PLANETA CANARIO
El Gobierno de Canarias ha exigido al Ejecutivo estatal que asuma sus competencias en inmigración irregular y ponga más medios para la vigilancia exterior así como espacios para la atención humanitaria a quienes arriban en pateras a las costas de las islas, cuyo número se ha multiplicado por siete en lo que va de año con respecto a 2019.
Así se lo han planteado el jefe del Ejecutivo regional, Ángel Víctor Torres, al Gobierno de España durante una reunión sectorial telemática este miércoles, 5 de agosto, en la que han participado, por parte estatal el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá; la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias; la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul; y el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana. Han acompañado a Torres los respectivos consejeros de Derechos Sociales, Sanidad y Noemí Santana, Blas Trujillo y Julio Pérez.
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha descrito esta ola de pateras como “un drama humanitario global en el que las personas, huyendo del hambre o de los conflictos, se juegan la vida en el mar. Algo que se agrava aún más por la pandemia.”
El Gobierno regional explica en una nota de prensa que reclamó al Estado que busque espacios para la atención de estas personas, ya que “la mayoría de los espacios ocupados actualmente para tal efecto son de titularidad autonómica o de las administraciones locales”.
Son 27 las infraestructuras cedidas por Canarias y “muchas tendrán que recuperarse para el comienzo de la actividad a partir de septiembre, por eso es urgente habilitar otros lugares de los que dispone el Gobierno de España”, advirtió Torres.
Esta cumbre entre gobiernos se produce en medio de la tensión en el pueblo de Tunte, a 900 metros de altitud y de unos 650 habitantes, por la decisión de la Delegación del Gobierno de enviar a su antigua residencia escolar a 71 inmigrantes, 12 de ellos con Covid-19.
El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana se ha opuesto a esta medida, porque no fue consultado al respecto, y un centenar de vecinos llegó a manifestarse y a colocar barricadas en la carretera para que no pasaran la guagua con los inmigrantes. Finalmente, este miércoles la Policía Nacional logró que pasaran 27 sin papeles.
No obstante, hay que aclarar que el sentir de muchos vecinos no es contrario a la presencia de subsaharianos, dado que desde hace meses el pueblo ya acoge a 80 en dicho inmueble, algunos de los cuales se han integrado en el vecindario. Lo que rechazan es que se traslade a otros centros de la isla a este grupo y se use el barrio para poner en cuarentena a quienes hayan dado positivo en la prueba del coronarivus.
Discrepancias sobre el protocolo
El presidente autonómico anunció en rueda de prensa que el ministro Escrivá visitará las Islas a principios de septiembre para comprobar in situ la situación y negociar los protocolos sanitarios para la atención de migrantes irregulares con la COVID-19.
Sobre este asunto, el presidente de Canarias expuso no estar de acuerdo con la disposición quinta del protocolo propuesto por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, donde se establece que para la atención a los migrantes se podrían usar los fondos de la COVID-19.
Al respecto, Torres defendió que “cuando se aprobó el fondo no reembolsable, los criterios de reparto eran claros, y en ningún caso se habló de un reparto económico en función de qué comunidades atienden más la migración irregular”.
El jefe del Ejecutivo canario también mostró su disconformidad porque en el último borrador propuesto por el ministerio se establecía que la autoridad sanitaria autonómica fuera la responsable de buscar espacios a las personas migrantes que dieran positivo y a todos aquellos con los que hubiera tenido un contacto estrecho.
Ante los medios de comunicación, Torres explicó que “esa es una competencia del Gobierno de España, y por eso hoy hemos acordado que volveremos a reunirnos para cerrar un protocolo de cogestión”.
El Archipiélago fue la primera comunidad en realizar PCR a las personas que llegaban de forma irregular, apuntó el gobernante autonómico, y remarcó que “Canarias siempre atenderá en sus hospitales a quienes lo necesiten, sean quien sean, vengan de donde vengan”.
