VICENTE PÉREZ
La Diputación del Común es la institución a la que pueden acudir ciudadanos para quejarse del mal funcionamiento de las administraciones públicas. Y ya ha recibido quejas durante el estado de alarma por retrasos en el abono de los salarios de trabajadores afectados por ERTEs, por ayuda alimentaria no recibida o la falta de respuesta a los usuarios en teléfonos habilitados por organismos públicos precisamente para ayudar a la población en esta emergencia sanitaria y económica del coronavirus.
El diputado del Común, Rafael Yanes, advierte por ello en esta entrevista de que ayuntamientos, cabildos y el Gobierno canario «deben prepararse para lo peor» y prever un considerable aumento de la demanda de ayudas en los próximos meses. «Las necesidades básicas de la población deben quedar garantizadas», sostiene, y cree que no hacerlo por falta de previsión sería «un error imperdonable» que castigaría a las familias más vulnerables.
Yanes, nacido en 1953 en Güímar, municipio del que fue alcalde, es diplomado en Magisterio y doctor en Periodismo por la Universidad de La Laguna. Ha publicado libros sobre ciencias de la comunicación y, como escritor, dos novelas, una de ellas finalista del Premio Planeta en 2010.
-Ha decidido usted crear una área específica para quejas relacionadas con el Covid y ha dicho en un comunicado que se está produciendo una gran cantidad de situaciones de vulneración de derechos. ¿De qué cantidad estamos hablando con respecto a las quejas que habitualmente recibe la institución?
«El área especial denominada Crisis Covid 19 se ha creado para gestionar de forma inmediata -en ocasiones, sin que exista queja presentada-, los asuntos de emergencia social que no pueden esperar por el trámite administrativo habitual, es decir, cuando se trata de necesidades básicas. Vivimos una situación muy complicada para un amplio sector de la población canaria y, cuando detectamos alguna posible vulneración de derechos, en esta área actuamos personalmente con el responsable público correspondiente, sin documentación por escrito. Estamos en una situación extraordinaria que precisa de medidas especiales. En cuanto al número de quejas, se ha producido un ligero incremento en los primeros meses de este año, conservando la tendencia registrada en 2018 (+21%) y 2019 (+20%)».
– ¿De qué se están quejando en este momento sobre todo los ciudadanos con respecto a las administraciones públicas?
«Los asuntos más comunes relacionados con la pandemia son los relativos al retraso de los salarios de trabajadores afectados por un ERTE, las ayudas de alimentos no recibidas, las subvenciones para alquiler de vivienda, la falta de información en asistencia sanitaria, la falta de respuesta en los teléfonos de la Administración Pública. Tal y como establece la Ley del Diputado del Común, nos dirigimos por escrito a la Administración correspondiente, con la dificultad añadida de que los plazos para recibir la respuesta están interrumpidos por el decreto de estado de alarma
– Partiendo de que es una situación sin precedentes y que por tanto es complicado no cometer errores pero en el que es necesario más que nunca acertar, ¿en qué cree usted que están fallando los organismos públicos en este momento?
«En los próximos meses vamos a vivir una situación social muy complicada en la que va a ser necesario que las administraciones públicas respondan adecuadamente para que ninguna persona quede abandonada. Los informes de distintas entidades son muy pesimistas y, se cumplirán o no, pero la Administración debe estar preparada para lo peor. Por eso he recomendado a los alcaldes que readapten sus presupuestos a esta nueva realidad. Un error imperdonable sería no tenerlo previsto».
-¿Se corre riesgo de que determinadas ayudas lleguen tarde por falta de diligencia de la propia administración pública?
«Creo que los trámites burocráticos deben ser modificados para hacerlos efectivos. Las necesidades básicas deben estar garantizadas. En situaciones de emergencia social no se puede estar esperando por un certificado».
