VICENTE PÉREZ
El pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha rechazado la moción del PP en la que proponía zanjar ya la polémica sobre el Monumento a Franco, descartando su posible retirada pero dándole un nuevo significado, con un nombre que eligieran los ciudadanos mediante encuesta popular. La propuesta del PP no logró el apoyo de ningún grupo político, aunque CC se abstuvo.
En defensa de su moción, el portavoz popular, Guillermo Díaz Guerra, desacreditó las conclusiones del informe encargado por el propio PP cuando cogobernaba, dirigido por la catedrática de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna María Isabel Navarro, al entender que «hay que ponerle mucha imaginación» para toda la simbología franquista que le atribuye esta experta a ese conjunto escultórico.
«Para mi, desde niño, solo es una fuente, en desuso, y nunca se me ocurrió que fuera un monumento a nadie, y la gente la llamaba fuente de Almeyda, ni creo que a la mayoría de la gente se le ponga la carne de gallina si se le llama monumento a Franco», argumentó Díaz Guerra, quien añadió que esta obra «tendrá el significado que le queramos dar».
En una intervención que provocó ostensible malestar en el PSOE y Unidas Podemos, el portavoz del PP llegó a decir que incluso llamarlo «monumento a Franco no tiene mayor valor que un topónimo como la Cruz del Señor» y elogió esta obra como «patrimonio artístico de la ciudad».
Y apostilló, al final de su primera intervención, que todo esto lo decía «sin ánimo de defender dictaduras, sino porque las generaciones futuras deben estar por encima» de estas polémicas.
Contrariado por el tono usado por el edil del PP, el portavoz de Unidas Podemos, Ramón Trujillo, afeó a los populares que pretendieran un acuerdo contrario a La Ley de Memoria Histórica a pesar de que el estudio de la ULL concluye que la fuente no pue de ser resignificada, porque su simbología franquista es la que es y debe ser retirada.
El edil de la alianza que forman IUC, Podemos y Equo condenó que en una democracia se homenajee en la vía pública «al español que más españoles ha matado», al tiempo que, en clave irónica, felicitó al PP por haber sido un concejal del Partido Popular, José Carlos Acha, el que en el pasado mandato encargó la realización de este estudio a la prestigiosa historiadora del Arte, en el que el Consistorio gastó 56.00 euros para conocer si se cumple o no la Ley de Memoria Histórica en Santa Cruz.
A la luz de este informe, subrayó Truillo, «ya solo se puede acordar un calendario para su retirada, y decidir si se reubica en un centro de difusión de valores democráticos o instalarlo bajo el mar».
Coalición Canaria-PNC, a través de su portavoz, Juan José Martínez, justificó la abstención porque la moción del
PP no es la forma de zanjar este debate, sino en la creada Comisión Municipal de Memoria Histórica, «pero siempre con el principio claro de cumplir la Ley de Memoria HIstórica».
Al contrario que el PP, CC-PNC no pasó de hurtadillas sobre el hecho de que este estudio de la ULL lo encargo el gobierno que formaba con el PP, e hizo gala de que fue el entonces alcalde nacionalista, José Manuel Bermúdez, el que declaró Hijo Adoptivo al último alcalde republicano de la ciudad asesinado en la represión franquista.
«Santa cruz debe ser una ciudad libre de cualquier símbolo o referencia al régimen franquista», enfatizó, para afirmar que habrá que consensuar si se resignifica o se retiran determinados elementos del conjunto escultórico.
La concejal de Patrimonio Histórico, Matilde Zambudio, consideró que el PP se adelantó a los acontecimientos, saltándose la comisión específica sobre este asunto, creada por los propios populares cuando gobernaban, que deberá analizar el estudio de 12 tomos y 6.000 páginas. «Parece que ustedes hicieron ese encargo, que costó 56.000 euros, y ahora no les interesa ese informe, así que no procede aprobar esta moción si debatir ese asunto en esa comisión», añadió Zambudio.
Desde el PSOE, su portavoz, José Ángel Martín, dijo sentirse sentirse «impactado» por «el revisionismo histórico» del edil del PP y por su «tono guasón» sobre el significado franquista de esta fuente.Le replicó con vehemencia Díaz Guerra: «De guasón, poco; no vengo aquí a hacer gracietas, pero mientras lo llamemos el Monumento a Franco seguiremos abriendo heridas, pero para mi es la fuente de Almeyda, y la llamo como me da la gana».
Reiteró que el PP rechaza «cualquier exaltación de la represión, del uso de la fuerza, pero no se debe destruir el patrimonio histórico artístico».
La alcaldesa, Patricia Hernández (PSOE), terció para comunicar que al coste del estudio encargado por el anterior gobierno CC-PP, hay que sumar la indemnización de uno de los especialistas que se presentó al concurso para hacer este informe, y que recurrió la adjudicación en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo, que le dieron la razón.