PLANETA CANARIO
El Gobierno de Canarias ha exigido al Ejecutivo estatal que asuma sus competencias en inmigración irregular y ponga más medios para la vigilancia exterior así como espacios para la atención humanitaria a quienes arriban en pateras a las costas de las islas, cuyo número se ha multiplicado por siete en lo que va de año con respecto a 2019.
Así se lo han planteado el jefe del Ejecutivo regional, Ángel Víctor Torres, al Gobierno de España durante una reunión sectorial telemática este miércoles, 5 de agosto, en la que han participado, por parte estatal el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá; la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias; la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul; y el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana. Han acompañado a Torres los respectivos consejeros de Derechos Sociales, Sanidad y Noemí Santana, Blas Trujillo y Julio Pérez.
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha descrito esta ola de pateras como “un drama humanitario global en el que las personas, huyendo del hambre o de los conflictos, se juegan la vida en el mar. Algo que se agrava aún más por la pandemia.”
El Gobierno regional explica en una nota de prensa que reclamó al Estado que busque espacios para la atención de estas personas, ya que “la mayoría de los espacios ocupados actualmente para tal efecto son de titularidad autonómica o de las administraciones locales”.
Son 27 las infraestructuras cedidas por Canarias y “muchas tendrán que recuperarse para el comienzo de la actividad a partir de septiembre, por eso es urgente habilitar otros lugares de los que dispone el Gobierno de España”, advirtió Torres.
Esta cumbre entre gobiernos se produce en medio de la tensión en el pueblo de Tunte, a 900 metros de altitud y de unos 650 habitantes, por la decisión de la Delegación del Gobierno de enviar a su antigua residencia escolar a 71 inmigrantes, 12 de ellos con Covid-19.
El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana se ha opuesto a esta medida, porque no fue consultado al respecto, y un centenar de vecinos llegó a manifestarse y a colocar barricadas en la carretera para que no pasaran la guagua con los inmigrantes. Finalmente, este miércoles la Policía Nacional logró que pasaran 27 sin papeles.
No obstante, hay que aclarar que el sentir de muchos vecinos no es contrario a la presencia de subsaharianos, dado que desde hace meses el pueblo ya acoge a 80 en dicho inmueble, algunos de los cuales se han integrado en el vecindario. Lo que rechazan es que se traslade a otros centros de la isla a este grupo y se use el barrio para poner en cuarentena a quienes hayan dado positivo en la prueba del coronarivus.
Discrepancias sobre el protocolo
El presidente autonómico anunció en rueda de prensa que el ministro Escrivá visitará las Islas a principios de septiembre para comprobar in situ la situación y negociar los protocolos sanitarios para la atención de migrantes irregulares con la COVID-19.
Sobre este asunto, el presidente de Canarias expuso no estar de acuerdo con la disposición quinta del protocolo propuesto por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, donde se establece que para la atención a los migrantes se podrían usar los fondos de la COVID-19.
Al respecto, Torres defendió que “cuando se aprobó el fondo no reembolsable, los criterios de reparto eran claros, y en ningún caso se habló de un reparto económico en función de qué comunidades atienden más la migración irregular”.
El jefe del Ejecutivo canario también mostró su disconformidad porque en el último borrador propuesto por el ministerio se establecía que la autoridad sanitaria autonómica fuera la responsable de buscar espacios a las personas migrantes que dieran positivo y a todos aquellos con los que hubiera tenido un contacto estrecho.
Ante los medios de comunicación, Torres explicó que “esa es una competencia del Gobierno de España, y por eso hoy hemos acordado que volveremos a reunirnos para cerrar un protocolo de cogestión”.
El Archipiélago fue la primera comunidad en realizar PCR a las personas que llegaban de forma irregular, apuntó el gobernante autonómico, y remarcó que “Canarias siempre atenderá en sus hospitales a quienes lo necesiten, sean quien sean, vengan de donde vengan”.
