PLANETA CANARIO
La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha presentado una denuncia por presuntos delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación administrativa relacionados con la construcción de una promoción de 25 viviendas en el municipio de Candelaria, según ha avanzado el periodista David Cuesta en Mírame TV. El Ministerio Público solicita que sean llamados a declarar como investigadas seis personas, entre ellas el exconcejal de Urbanismo Domingo Ramos (PSOE) y Carlos Plasencia, hijo de Antonio Plasencia, el empresario que se halla en prisión por el caso Las Teresitas.
La denuncia de la Fiscalía, en la que también se señala a varios técnicos municipales y al arquitecto que redactó el proyecto, relata una presunta trama administrativa para lograr la autorización de una promoción de viviendas que invade suelo rústico y parte del barranco de Aroba, construidas por Promotora Puntalarga SA, la empresa de cabecera de la familia Plasencia y que el Ministerio Público también señala como presunta responsable, como persona jurídica, de un delito contra la ordenación del territorio.
Uno de los técnicos municipales señalados en la denuncia, José Julio Bastarrica, que según la Fiscalía «omitió intencionadamente» en sus informes que parte de la urbanización ocupaba suelo rústico, trabajó seis años después para la empresa a la que favoreció. Según consta en el expediente de las obras de un edificio de seis viviendas y 34 plazas de garaje en la zona de La Ninfa, en Santa Cruz de Tenerife, el Ayuntamiento capitalino concedió la licencia de legalización de estructura y cerramiento a Promotora Puntalarga SA «con sujeción al proyecto redactado por Estudio de Arquitectura Bastarrica y Asociados SL» en abril de 2008, la sociedad de la que es administrador único el propio José Julio Bastarrica.
Según informa Mírame TV, el Ayuntamiento de Candelaria abrió hasta ocho expedientes distintos para tramitar los permisos solicitados por Carlos Plasencia en representación de Promotora Puntalarga. Aunque todo el procedimiento administrativo arrancó en 2001, la tramitación se prolongó más de una década y los hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía a finales de 2017, lo que motivó la apertura de una investigación preliminar del Ministerio Público, que culminó con la denuncia presentada el pasado mes de octubre de 2019. Según el Ministerio Público, no consta el certificado final de obra, pero las viviendas se encuentran habitadas en la actualidad.
En la actualidad, las obras están finalizadas y parte de las viviendas habitadas, a pesar de que el Ministerio Público recuerda en la denuncia que «a día de hoy se desconoce cuándo realmente empezó la obra, si fue paralizada por el Ayuntamiento, si la ejecución del proyecto se terminó y en qué fecha, ante la carencia de un certificado final de obra». También destaca la Fiscalía que el proyecto en base al que se concedió la licencia de obra en 2002 tiene un número de visado que corresponde con una fecha seis años posterior.
Además de los incumplimientos del planeamiento municipal, la actuación se asienta en una zona afectada por el Plan Territorial Especial de Ordenación de las Infraestructuras del Tren del Sur y también ocupa la zona de servidumbre y de dominio público hidráulico, «por lo que la licencia no solo no se tenía que haber concedido, sino que tampoco se podría informar favorablemente, tanto técnica como jurídicamente, a su concesión».
Junto a la petición de la declaración como investigados del exconcejal de Urbanismo, de los tres técnicos municipales que omitieron los incumplimientos del proyecto en sus informes, de Carlos Plasencia y del arquitecto de Promotora Puntalarga SA; la Fiscalía solicita en su denuncia más documentación al Ayuntamiento de Candelaria y al Consejo Insular de Aguas; así como la elaboración de un dictamen pericial; entre otras diligencias.
La denuncia de la Fiscalía ha sido tramitada en los juzgados de Güímar, al ser el partido judicial competente para instruir la causa.
