VICENTE PÉREZ
Un «numeroso» grupo de vecinos de Rodeo Alto, en La Laguna, ha presentado en el Juzgado Número 4 de este municipio tinerfeño una denuncia por la «gravísima situación» que se vive en el centro de acogida temporal de inmigrantes en Las Raíces y su entorno.
Describen una serie de hechos presuntamente ilegales, «con una aparente vulneración de las normas sanitarias» contra la pandemia (lo que a su juicio convierte este lugar en «una bomba de relojería» sanitaria) al tiempo que se vulneran los derechos humanos y fundamentales de estas personas, «incluso con un posible incumplimiento de la legalidad urbanística» con la propia creación de este campamento en una antigua instalación militar.
Desde la fecha de apertura del recinto, a finales de enero, «hemos asistido a un cambio radical en la vida de este enclave vecinal diseminado, en el que residimos no más de 300 personas», aseveran en su escrito.
Unos hechos que, según los denunciantes, «están generando una alarma socialy especialmente entre los vecinos los barrios en los que están ubicados estos centros de acogida, como ocurre en el caso del Rodeo Alto», por lo que piden que se depuren las posibles responsabilidades legales así como «dictar todas aquellas medidas legales procedentes» para la «clausura inmediata» de centro abierto por el Ministerio de Migraciones, que acoge a 1.200 inmigrantes, y al traslado de sus residentes a otros centros de acogidas del territorio nacional».
Reclaman estos vecinos que los inmigrantes sean repartidos en toda España «en grupos reducidos para facilitar su integración en el respectivo medio social donde se ubiquen, dado que no existe ninguna circunstancia legal que impida llevar a cabo tal actuación, una vez transcurrido el plazo legal de 72 horas, desde su llegada de forma irregular a alguna de las islas Canarias que, para recordatorio de algunas autoridades españolas y europeas, continúa siendo frontera territorial de España y de la Unión Europea»
La primera supuesta ilegalidad que denuncian tiene que ver con las deficientes medidas para prevenir contagios de Covid-19, y aseguran que el psado día 13 de marzo uno de los inmigrantes dio positivo en la prueba PCR.
Según la denuncia, «en el campamento, con un número de ocupantes a todas luces sobredimensionado, distribuidos en casetas-carpas que acogen varias decenas de usuarios por noche, se incumplen todas las medidas legales establecidas para atajar la pandemia, como son las siguientes: no existen grupos burbuja, a los migrantes no se le realizan pruebas PCR previas a su llegada, no se respetan medidas relativas al mantenimiento de distancias de seguridad en ningún momento, el uso de mascarillas es claramente insuficiente, siendo habitual su ausencia o su empleo incorrecto, aglomeraciones durante las colas de espera para acceder a la carpa comedor, así como en los espacios comunes del campamento».
Todos estos hechos reflejan, según este grupo de vecinos de Rodeo Alto, «el descontrol existente por parte de la gestión de la ONG [ACCEM] responsable de dicha instalación, y en definitiva, una absoluta falta de cumplimiento de las medidas sanitarias anti Covid más elementales, y un atentado contra el bien jurídico de la salud pública».
Además, advierten en la denuncia, «los usuarios del campamento son libres de circular fuera del recinto, e interactúan con el resto de la población de las inmediaciones y del resto de la ciudad de La Laguna, estando también en contacto permanente con otras personas de la isla que los visitan, les proporcionan todo tipo de ayuda (ropa, comida, medicamentos, servicio de peluquería, etc…), y les acompañan en las manifestaciones y reuniones que se producen todos los días por fuera del campamento, con lo cual, el riesgo de contagio o de que sean contagiados es realmente alto, puesto que tampoco en el exterior se sigue el protocolo anti- covid (uso de mascarillas, distancia de seguridad, etc..).
En relación a este asunto, destacan los denunciantes que» los propios responsables de ACCEM» les «han comunicado que ni siquiera existe un control de identificación de las personas que acceden al campamento durante el día, y que sólo se hace un recuento nocturno para determinar quién falta, lo cual incrementa aún más el grave riesgo sanitario citado anteriormente, así como el de la seguridad del centro».
