PLANETA CANARIO
El Gobierno de Canarias ha anunciado la adquisición de diez nuevas desaladoras contenerizadas por importe de 13,4 millones con las que se pretende incrementar los recursos hídricos disponibles para riego agrícola.
Estas plantas de desalación de agua marina, con tecnología desarrollada por el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), serán cedidas a los cabildos, tendrán una capacidad de desalación de 22.600 metros cúbicos al día, lo que se traduce en 8,24 millones de m3 al año.
El Ejecutivo regional justifica esta media por los problemas de abasto de agua para la agricultura derivados de las anomalías térmicas cálidas y el déficit de precipitaciones que ha llevado a declarar la emergencia hídrica en algunas islas.
Esta decisión ha sido muy criticada por la Asociación Agua para La Palma, que reprocha al Gobierno canario este gasto millonario en desaladoras en vez de en evitar la pérdida del 50% del agua en las redes, por su falta de mantenimiento y en algunos casos abandono.
Críticas a la desaladora en Fuencaliente
El colectivo palmero insiste en denunciar el “disparatado e injusto derroche” de dinero público en producir más agua industrial, mientras “se ignora de forma deliberada” la raíz del problema, las “escandalosas” pérdidas por el estado de abandono de las redes de distribución.
La asociación recuerda que en La Palma abandera la lucha contra el «injustificado gasto» en una planta desaladora proyectada en Fuencaliente, con apoyo del Cabildo, a la que se pretende destinar «una millonada» de dinero de todos los palmeros, mientras, en un reciente pleno de este Ayuntamiento, el gobierno fuencalentero (mayoría absoluta de CC) rechazó una moción del PSOE (sobre la que se abstuvo el concejal de UPF-PP) para que se entubara y telemetrizara el canal público LP-1, «ya que el déficit de agua en este municipio no se debe a que falte este recurso en la isla, sino a las grandes pérdidas en esta conducción y a su mala gestión».
«Un gran pacto contras las pérdidas en las redes»
Un mal estado de las redes «común a todas las islas, y al que nadie parece querer dar solución», por lo que este grupo de ciudadanos palmeros reitera en un comunicado que promoverá un gran pacto social e institucional en Canarias para que se vaya a la raíz del problema, «que en absoluto ahora es el cambio climático, sino la nefasta gestión política del agua en el Archipiélago».
Por ello, esta asociación auspiciará un manifiesto de carácter regional, con el que espera formar un frente común con organizaciones y colectivos de todo el Archipiélago, en el que se reclamará a las Administraciones públicas un plan estratégico que priorice invertir el dinero en reponer y arreglar las redes de distribución, pues esta medida permitiría disponer de más agua sin aumentar la producción, al tiempo que reivindicará aprovechar mejor los recursos subterráneos, fundamentalmente las galerías de agua (dotándolas de cierres hidráulicos que controlen la extracción a demanda).
«Se está usando el cambio climático como la excusa perfecta para colarnos desaladoras en islas donde no hacen falta, con enormes inversiones públicas detrás de las cuales están los intereses privados de empresas nacionales y multinacionales, y se hace oídos sordos a las denuncias sobre el mal estado de las redes de transporte de agua, porque parece no interesar a nuestros políticos que este problema se resuelva, para favorecer la solución más cara, derrochadora e insostenible».
“MÁS DAÑINAS LAS PÉRDIDAS EN LAS REDES QUE EL CAMBIO CLIMÁTICO”
«Y tal es así», subraya, «que se llega al absurdo de que en las islas donde el agua se obtiene solo de desaladoras, Lanzarote y Fuerteventura, también se echa la culpa al cambio climático».
«La realidad», enfatiza este colectivo, «es que hace más daño al suministro de agua el mal estado de las redes de distribución que el propio cambio del clima, porque las 10 desaladoras anunciadas por el Gobierno canario generarán 22.600 metros cúbicos al día, de los que también se perderá la mitad, 11.000 m³ de agua producida de forma industrial, y, por tanto, más cara, que se unirán al 50% que ya se pierde por no arreglar las redes, de modo que es como poner dinero en un bolsillo roto”.
Lo grave de esta «desastrosa» política, advierte la asociación, no es solo que se tire la mitad del agua producida, «en una irresponsable espiral de desalar más para tirar a su vez más agua aún», sino que «se tiran decenas y decenas de millones de dinero público» que, de haberse gestionado bien la solución a este problema desde hace años, «hoy se podrían destinar a sanidad, atención a la dependencia, o la lucha contra la pobreza y la exclusión social, que son asuntos sangrantes en Canarias».
En opinión de esta asociación, la Ley de Aguas de Canarias “no se está cumpliendo” ni en su filosofía ni en importantes artículos.
Tecnología desarrollada por el ITC
Las desaladoras, que se financian con cargo al Programa de Desarrollo Rural (PDR) a través de fondos del FEADER, se entregarán a los Consejos Insulares de Aguas (responsables de su gestión) y se instalarán en las localizaciones propuestas por estos en La Palma, La Gomera, Fuerteventura, Lanzarote, El Hierro, Tenerife y Gran Canaria.
Las capitalinas y la isla del Meridiano acogerán dos infraestructuras cada una. Todas las instalaciones tendrán una capacidad de desalación de 2.500 metros cúbicos al día a excepción de las dos de El Hierro con 1.300 m3/d cada una.
Según explica el Gobierno canario en nota de prensa, «se trata plantas de ósmosis inversa de agua de mar, de fácil transporte. Han sido desarrolladas en el marco del proyecto DESALRO 2.0 y son adecuadas para cubrir una situación de emergencia con el menor consumo de energía posible del mercado. A escala de 2.500 m3/d logran alcanzar los 1,86 kWh/m3 frente a los desarrollos comerciales que se sitúan en los 2,35 kWh/m3, y, además, el agua obtenida resulta apta para riego con una cantidad de boro inferior a 1 mg/l».
