PLANETA CANARIO
El Pleno del Parlamento de Canarias aprobó este miércoles 24 de septiembre por unanimidad la conocida como Ley de Volcanes, que trata de garantizar una serie de derechos a los damnificados por erupciones volcánicas.
Se trata de una iniciativa legislativa popular, promovida por damnificados de la catástrofe de La Palma en 2021, que recabaron casi 20.000 firmas en toda Canarias en apoyo de esta normativa.
La emergencia del Tajogaite evidenció que la legislación vigente no servía para una justa y rápida recuperación tras un desastre de esta envergadura.
Ha tenido que ser la propia sociedad afectada la que promueva este cambio legislativo a escala autonómica, cuando se cumplen cuatro años de la destructiva erupción en el Valle de Aridane, y cuando empieza existir inquietud por la posibilidad de que también despierte el magma en Tenerife.
La finalidad de la norma es garantizar, acelerar y dotar de seguridad jurídica los procesos de reconstrucción tras una erupción, en un territorio donde nadie cuestiona que estos fenómenos volverán a producirse.
Para ello prevé actuaciones coordinadas entre administraciones y medidas que aborden la dimensión social, económica, medioambiental y de vivienda.
La ley pone el acento en que las ayudas sean las suficientes, la recuperación de viviendas y actividades económicas, la coordinación administrativa y la reducción de cargas burocráticas para agilizar la reconstrucción en caso de catástrofe volcánica.
El texto aprobado reconoce además el derecho de los afectados a volver a la zona donde residían antes de la erupción o a sus proximidad, en la medida de lo posible, y que se promueva la recuperación social, económica y ambiental tanto del espacio directamente dañado por las coladas como del conjunto de la isla.
Durante el debate parlamentario, los portavoces de los grupos destacaron el origen ciudadano de la propuesta y el consenso político alcanzado.
No obstante, desde el PSOE, la palmera Alicia Vanoostende fue especialmente crítica con la respuesta institucional de los dos últimos años por parte del Gobierno de Canarias y del Cabildo de La Palma, que, a su juicio, “no ha estado a la altura del pueblo palmero”.
La diputada socialista reclamó transparencia en la gestión de las ayudas y recordó que su grupo defendió —sin éxito— una enmienda para publicar quiénes son los beneficiarios. Insistió en que la ciudadanía “sigue esperando respuestas”, subrayó el compromiso del Gobierno central con la recuperación (aunque precisamente tanto los afectados como el Gobierno canario reclaman al Ejecutivo de Pedro Sánchez 200 millones de euros comprometidos para 2024 y 2025).
Desde Coalición Canaria, Jonathan de Felipe resaltó que los afectados se enfrentaron a la erupción sin una cobertura normativa específica y que, con esta ley, “son ellos quienes le entregan a Canarias” una herramienta para responder mejor a futuras crisis y para su aplicación en el caso del Tajogaite en lo que resulte compatible.
Por el Partido Popular, Raquel Díaz puso de relieve que el volcán arrasó historias y recuerdos y que, pese a la ausencia de un “manual”, la reacción se convirtió en ejemplo de gestión pública y solidaridad institucional. Una valoración que contrasta con la que hacen muchas de las asociaciones de afectados.
“No podemos detener la lava ni aliviar el dolor —añadió—, pero sí dotarnos de un marco legal común que ampare a todos y facilite la recuperación de los proyectos de vida”.
El portavoz de Nueva Canarias, Luis Campos, defendió que la iniciativa evidencia que “la sociedad va por delante” y quiso dejar en buen lugar al anterior Gobierno canario de izquierdas, del que forma parte su partido, porque, dijo, hizo cosas buenas durante y tras la erupción, aunque admitió que las medidas fueron “insuficiente y más lentas de lo deseable”, de ahí, admitió, la necesidad de aprender de los errores y consolidar lo que funcionó.
Desde Vox, Javier Nieto dejó claro que persisten problemas sin resolver y heridas abiertas, y aunque advirtió que la ley no es una panacea, valoró el consenso alcanzado como vía para acercar soluciones a los ciudadanos.
El diputado de la ASG Jesús Ramos Chinea valoró las sinergias entre ciudadanía y Parlamento, y el trabajo técnico desarrollado en la ponencia para aportar seguridad jurídica a la reconstrucción. A su vez, Raúl Acosta (AHI) subrayó que la norma emana del pueblo y se enriqueció en su tramitación con aportaciones de todos los grupos.