Asimismo y durante la noche, «muchos de los usuarios del campamento deambulan por el exterior, y por las fincas y caminos vecinales de la zona, incumpliendo de forma reiterada el toque de queda impuesto en la isla, de obligado cumplimiento para todos sus habitantes·.
Desde esta perspectiva, el centro de acogida de Las Raíces, «con su ausencia casi total de medidas de control de la pandemia, es una auténtica bomba de relojería, que no debería seguir operativo en las condiciones de con incidentes diarios y con una situación en el entorno del campamento, tanto en su interior como en el exterior, que consideramos, vulnera gravemente algunos derechos, incluso humanos, de los migrantes».
El segundo hecho que denuncian son las malas condiciones alimentarias de los inmigrantes. «El hacinamiento y la mala alimentación que han provocado protestas y manifestaciones multitudinarias de manera reiterada, tanto en el interior como en el exterior del campamento, puede estar suponiendo un atentado contra los derechos humanos y fundamentales de las personas que residen en él, incluido el numeroso grupo de menores de edad que la propia ong ha reconocido que residen en el mismo».
«Unas raciones muy escasas y repetitivas, con serias dudas sobre su salubridad, dado que ya se han producido diversos casos de intoxicación alimentaria, así como la escasez en la disponibilidad diaria de agua potable, la inexistencia de agua caliente, la insuficiencia de material de abrigo para las noches, son otros tantos motivos de protesta sistemática por parte de los usuarios del campamento, generando una situación de malestar y una crispación, que tiende a incrementarse cada día que pasa». «Todo ello constituye un atentado contra la salud de aquéllos, especialmente de los menores de edad, que de forma ilegal se encuentran acogidos» en este centro, según consta en la denuncia.
Previenen estos vecinos que «en los últimos días están siendo recurrentes las intervenciones policiales, alguna de ellas con detenidos entre los usuarios y heridos entre el personal de seguridad privada, que, de incrementarse, pueden conducir a reacciones colectivas con un alcance insospechado, y posibilidad de afectar, incluso, al propio vecindario».
«Pero no sólo se trata de manifestaciones de gran tensión», relata la denuncia, «sino incluso violentas, tanto dentro como en la zona exterior del campamento, cerca de su puerta de acceso». «Así», prosiguen los denunciantes, «los vecinos y los trabajadores de los dos supermercados y de la gasolinera existentes en la zona, han constatado la multiplicación de incidentes en forma de robo de productos alimenticios y bebidas, y el acoso que sufren los clientes de estos establecimientos ante el incremento progresivo de usuarios de dicho centro de acogida que, de forma intimidatoria, piden dinero, debido a la escasez de comida suministrada»
En consecuencia, exponen al Juzgado que «la imagen que transmite el funcionamiento de este campamento es la de una situación de maltrato de las personas que ahí residen, por una pésima alimentación y por unas condiciones de vida inaceptables». Tal es así que «los propios usuarios e, incluso, la misma ACCEM, junto con algunas de las personas residentes en la isla que los acompañan en el exterior, mencionan el deterioro físico y, sobre todo, psicológico y emocional que sufre buena parte de las personas que allí se alojan».
Alertan además los denunciantes que «comienza a detectarse [entre los migrantes] una cifra significativa y preocupante de casos de depresión, de enfermedades mentales, de huelgas de hambre, así como un incremento significativo del consumo de drogas y alcohol (este último acreditado por los responsables de los dos supermercados que afirman que la cerveza y el vino son los productos más comprados, con diferencia, por los usuarios del campamento), hecho más que comprobado por muchos vecinos todas las tardes, que observamos a muchos en corrillos, consumiendo alcohol, o con botellas y cartones de vino en la mano mientras vuelven al recinto».
Revelan además en la denuncia que «personal de seguridad, algunos trabajadores de ACCEM e, incluso, algún miembro de las fuerzas policiales advierten que está situación irá empeorando con el paso de los días y que se puede llegar a generar un horizonte de tensión y violencia de consecuencias impredecibles». 