PLANETA CANARIO
El Gobierno de Canarias ha exigido al Ejecutivo estatal que asuma sus competencias en inmigración irregular y ponga más medios para la vigilancia exterior así como espacios para la atención humanitaria a quienes arriban en pateras a las costas de las islas, cuyo número se ha multiplicado por siete en lo que va de año con respecto a 2019.
Así se lo han planteado el jefe del Ejecutivo regional, Ángel Víctor Torres, al Gobierno de España durante una reunión sectorial telemática este miércoles, 5 de agosto, en la que han participado, por parte estatal el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá; la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias; la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul; y el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana. Han acompañado a Torres los respectivos consejeros de Derechos Sociales, Sanidad y Noemí Santana, Blas Trujillo y Julio Pérez.
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha descrito esta ola de pateras como “un drama humanitario global en el que las personas, huyendo del hambre o de los conflictos, se juegan la vida en el mar. Algo que se agrava aún más por la pandemia.”
El Gobierno regional explica en una nota de prensa que reclamó al Estado que busque espacios para la atención de estas personas, ya que “la mayoría de los espacios ocupados actualmente para tal efecto son de titularidad autonómica o de las administraciones locales”.
Son 27 las infraestructuras cedidas por Canarias y “muchas tendrán que recuperarse para el comienzo de la actividad a partir de septiembre, por eso es urgente habilitar otros lugares de los que dispone el Gobierno de España”, advirtió Torres.
Esta cumbre entre gobiernos se produce en medio de la tensión en el pueblo de Tunte, a 900 metros de altitud y de unos 650 habitantes, por la decisión de la Delegación del Gobierno de enviar a su antigua residencia escolar a 71 inmigrantes, 12 de ellos con Covid-19.
El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana se ha opuesto a esta medida, porque no fue consultado al respecto, y un centenar de vecinos llegó a manifestarse y a colocar barricadas en la carretera para que no pasaran la guagua con los inmigrantes. Finalmente, este miércoles la Policía Nacional logró que pasaran 27 sin papeles.
No obstante, hay que aclarar que el sentir de muchos vecinos no es contrario a la presencia de subsaharianos, dado que desde hace meses el pueblo ya acoge a 80 en dicho inmueble, algunos de los cuales se han integrado en el vecindario. Lo que rechazan es que se traslade a otros centros de la isla a este grupo y se use el barrio para poner en cuarentena a quienes hayan dado positivo en la prueba del coronarivus.
Discrepancias sobre el protocolo
El presidente autonómico anunció en rueda de prensa que el ministro Escrivá visitará las Islas a principios de septiembre para comprobar in situ la situación y negociar los protocolos sanitarios para la atención de migrantes irregulares con la COVID-19.
Sobre este asunto, el presidente de Canarias expuso no estar de acuerdo con la disposición quinta del protocolo propuesto por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, donde se establece que para la atención a los migrantes se podrían usar los fondos de la COVID-19.
Al respecto, Torres defendió que “cuando se aprobó el fondo no reembolsable, los criterios de reparto eran claros, y en ningún caso se habló de un reparto económico en función de qué comunidades atienden más la migración irregular”.
El jefe del Ejecutivo canario también mostró su disconformidad porque en el último borrador propuesto por el ministerio se establecía que la autoridad sanitaria autonómica fuera la responsable de buscar espacios a las personas migrantes que dieran positivo y a todos aquellos con los que hubiera tenido un contacto estrecho.
Ante los medios de comunicación, Torres explicó que “esa es una competencia del Gobierno de España, y por eso hoy hemos acordado que volveremos a reunirnos para cerrar un protocolo de cogestión”.
El Archipiélago fue la primera comunidad en realizar PCR a las personas que llegaban de forma irregular, apuntó el gobernante autonómico, y remarcó que “Canarias siempre atenderá en sus hospitales a quienes lo necesiten, sean quien sean, vengan de donde vengan”.