– ¿Hay diferencias entre administraciones públicas -gobiernos estatal y canario, cabildos, ayuntamientos- con respecto a su capacidad de reacción más o menos eficaz con respecto a esta emergencia sanitaria y económica?
«Todas se han implicado en apoyar a las personas más vulnerables, pero en la pasada crisis financiera de 2008 fueron los Ayuntamientos los que, en primera línea, dieron respuesta con recursos limitados y, muchos de ellos, sin competencias. Ahora volveremos a necesitar esa respuesta, pero el número de personas afectadas va a ser muy superior. En Lanzarote se ha formado una Mesa de Alcaldes coordinada por la presidenta del Cabildo para sumar esfuerzos y consensuar un protocolo de actuación unificado en toda la Isla. Me parece una iniciativa muy interesante».
-¿De qué modo ha simplificado la Diputación del Común la tramitación de las quejas?
«Para eso hemos creado el área Crisis Covid 19, para gestionar personalmente con el responsable político de la administración correspondiente, los casos urgentes. La respuesta por parte de los alcaldes está siendo muy positiva. En muchas ocasiones, cuando llamo ya me aseguran que están atendiendo a la persona afectada».
-¿Qué principales recomendaciones hace usted a las administraciones públicas para que den las ayudas de emergencia que necesita la población?
«Yo recomiendo dos actuaciones: la primera, que se adapten los presupuestos a esta situación sin precedentes que vamos a vivir en los próximos meses. En segundo lugar, modificar las ordenanzas municipales en materia de Servicios Sociales, haciéndolas un instrumento ágil para dar respuesta inmediata a las necesidades básicas de la población vulnerable».
-Si ve usted alguna situación especialmente injusta o ilegal, ¿la trasladaría a la Fiscalía? ¿Ha tenido a algún caso de ese tipo en estos meses de pandemia?
«Si percibo una actuación injusta, le hago una recomendación a la Administración Pública para que la corrija. Muy diferente es cuando se trata de una actuación ilegal. La Ley del Diputado del Común establece que, si en la tramitación de un expediente tuviera conocimiento de una conducta presumiblemente delictiva, debo trasladarlo al Ministerio Fiscal. Y así lo haré cuando proceda. Hasta hoy, no se ha dado el caso».
-¿Le gustaría tener más facultades legales para poder hacer más por las personas que se quejan de mal funcionamiento de servicios públicos?
«Me gustaría poder multar a la Administración que no cumple la Ley del Diputado del Común a la hora de contestar en los 15 días establecidos. No es razonable que quien multa a la ciudadanía por incumplir los plazos, sea incumplidor de sus obligaciones».
-¿Cómo ha cambiado su labor desde que comenzó la pandemia?
«Hemos organizado al personal para hacer el teletrabajo y ha resultado un éxito. Nos reunimos virtualmente a diario y estamos dando respuesta a las solicitudes ciudadanas, si bien los plazos oficiales para los informes solicitados han sido suspendidos en el decreto de estado de alarma».
-¿Cree usted que realmente cambiaremos como sociedad cuando hayamos superado esta complicada prueba? ¿En qué sentido?
«Sin duda. La experiencia nos dice que, tras situaciones traumáticas como la que vivimos, se modifican conductas y se establecen nuevas prioridades. En el ámbito político, creo que habrá un acuerdo amplio para reforzar el servicio público de salud y la necesidad de proteger a las personas más vulnerables. En el privado, posiblemente también haya un cambio positivo, en cuanto vamos a valorar mucho más algunos detalles que apenas apreciábamos antes de la pandemia».
-Hay quienes consideran el estado de alarma una agresión a las libertades. ¿Cree que se corre ese riesgo o es más una desfigurada percepción de lo que pasa?
«El estado de alarma está recogido en nuestra Constitución en el artículo 116.2 como una herramienta democrática para afrontar situaciones de emergencia como la que vivimos. Se limitan temporalmente algunos derechos para proteger el derecho a la vida, amenazado por esta pandemia».
