VICENTE PÉREZ
La multinacional que gestiona el agua en Güímar, Aqualia, ha pedido al Ayuntamiento aumentar las tarifas un 19,1%, incremento que el gobierno tripartito (CC, PSOE y Unidas Sí Podemos -USP-) no rechaza de antemano sino que solo la aceptará si así resulta justificada una vez disponga de una auditoría externa que valore si la empresa ha cumplido el contrato de concesión del servicio público de abastecimiento hídrico y alcantarillado y si es adecuada la propuesta de incremento tarifario, según informa el Ayuntamiento en un comunicado.
USP se atribuye en un comunicado haber logrado que sus socios dejaran sobre la mesa este expediente en la ultima comisión municipal donde se trató este asunto.
El PP tiene una postura más taxativa al respecto y se opone de plano a este encarecimiento del agua por considerarlo injustificado a la vista de su deficiente gestión del servicio, por ue ya el Ayuntamiento ha cedido ya a favor de la empresa al permitirle cambiar determinadas obligaciones que tenía en el pliego de condiciones del concurso y porque además está cobrando de más en los recibos, ha señalado a PLANETA CANARIO el concejal popular Francisco Hernández.
El PP reclama sancionar a la empresa por cobrar de más
Por ello, el PP no solo ha pedido que se rechace esta subida de precios en un bien tan básico para la población sino que además ha reclamado al gobierno municipal que abra un expediente sancionador a la empresa, debido a que tiene constancia de que está cobrando a sus abonados por periodos de 77 días, en lugar de dos meses, lo que hace que, con el periodo unilateralmente decidido por Aqualia, los afectados tengan que pagar por un tramo mayor de agua consumida, entre 8 y 10 euros más que si cobraran los estipulados 60 días. A ello se une, según explica Francisco Hernández, las deficiencias en la reparación de averías en la vía pública.
«Tenemos casi una veintena de recibos de ciudadanos a los que se les ha cobrado de forma irregular, y es posible que haya personas que, al tener domiciliado el pago, no se hayan enterado de que les están cobrando por periodos que superan 17 días lo normal», asegura el edil del PP.
Además, el concejal popular advierte de que una subida del 19% es totalmente inoportuna para la ciudadanía por el encarecimiento del coste de la vida que ya soporta, «si acaso de los pocos que podrían soportar las nuevas tarifas serían los propios miembros el gobierno tripartito güimarero, que en este mandato se han subido un 27% el sueldo», con coste extra para la ciudadanía de medio millón más en 4 años por este aumento de la cantidad destinada a salario y cotizaciones del grupo gobernante y su personal de confianza.
Tras una comisión municipal celebrada la pasada semana, y en la que se trató este asunto, el gobierno municipal ha decidido dejarlo sobre la mesa, a la espera del informe externo que ha solicitado, para “garantizar que cualquier ajuste en los costes del servicio se corresponda fielmente con la realidad de nuestro municipio”, señalan desde el grupo de gobierno.
Uno de los «principales» aspectos» que se analizará, expone el Ayuntamiento en su comunicado, es el grado de cumplimiento del plan de inversiones que Aqualia está obligada a ejecutar, prestándose especial atención a los más de dos millones de euros que la concesionaria debía haber invertido durante los primeros tres años de la concesión y otras obligaciones adquiridas con la firma del contrato.
Unidas Sí Podemos se atribuye el encargo de la auditoría
Sobre la subida tarifaria se ha posicionado también en un comunicado propio Unidas Sí Podemos (USP) uno de los tres partidos que gobiernan Güímar, al que no le ha bastado la nota de prensa institucional divulgada junto con sus socios de gobierno para dejar claro que no ve con buenos ojos esta subida. USP afirma que trasladó a sus socios de gobierno su “gran preocupación” por esta intención de Aqualia y propuso a PSOE y CC que se contratara una auditoría externa para “garantizar que el aumento está debidamente justificado y obedece a la realidad del municipio”.
Nayra Caraballero, concejala de USP en el Ayuntamiento de Güímar y responsable de Desarrollo Rural y Agricultura, Turismo Rural y Participación Ciudadana, ha señalado que “es necesario realizar una auditoría independiente que verifique si la subida está justificada o si se trata de un intento de la empresa de aumentar sus beneficios a costa de los vecinos y vecinas de Güímar”.
USP no ha esperado a la auditoría para afirma que “Aqualia, una multinacional en expansión internacional, ha incumplido los términos del contrato, no habiendo invertido ni siquiera un 50% de lo estipulado en el plan de inversiones para los dos primeros años, lo cual nos plantea serias dudas sobre la justificación de la subida de la tarifa”.
Además, según la coalición de izquierdas, “la existencia de daños en el pavimento de diversas zonas del municipio ocasionados por obras ejecutadas por la empresa, podría acarrear costos adicionales a largo plazo”.
En consecuencia, USP “no respaldará medidas que no cuenten con el amparo de una auditoría independiente y el cumplimiento estricto de los términos contractuales” “El agua es un elemento esencial para la vida y no debe estar en manos de empresas privadas que buscan obtener beneficios económicos”, insiste Caraballero.
Aqualia gestiona el agua desde 1995 y firmó en 2021 por 25 años más
El pasado mandato, el alcalde, Gustavo Pérez (CC), y el primer teniente de alcalde, AIram Puerta (PP), firmaron con Aqualia en 2021 el actual contrato para la gestión del ciclo integral del agua, que estará vigente durante 25 años, tras ganar el correspondiente concurso publico. La multinacional presta este servicio en Güímar desde 1995.
Aqualia, según la versión del gobierno local, ha justificado su propuesta de aumento del 19% en tasa del agua basándose en el incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), los costes energéticos y los aumentos salariales del personal. El pliego de condiciones de rigió el concurso ganado por Aquelia establece la posibilidad de revisar los precios cada dos años, según la nota de prensa municipal, según el cual e“es importante que la tasa del agua sea justa y asequible para los vecinos de Güímar”.
Aqualia, según publica en su propia web, es propiedad de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), empresa presidida por Esther Alcocer Koplowitz, con el 51% de las acciones; mientras que el 49% restante lo posee el fondo australiano IFM Investors. La compañía es la cuarta empresa de agua de Europa por población servida y la novena del mundo, según el ranking de Global Water Intelligence (datos de diciembre de 2022).
En la actualidad presta servicio a 45,2 millones de usuarios y estamos presentes en 18 países: Argelia, Arabia Saudí, Colombia, Chile, Egipto, Emiratos Árabes, España, Estados Unidos, Francia, Georgia, Italia, México, Omán, Perú, Portugal, Qatar, República Checa y Rumanía.