PLANETA CANARIO
El Gobierno de Canarias ha exigido al Ejecutivo estatal que asuma sus competencias en inmigración irregular y ponga más medios para la vigilancia exterior así como espacios para la atención humanitaria a quienes arriban en pateras a las costas de las islas, cuyo número se ha multiplicado por siete en lo que va de año con respecto a 2019.
Así se lo han planteado el jefe del Ejecutivo regional, Ángel Víctor Torres, al Gobierno de España durante una reunión sectorial telemática este miércoles, 5 de agosto, en la que han participado, por parte estatal el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá; la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias; la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul; y el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana. Han acompañado a Torres los respectivos consejeros de Derechos Sociales, Sanidad y Noemí Santana, Blas Trujillo y Julio Pérez.
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha descrito esta ola de pateras como “un drama humanitario global en el que las personas, huyendo del hambre o de los conflictos, se juegan la vida en el mar. Algo que se agrava aún más por la pandemia.”
El Gobierno regional explica en una nota de prensa que reclamó al Estado que busque espacios para la atención de estas personas, ya que “la mayoría de los espacios ocupados actualmente para tal efecto son de titularidad autonómica o de las administraciones locales”.
Son 27 las infraestructuras cedidas por Canarias y “muchas tendrán que recuperarse para el comienzo de la actividad a partir de septiembre, por eso es urgente habilitar otros lugares de los que dispone el Gobierno de España”, advirtió Torres.
Esta cumbre entre gobiernos se produce en medio de la tensión en el pueblo de Tunte, a 900 metros de altitud y de unos 650 habitantes, por la decisión de la Delegación del Gobierno de enviar a su antigua residencia escolar a 71 inmigrantes, 12 de ellos con Covid-19.
El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana se ha opuesto a esta medida, porque no fue consultado al respecto, y un centenar de vecinos llegó a manifestarse y a colocar barricadas en la carretera para que no pasaran la guagua con los inmigrantes. Finalmente, este miércoles la Policía Nacional logró que pasaran 27 sin papeles.
No obstante, hay que aclarar que el sentir de muchos vecinos no es contrario a la presencia de subsaharianos, dado que desde hace meses el pueblo ya acoge a 80 en dicho inmueble, algunos de los cuales se han integrado en el vecindario. Lo que rechazan es que se traslade a otros centros de la isla a este grupo y se use el barrio para poner en cuarentena a quienes hayan dado positivo en la prueba del coronarivus.
Discrepancias sobre el protocolo
El presidente autonómico anunció en rueda de prensa que el ministro Escrivá visitará las Islas a principios de septiembre para comprobar in situ la situación y negociar los protocolos sanitarios para la atención de migrantes irregulares con la COVID-19.
Sobre este asunto, el presidente de Canarias expuso no estar de acuerdo con la disposición quinta del protocolo propuesto por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, donde se establece que para la atención a los migrantes se podrían usar los fondos de la COVID-19.
Al respecto, Torres defendió que “cuando se aprobó el fondo no reembolsable, los criterios de reparto eran claros, y en ningún caso se habló de un reparto económico en función de qué comunidades atienden más la migración irregular”.
El jefe del Ejecutivo canario también mostró su disconformidad porque en el último borrador propuesto por el ministerio se establecía que la autoridad sanitaria autonómica fuera la responsable de buscar espacios a las personas migrantes que dieran positivo y a todos aquellos con los que hubiera tenido un contacto estrecho.
Ante los medios de comunicación, Torres explicó que “esa es una competencia del Gobierno de España, y por eso hoy hemos acordado que volveremos a reunirnos para cerrar un protocolo de cogestión”.
El Archipiélago fue la primera comunidad en realizar PCR a las personas que llegaban de forma irregular, apuntó el gobernante autonómico, y remarcó que “Canarias siempre atenderá en sus hospitales a quienes lo necesiten, sean quien sean, vengan de donde vengan”.
