de la población se han quejado de peleas, robos y agresiones por parte de estas personas llegadas en pateras, aunque la Delegación del Gobierno las ha calificado de hechos aislados y ha asegurado que las cifras de delincuencia en Canarias no han aumentado por este fenómeno migratorio.
«Los datos reflejan que Canarias no vive una situación de excepcionalidad en lo que se refiere a la seguridad ciudadana. De hecho, en el Archipiélago cerramos 2020 como el año de los últimos cuatro con una menor tasa de criminalidad. Se ha producido además un descenso generalizado en todas las infracciones penales, en consonancia con la tónica general del resto del territorio nacional”, afirmó esta semana el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana.
Huelga de hambre en el campamento del colegio León
En este contexto, los inmigrantes acogidos en el centro del Colegio León piden al Consulado de Marruecos que agilice la tramitación de sus pasaportes, con los que pretende viajar a Europa.
«Vinimos a trabajar, a mejorar nuestro estatus social y contribuir a la economía europea, requerimos abogados, además del que trabaja y supervisa los archivos» en este campamento que gestiona la ONG Cruz Blanca, afirman en su escrito de protesta.
Esta fundación denunció en su página web las agresiones sufridas por inmigrantes en el barrio de El Lasso de la capital grancanaria: «En tan solo cinco días, siete hombres marroquíes de entre 18 y 45 años han sido agredidos en las inmediaciones de centros de acogida. Tres de ellos ya han interpuesto denuncia»
Filtraciones de agua y frío en el campamento de Las Raíces, con denuncia de Sí Podemos
Entretanto, Sí Podemos Canarias (Si se puede y Podemos) en el Cabildo de Tenerife ha exigido al Gobierno estatal «una acogida digna a las personas que llegan a nuestro país, con pleno respeto a los derechos humanos», pues sostiene que «Canarias no puede ser usada por el Estado como base para establecer sus campamentos».
