PLANETA CANARIO
El Parlamento autonómico tratará una iniciativa de Sí Podemos para que las viviendas de protección oficial tengan esa calificación de forma permanente y no se puedan vender al cabo de un determinado número de años, sino que se mantengan en alquiler siempre. Así lo anunciaron en rueda de prensa el portavoz parlamentario de este grupo, Manuel Marrero, y su homólogo de Unidas Podemos en la capital tinerfeña, Ramón Trujillo, que ya en junio del pasado año logró la aprobación de una moción en este sentido en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Marrero explicó que el objetivo es que el Gobierno canario aplique esta medida en el Plan de Vivienda 2020-2025 y que sea incluida en la Ley de Vivienda de Canarias.
Trujillo aseguró que, de salir adelante la propuesta en el Parlamento regional, «sería a medio y largo plazo la medida más importante en materia de vivienda en esta legislatura, y si no se lleva a cabo, todo lo que se haga a partir de ahora tendrá un alcance limitado, porque igual que se crea parque de viviendas con dinero público, se destruye con el tiempo, con lo que ya no sirve para garantizar este derecho constitucional».
El concejal aportó unos datos que lo dicen todo: de las 6,8 millones de viviendas de protección oficial construidas en España entre 1952 y 2016, que representan el 33% del total, solo el 20% sigue manteniendo esa catalogación y el 80% ya ha pasado al mercado libre.
Solo el 1,6% de las viviendas en España son ya de protección oficial
Esto ha situado a España con solo un 1,6% de viviendas con protección oficial, frente a una media europea del 9%, lamentó Trujillo, quien incidió en que de no haber perdido su calificación inicial, hoy España tendría, junto con Holanda, el mayor parque de vivienda pública de Europa.
«Por lo tanto», concluyó Trujillo, «si España hubiera aplicado siempre la medida que ahora plantearemos en el Parlamento canario, hoy en día no tendríamos personas agobiadas por no poder apagar el alquiler, por verse en la calle o por problemas de ocupación; estos serían problemas inexistentes o más atenuados, pero se ha optado por ir destruyendo el parque de vivienda social que con dinero público se iba financiando».
Un proceso «clandestino» del que no son conscientes ni la sociedad ni el propio Ayuntamiento de Santa Cruz, pues, según el edil, cuando preguntó cuántas viviendas sociales han sido desclasificadas como tales, la respuesta fue que no lo sabía.
Más de 17.000 demandantes de vivienda protegida en Canarias
El portavoz del grupo parlamentario confió en que se pueda mantener este carácter indefinido de la vivienda protegida con el nuevo Plan de Vivienda y se evite así que que las nuevas construcciones pasen al mercado privado, pues «hay más de 17.000 familias demandantes de una vivienda y más de 600 en Santa Cruz».
Además, destacó que en este nuevo plan se ha incluido que la Administración pública ejerza el derecho de retracto y tanteo, al que el Gobierno canario ha recurrido poco en el pasado, mediante el cual se podrían adquirir los inmuebles que salen a subasta a un precio económico e ir recuperando parte de ese parque de viviendas público.