PLANETA CANARIO
El Gobierno de Canarias ha exigido al Ejecutivo estatal que asuma sus competencias en inmigración irregular y ponga más medios para la vigilancia exterior así como espacios para la atención humanitaria a quienes arriban en pateras a las costas de las islas, cuyo número se ha multiplicado por siete en lo que va de año con respecto a 2019.
Así se lo han planteado el jefe del Ejecutivo regional, Ángel Víctor Torres, al Gobierno de España durante una reunión sectorial telemática este miércoles, 5 de agosto, en la que han participado, por parte estatal el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá; la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias; la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul; y el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana. Han acompañado a Torres los respectivos consejeros de Derechos Sociales, Sanidad y Noemí Santana, Blas Trujillo y Julio Pérez.
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha descrito esta ola de pateras como “un drama humanitario global en el que las personas, huyendo del hambre o de los conflictos, se juegan la vida en el mar. Algo que se agrava aún más por la pandemia.”
El Gobierno regional explica en una nota de prensa que reclamó al Estado que busque espacios para la atención de estas personas, ya que “la mayoría de los espacios ocupados actualmente para tal efecto son de titularidad autonómica o de las administraciones locales”.
Son 27 las infraestructuras cedidas por Canarias y “muchas tendrán que recuperarse para el comienzo de la actividad a partir de septiembre, por eso es urgente habilitar otros lugares de los que dispone el Gobierno de España”, advirtió Torres.
Esta cumbre entre gobiernos se produce en medio de la tensión en el pueblo de Tunte, a 900 metros de altitud y de unos 650 habitantes, por la decisión de la Delegación del Gobierno de enviar a su antigua residencia escolar a 71 inmigrantes, 12 de ellos con Covid-19.
El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana se ha opuesto a esta medida, porque no fue consultado al respecto, y un centenar de vecinos llegó a manifestarse y a colocar barricadas en la carretera para que no pasaran la guagua con los inmigrantes. Finalmente, este miércoles la Policía Nacional logró que pasaran 27 sin papeles.
No obstante, hay que aclarar que el sentir de muchos vecinos no es contrario a la presencia de subsaharianos, dado que desde hace meses el pueblo ya acoge a 80 en dicho inmueble, algunos de los cuales se han integrado en el vecindario. Lo que rechazan es que se traslade a otros centros de la isla a este grupo y se use el barrio para poner en cuarentena a quienes hayan dado positivo en la prueba del coronarivus.
Discrepancias sobre el protocolo
El presidente autonómico anunció en rueda de prensa que el ministro Escrivá visitará las Islas a principios de septiembre para comprobar in situ la situación y negociar los protocolos sanitarios para la atención de migrantes irregulares con la COVID-19.
Sobre este asunto, el presidente de Canarias expuso no estar de acuerdo con la disposición quinta del protocolo propuesto por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, donde se establece que para la atención a los migrantes se podrían usar los fondos de la COVID-19.
Al respecto, Torres defendió que “cuando se aprobó el fondo no reembolsable, los criterios de reparto eran claros, y en ningún caso se habló de un reparto económico en función de qué comunidades atienden más la migración irregular”.
El jefe del Ejecutivo canario también mostró su disconformidad porque en el último borrador propuesto por el ministerio se establecía que la autoridad sanitaria autonómica fuera la responsable de buscar espacios a las personas migrantes que dieran positivo y a todos aquellos con los que hubiera tenido un contacto estrecho.
Ante los medios de comunicación, Torres explicó que “esa es una competencia del Gobierno de España, y por eso hoy hemos acordado que volveremos a reunirnos para cerrar un protocolo de cogestión”.
El Archipiélago fue la primera comunidad en realizar PCR a las personas que llegaban de forma irregular, apuntó el gobernante autonómico, y remarcó que “Canarias siempre atenderá en sus hospitales a quienes lo necesiten, sean quien sean, vengan de donde vengan”.
