PLANETA CANARIO
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en colaboración con la Empresa Mixta de Aguas S.A. (Emalsa), ha puesto en marcha un paquete de medidas sociales y económicas para bajar el precio del agua durante los próximos tres años. Esta iniciativa se integra en el Plan para la Modernización del Ciclo Integral del Agua, elaborado por ambas entidades, para impulsar «un servicio más sostenible y justo socialmente» para los ciudadanos.
Así lo anunciaron este miércoles la concejala de Servicios Públicos, Inmaculada Medina, y la directora general de Emalsa, Mercedes Fernández-Couto, durante la presentación de este Plan en el Depósito y Estación de Bombeo de Agua Potable (EBAP) Lomo del Polvo.
La tarifa del agua bajará en los próximos tres años mediante el bono COVID, que beneficiará a entre el 85% y el 100% de los abonados. Con esta iniciativa, además, según el gobierno municipal, «Las Palmas de Gran Canaria será la ciudad con el agua desalada más barata de toda España”.
Esta bajada tarifaria supondrá un ahorro de la factura para 150.000 familias y cerca de 4.000 empresas y requerirá de una inversión del Ayuntamiento de 15,6 millones de euros. La reducción en el recibo la notarán, especialmente,aquellos usuarios que realizan un uso más razonable y sostenible del agua, bonificando aquellos niveles de consumo más sostenibles y adaptados a la actividad económica de cada abonado.
Así, los primeros 7.000 litros tendrán un precio súper-reducido de 40 céntimos por cada 1.000 litros para el cien por cien de los abonados domésticos. Es decir, 2,8 euros por los primeros 7.000 litros que se consuman, prácticamente el precio de un par de garrafas de agua de 5 litros.
Nueva clasificación de usuarios
En esta línea, por primera vez se clasificará el tipo de usuario según el consumo en: domésticos, comerciales, industriales y alojamientos turísticos y hoteleros. “Hasta ahora solo habían dos únicos tipos de usuario, no se puede equiparar el consumo de una familia que el de una gran industria”, matizó la titular de Servicios Públicos.
Paralelamente, el Ayuntamiento impulsa el bono social del agua, una ayuda gestionada entre Emalsa y el área de Servicios Sociales, destinada a cubrir la factura del agua de las familias en situación de riesgo, mediante una inversión de 400.000 euros anuales.
La capital grancanaria es la ciudad de España que desala más cantidad de agua. Mientras a escala nacional el agua desalada representa el 5% del agua consumida y en Canarias el 57%, en Las Palmas de Gran Canaria es más del 85%. «A esto hay que sumarle que tenemos la tercera mejor agua de España, según la OCU, entre todas, y la mejor de las desaladas”, según indicó Fernández-Couto.
El Plan para la Modernización del Ciclo Integral del Agua incluye una serie de acciones que garantizan un uso racional y medioambientalmente sostenible de este recurso, en línea con el Pacto Verde Local que está impulsando el Ayuntamiento. El objetivo es que mediante la actualización del servicio se incentive el consumo responsable y se penalice el abuso y el derroche.
Con la puesta en marcha de este Plan, se elimina el bloque mínimo de 10.000 litros de agua que hasta ahora se pagaban aunque no fueran consumidos. A partir de ahora, los usuarios solo pagarán por aquella cantidad que realmente utilicen, con el objetivo de que la factura refleje el consumo real. Así, teniendo en cuenta la nueva diferenciación de abonados, se fijarán bloques de consumo siguiendo criterios de sostenibilidad social, ambiental y económico, informó el Ayuntamiento en un comunicado.
Así será la nueva factura
La nueva factura contará con dos partes: una que irá en función del calibre del contador de cada usuario, que garantiza el acceso al servicio, y otra que variará según la cantidad de agua consumida y la nueva tipología de abonados. Asimismo, y con el objetivo de adaptar la factura a las exigencias de la Directiva Marco Europea del Agua ésta reflejará los cuatro servicios prestados: sostenibilidad, alcantarillado, abastecimiento y saneamiento.
Para todo ello, el Consistorio llevará a cabo la actualización o creación de cinco textos normativos en línea con las directivas nacionales y europeas. Entre ellos, el nuevo Reglamento de Vertidos mediante el que se aplicará la máxima europea de “quien contamina paga” y se regulará, entre otras cuestiones, la prohibición del vertido a las redes de alcantarillado y colectores.
Del mismo modo, el Ayuntamiento actualizará el Reglamento de Abastecimiento, que data de 1981, con el objetivo de responder a la realidad de la red de suministro que en más de 20 años ha pasado de unos 300 a más de 1.000 kilómetros.
“Este reglamento permitirá controlar los vertidos, caracterizándolos y prohibiéndolos o, en su caso, autorizando cada uno de ellos. Así nos garantizamos la reutilización del agua tratada o su devolución al medio con la calidad exigida y, también, la regulación del principio de que quien contamina paga”, señaló la directora general de Emalsa.
Mejoras de la atención al cliente
El Plan de Modernización del Ciclo Integral del Agua incluye además una batería de medidas para mejorar la atención al cliente mediante la digitalización, en línea con la estrategia del Grupo de Gobierno de potenciar la capital grancanaria como ciudad inteligente.
De esta manera, Emalsa a partir del próximo año ampliará los canales de comunicación con el objetivo de que la ciudadanía tenga a su disposición todas las herramientas de contacto con la entidad. El objetivo último es que el cliente tenga la posibilidad de hacer el cien por cien de los trámites sin necesidad de desplazarse a las oficinas de la compañía.
Asimismo, la empresa mixta impulsará la sensorización de la red para predecir alertas y fugas, controlar vertidos, establecer tiempos máximos de respuesta al ciudadano, así como detectar de forma temprana los fallos y averías que se puedan producir.
“Mediante la monitorización de redes e instalaciones y los medidores inteligentes, recabaremos un gran volumen de información de gran interés para el Ayuntamiento, Emalsa y los ciudadanos, que luego procesaremos con tecnología Big Data para mejorar los servicios en base a lo que necesitan los usuarios o incluso anticipándonos”, explicó Fernández-Couto.
En la misma línea, y con el fin de potenciar la transparencia y la relación con la ciudadanía, Emalsa impulsará la figura del Defensor del cliente con el objetivo de dar respuesta a las necesidades y propuestas de los abonados. Al mismo tiempo, impulsará una carta de compromiso con el cliente para garantizar el cumplimiento de los servicios prestados.
Por último, la empresa llevará a cabo un proceso de modernización de las oficinas situadas en Tomás Morales con el objetivo de mejorar el servicio y crear un centro de divulgación y sensibilización medioambiental del agua.
Emalsa es una sociedad público privada en la que el 34% de las acciones son del Ayuntamiento, el 33% del hólding Nuinsa y el restante 33% de la Societé D ´ Amenagement Urbain et Rural S.A. -SAUR.