El tercer hecho que denuncian como presuntamente» un flagrante incumplimiento de la legalidad», es la existencia de un “campamento alternativo” en el exterior del oficial, desde hace un mes, «y con el apoyo de un grupo más o menos numeroso de residentes en la isla, se ha organizado un asentamiento en casetas de campaña, cuya proliferación aumenta cada día, en el que residen habitualmente unos 40 extranjeros migrantes, acompañados de personas locales, en unos terrenos de titularidad estatal, concretamente del Ministerio de Defensa, sin las mínimas condiciones higiénicas y de salubridad».
Dichas personas, en este campamento de protesta, «realizan sus necesidades fisiológicas en el entorno inmediato, un bosque de eucaliptus que se ha convertido en un espacio lleno de inmundicias, basuras de todo tipo, decenas de mascarillas usadas, ropa abandonada y una ocupación de la calle que conecta la carretera TF-24 con la puerta del campamento, colmatada de forma continuada por los coches de estas personas locales y por decenas de inmigrantes que colapsan la vía, y que ya han provocado incidentes con los vecinos que, con sus coches, circulan por ésta a sus domicilios. Todo ello atenta, claramente, contra los bienes jurídicos de protección de la salud pública y de conservación del medio ambiente».
A juicio de los denunciantes, «a actividad de acampada no sólo es ilegal de manera habitual en lugares no habilitados para ello, –como esta zona a la que nos referimos, que es un bien de dominio público, de titularidad del Ministerio de Defensa-, o incluso para aquéllos en los que se requiere de una previa autorización para practicarla, sino que también está expresamente prohibida en aquellas situaciones en las que no se cumple con las medidas de seguridad frente a la pandemia; es decir, que en este caso de nuevo se repiten unas circunstancias similares a las que acontecen en el campamento oficial: ausencia de todo tipo de medidas mínimas de precaución, incumplimiento del uso de mascarillas o de la distancia de seguridad».
Además, estos vecinos de Rodeo Alto sostienen que esta «acampada no autorizada vulnera toda la normativa legal especial sobre dicha materia, como son Ley básica 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y la orden de la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias, de 31 de agosto de 1993, por la que se regulan las acampadas en los espacios naturales protegidos, montes públicos y montes de particular».
En relación a este asunto, el día 23 de febrero del año en curso, refieren que «el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, comunicó públicamente en una reunión celebrada en el salón de plenos del Ayuntamiento de La Laguna, a la que aparte de representantes de los vecinos asistieron miembros del grupo de gobierno y oposición de dicha corporación local, así como la Directora General de Inclusión y Acción Humanitaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que en cuestión de tres días se desmontaría el citado campamento, como consecuencia de su manifiesta ilegalidad.»
«Pues bien», critican los denunciantes que «han transcurrido ya tres semanas desde el anuncio de ese compromiso, y el campamento alternativo permanece en el mismo lugar, incluso con más usuarios y gente alrededor que entonces, lo cual acredita una dejación de funciones de todas las autoridades que, conociendo la permanencia y reiteración de este hecho tan público y notorio, no han ejercido hasta el momento su competencia legal, incluyendo el poder coactivo que ostentan, para hacer cumplir la ley, al igual que se debe hacer, y de hecho se hace, con el resto de ciudadanos».
En cuarto y último lugar, denuncian también como contraria a la legalidad «la prohibición ordenada por la Delegación del Gobierno en Canarias, siguiendo instrucciones del Ministerio del Interior, de que aqeéllos puedan viajar y circular libremente por todo el territorio nacional e incluso por el espacio Schengen europeo, a pesar de poseer su documento identificativo (N.I.E), algunos incluso pasaporte, o haber solicitado protección internacional (asilo político)».
«Tal prohibición arbitraria e ilegal», subrayan los vecinos de Rodeo Alto, «no sólo constituye una vulneración de todo tipo de derechos que le asisten a dicha personas, incluido el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, sobre libre circulación y elección de residencia en el territorio de un Estado, así como a salir de cualquier país, sino un agravio comparativo con el resto de ciudadanos de la Unión Europea que si pueden hacerlo sin ningún tipo de restricción, lo cual también supone una discriminación por razón de su condición de extranjero migrante, contraria al derecho fundamental de igualdad del artículo 14 de nuestra Constitución Española».