PLANETA CANARIO
El Gobierno de Canarias ha exigido al Ejecutivo estatal que asuma sus competencias en inmigración irregular y ponga más medios para la vigilancia exterior así como espacios para la atención humanitaria a quienes arriban en pateras a las costas de las islas, cuyo número se ha multiplicado por siete en lo que va de año con respecto a 2019.
Así se lo han planteado el jefe del Ejecutivo regional, Ángel Víctor Torres, al Gobierno de España durante una reunión sectorial telemática este miércoles, 5 de agosto, en la que han participado, por parte estatal el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá; la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias; la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul; y el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana. Han acompañado a Torres los respectivos consejeros de Derechos Sociales, Sanidad y Noemí Santana, Blas Trujillo y Julio Pérez.
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha descrito esta ola de pateras como “un drama humanitario global en el que las personas, huyendo del hambre o de los conflictos, se juegan la vida en el mar. Algo que se agrava aún más por la pandemia.”
El Gobierno regional explica en una nota de prensa que reclamó al Estado que busque espacios para la atención de estas personas, ya que “la mayoría de los espacios ocupados actualmente para tal efecto son de titularidad autonómica o de las administraciones locales”.
Son 27 las infraestructuras cedidas por Canarias y “muchas tendrán que recuperarse para el comienzo de la actividad a partir de septiembre, por eso es urgente habilitar otros lugares de los que dispone el Gobierno de España”, advirtió Torres.
Esta cumbre entre gobiernos se produce en medio de la tensión en el pueblo de Tunte, a 900 metros de altitud y de unos 650 habitantes, por la decisión de la Delegación del Gobierno de enviar a su antigua residencia escolar a 71 inmigrantes, 12 de ellos con Covid-19.
El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana se ha opuesto a esta medida, porque no fue consultado al respecto, y un centenar de vecinos llegó a manifestarse y a colocar barricadas en la carretera para que no pasaran la guagua con los inmigrantes. Finalmente, este miércoles la Policía Nacional logró que pasaran 27 sin papeles.
No obstante, hay que aclarar que el sentir de muchos vecinos no es contrario a la presencia de subsaharianos, dado que desde hace meses el pueblo ya acoge a 80 en dicho inmueble, algunos de los cuales se han integrado en el vecindario. Lo que rechazan es que se traslade a otros centros de la isla a este grupo y se use el barrio para poner en cuarentena a quienes hayan dado positivo en la prueba del coronarivus.
Discrepancias sobre el protocolo
El presidente autonómico anunció en rueda de prensa que el ministro Escrivá visitará las Islas a principios de septiembre para comprobar in situ la situación y negociar los protocolos sanitarios para la atención de migrantes irregulares con la COVID-19.
Sobre este asunto, el presidente de Canarias expuso no estar de acuerdo con la disposición quinta del protocolo propuesto por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, donde se establece que para la atención a los migrantes se podrían usar los fondos de la COVID-19.
Al respecto, Torres defendió que “cuando se aprobó el fondo no reembolsable, los criterios de reparto eran claros, y en ningún caso se habló de un reparto económico en función de qué comunidades atienden más la migración irregular”.
El jefe del Ejecutivo canario también mostró su disconformidad porque en el último borrador propuesto por el ministerio se establecía que la autoridad sanitaria autonómica fuera la responsable de buscar espacios a las personas migrantes que dieran positivo y a todos aquellos con los que hubiera tenido un contacto estrecho.
Ante los medios de comunicación, Torres explicó que “esa es una competencia del Gobierno de España, y por eso hoy hemos acordado que volveremos a reunirnos para cerrar un protocolo de cogestión”.
El Archipiélago fue la primera comunidad en realizar PCR a las personas que llegaban de forma irregular, apuntó el gobernante autonómico, y remarcó que “Canarias siempre atenderá en sus hospitales a quienes lo necesiten, sean quien sean, vengan de donde vengan”.
PLANETA CANARIO
El Gobierno de Canarias ha exigido al Ejecutivo estatal que asuma sus competencias en inmigración irregular y ponga más medios para la vigilancia exterior así como espacios para la atención humanitaria a quienes arriban en pateras a las costas de las islas, cuyo número se ha multiplicado por siete en lo que va de año con respecto a 2019.
Así se lo han planteado el jefe del Ejecutivo regional, Ángel Víctor Torres, al Gobierno de España durante una reunión sectorial telemática este miércoles, 5 de agosto, en la que han participado, por parte estatal el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá; la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias; la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul; y el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana. Han acompañado a Torres los respectivos consejeros de Derechos Sociales, Sanidad y Noemí Santana, Blas Trujillo y Julio Pérez.
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha descrito esta ola de pateras como “un drama humanitario global en el que las personas, huyendo del hambre o de los conflictos, se juegan la vida en el mar. Algo que se agrava aún más por la pandemia.”
El Gobierno regional explica en una nota de prensa que reclamó al Estado que busque espacios para la atención de estas personas, ya que “la mayoría de los espacios ocupados actualmente para tal efecto son de titularidad autonómica o de las administraciones locales”.
Son 27 las infraestructuras cedidas por Canarias y “muchas tendrán que recuperarse para el comienzo de la actividad a partir de septiembre, por eso es urgente habilitar otros lugares de los que dispone el Gobierno de España”, advirtió Torres.
Esta cumbre entre gobiernos se produce en medio de la tensión en el pueblo de Tunte, a 900 metros de altitud y de unos 650 habitantes, por la decisión de la Delegación del Gobierno de enviar a su antigua residencia escolar a 71 inmigrantes, 12 de ellos con Covid-19.
El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana se ha opuesto a esta medida, porque no fue consultado al respecto, y un centenar de vecinos llegó a manifestarse y a colocar barricadas en la carretera para que no pasaran la guagua con los inmigrantes. Finalmente, este miércoles la Policía Nacional logró que pasaran 27 sin papeles.
No obstante, hay que aclarar que el sentir de muchos vecinos no es contrario a la presencia de subsaharianos, dado que desde hace meses el pueblo ya acoge a 80 en dicho inmueble, algunos de los cuales se han integrado en el vecindario. Lo que rechazan es que se traslade a otros centros de la isla a este grupo y se use el barrio para poner en cuarentena a quienes hayan dado positivo en la prueba del coronarivus.
Discrepancias sobre el protocolo
El presidente autonómico anunció en rueda de prensa que el ministro Escrivá visitará las Islas a principios de septiembre para comprobar in situ la situación y negociar los protocolos sanitarios para la atención de migrantes irregulares con la COVID-19.
Sobre este asunto, el presidente de Canarias expuso no estar de acuerdo con la disposición quinta del protocolo propuesto por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, donde se establece que para la atención a los migrantes se podrían usar los fondos de la COVID-19.
Al respecto, Torres defendió que “cuando se aprobó el fondo no reembolsable, los criterios de reparto eran claros, y en ningún caso se habló de un reparto económico en función de qué comunidades atienden más la migración irregular”.
El jefe del Ejecutivo canario también mostró su disconformidad porque en el último borrador propuesto por el ministerio se establecía que la autoridad sanitaria autonómica fuera la responsable de buscar espacios a las personas migrantes que dieran positivo y a todos aquellos con los que hubiera tenido un contacto estrecho.
Ante los medios de comunicación, Torres explicó que “esa es una competencia del Gobierno de España, y por eso hoy hemos acordado que volveremos a reunirnos para cerrar un protocolo de cogestión”.
El Archipiélago fue la primera comunidad en realizar PCR a las personas que llegaban de forma irregular, apuntó el gobernante autonómico, y remarcó que “Canarias siempre atenderá en sus hospitales a quienes lo necesiten, sean quien sean, vengan de donde vengan”.
PLANETA CANARIO
El Gobierno de Canarias ha exigido al Ejecutivo estatal que asuma sus competencias en inmigración irregular y ponga más medios para la vigilancia exterior así como espacios para la atención humanitaria a quienes arriban en pateras a las costas de las islas, cuyo número se ha multiplicado por siete en lo que va de año con respecto a 2019.
Así se lo han planteado el jefe del Ejecutivo regional, Ángel Víctor Torres, al Gobierno de España durante una reunión sectorial telemática este miércoles, 5 de agosto, en la que han participado, por parte estatal el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá; la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias; la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul; y el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana. Han acompañado a Torres los respectivos consejeros de Derechos Sociales, Sanidad y Noemí Santana, Blas Trujillo y Julio Pérez.
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha descrito esta ola de pateras como “un drama humanitario global en el que las personas, huyendo del hambre o de los conflictos, se juegan la vida en el mar. Algo que se agrava aún más por la pandemia.”
El Gobierno regional explica en una nota de prensa que reclamó al Estado que busque espacios para la atención de estas personas, ya que “la mayoría de los espacios ocupados actualmente para tal efecto son de titularidad autonómica o de las administraciones locales”.
Son 27 las infraestructuras cedidas por Canarias y “muchas tendrán que recuperarse para el comienzo de la actividad a partir de septiembre, por eso es urgente habilitar otros lugares de los que dispone el Gobierno de España”, advirtió Torres.
Esta cumbre entre gobiernos se produce en medio de la tensión en el pueblo de Tunte, a 900 metros de altitud y de unos 650 habitantes, por la decisión de la Delegación del Gobierno de enviar a su antigua residencia escolar a 71 inmigrantes, 12 de ellos con Covid-19.
El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana se ha opuesto a esta medida, porque no fue consultado al respecto, y un centenar de vecinos llegó a manifestarse y a colocar barricadas en la carretera para que no pasaran la guagua con los inmigrantes. Finalmente, este miércoles la Policía Nacional logró que pasaran 27 sin papeles.
No obstante, hay que aclarar que el sentir de muchos vecinos no es contrario a la presencia de subsaharianos, dado que desde hace meses el pueblo ya acoge a 80 en dicho inmueble, algunos de los cuales se han integrado en el vecindario. Lo que rechazan es que se traslade a otros centros de la isla a este grupo y se use el barrio para poner en cuarentena a quienes hayan dado positivo en la prueba del coronarivus.
Discrepancias sobre el protocolo
El presidente autonómico anunció en rueda de prensa que el ministro Escrivá visitará las Islas a principios de septiembre para comprobar in situ la situación y negociar los protocolos sanitarios para la atención de migrantes irregulares con la COVID-19.
Sobre este asunto, el presidente de Canarias expuso no estar de acuerdo con la disposición quinta del protocolo propuesto por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, donde se establece que para la atención a los migrantes se podrían usar los fondos de la COVID-19.
Al respecto, Torres defendió que “cuando se aprobó el fondo no reembolsable, los criterios de reparto eran claros, y en ningún caso se habló de un reparto económico en función de qué comunidades atienden más la migración irregular”.
El jefe del Ejecutivo canario también mostró su disconformidad porque en el último borrador propuesto por el ministerio se establecía que la autoridad sanitaria autonómica fuera la responsable de buscar espacios a las personas migrantes que dieran positivo y a todos aquellos con los que hubiera tenido un contacto estrecho.
Ante los medios de comunicación, Torres explicó que “esa es una competencia del Gobierno de España, y por eso hoy hemos acordado que volveremos a reunirnos para cerrar un protocolo de cogestión”.
El Archipiélago fue la primera comunidad en realizar PCR a las personas que llegaban de forma irregular, apuntó el gobernante autonómico, y remarcó que “Canarias siempre atenderá en sus hospitales a quienes lo necesiten, sean quien sean, vengan de donde vengan”.
