PLANETA CANARIO
La asociación de consumidores Canarias por la Salud, con sede en Gran Canaria, llevará a los tribunales parte de las medidas ordenadas por la presidencia del Gobierno regional para frenar la pandemia, entre ellas la del uso de mascarilla.
Se trata, según el portavoz de este colectivo, el abogado Juan Sáiz Peláez, de un recurso especial de protección de derechos fundamentales ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), al considerar “ilegales e inconstitucionales” algunas medidas y por considerarlas que no están debidamente avaladas por informes técnicos epidemiológicos.
En declaraciones a PLANETA CANARIO, Sáiz Peláez asegura que la asociación y, desde su punto de vista, una parte de la sociedad que es crítica con la gestión de esta crisis sanitaria, tiene demasiadas preguntas sin respuesta por las “erráticas y arbitrarias decisiones del Gobierno canario que provocan el agravamiento de la crisis económica de Canarias y el recorte de derechos y libertades publicas».
A juicio de este abogado,algunas medidas adoptadas para combatirla se pueden vulnerar derechos fundamentales “a la integridad física, a la intimidad o a la salud”.
Preguntado por qué este último puede verse vulnerado si precisamente el objetivo es preservar la salud, el letrado responde sin tener en cuenta el principio de prevención sanitario: “Porque se le pone mascarilla a personas sanas y son incómodas para respirar”.
Su argumentación se adentra en terrenos más jurídicos cuando invoca jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo, que “anuló una orden de llevar mascarilla obligatorio en el centro de una ciudad porque no consideró proporcionada la decisión a la gravedad del problema y no quedó acreditada la evidencia de la necesidad”.
Argumentos jurídicos
En su recurso cuestionará también la competencia del Gobierno canario para imponer medidas más duras que las establecidas para el conjunto del Estado y echa mano también de los principios de legalidad y tipicidad, en el sentido de que tanto las infracciones como las sanciones tienen que estar establecidas por ley, algo que desde su punto de vista no ocurre con determinadas conductas que el Gobierno canario está sancionando, y que, desde su criterio jurídico, no ampara la legislación ordinaria en sanidad de carácter estatal.
“Había un plan de desescalada nacional que le da autonomía a las comunidades para avanzar en la desescalada o retroceder, pero la mascarilla ni siquiera en los momentos más duros fue obligatoria en la vía pública”, sostiene Sáiz Peláez.
“El debate sobre la salud debe ser transparente y es curioso que todos los gobiernos, el estatal y los autonómicos, se hayan puesto de acuerdo; no entendemos esa unanimidad”, asevera el abogado.
«Supuesta pandemia»
El discurso de esta asociación está próximo al de quienes se han manifestado en las calles el pasado fin de semana para cuestionar la gravedad de la pandemia y pedir que se anule la decisión de llevar mascarilla obligatoria en la vía pública. No obstante, su portavoz asegura que no están cerrados a aceptar ninguna medida, siempre que les convenzan científicamente de su necesidad, y no por criterios políticos.
En un momento de la entrevista, el abogado utilizó la expresión “supuesta pandemia” en el estado actual de la enfermedad. Sus dudas contrastan con las cifras oficiales sobre el COvid-19: más de 22 millones de contagiados y casi 800.000 fallecidos en 188 países. Las decisiones que cuestiona en Canarias se están tomando en toda España y en otros países también, como el uso obligatorio de mascarilla.
Entre las dudas que tiene esta asociación figura el de la fiabilidad de las pruebas PCR, la cual cuestionan, lo que, desde su punto de vista, hace que también se pongan en cuestión los datos sobre el número de contagiados.
La creación de esta asociación es reciente, “justo antes del confinamiento” y, según su portavoz, “surgió de forma espontánea, pues había gente inquieta, sorprendida por lo que estaba pasando”.
«Hay que conocer la verdad con una auditoría independiente»
Asegura este abogado que su intención es “buscar la verdad, que, tratándose de un tema médico, deben aportar los científicos, aunque la medicina no sea una ciencia exacta”.
Afirma Sáiz Peláez que a la asociación no le mueven fines políticos, sino conocer “sin temor la verdad de esta situación por si en el futuro vuelve a darse otra igual”.
En este sentido, la asociación reclama una evaluación de expertos independientes: “Los ciudadanos tenemos muchos interrogantes, legítimos, y solo pueden responder a ellos científicos que sean personas con trayectoria independiente, sin intereses políticos ni empresariales”.
Su balance sobre el sistema público nacional de salud no es bueno, al considerar que en esta crisis sanitaria el resultado está siendo “insatisfactorio, espeluznante y ha fracasado”.
“No es un fracaso de un partido o de otro, sino de todo el sistema; y por eso como asociación tenemos la filosofía de que hay que aceptar el debate sobre qué es la salud en nuestra época, ya que comemos productos manufacturados, usamos móviles con contaminación radioeléctrica, medicamentos con efectos secundarios…”
«La censura a los científicos que discrepan»
Otra cuestión que pone sobre la mesa este abogado es el de la “censura a los científicos que discrepan o puedan discrepar de la versión oficial de la pandemia”, expertos que para él son “personas valientes que luego pueden recibir represalias”.
Al respecto, PLANETA CANARIO le indica que no practica ninguna censura, sino son pocos los médicos que en Canarias se quieren dejar entrevistar públicamente sobre la pandemia sin tapujos, por lo que, en tal caso se trataría de “autocensura” de ellos mismos.
«Intolerable crítica a los jóvenes»
En el comunicado divulgado por la asociación el 14 de agosto, un día antes de las manifestaciones en toda España en contra del uso de la mascarilla, se califica de «intolerables las palabras del presidente del Gobierno canario, tanto en el fondo como en la forma en un Estado de Derecho tratando de criminalizar a la juventud canaria y llegando incluso a sugerir cuales han de ser las pautas de comportamiento moral».
Para este colectivo de consumidores, Ángel Víctor Torres, con estas críticas a los jóvenes “trata de ocultar el error de haber adquirido más de 58.000 test PCR cuyos resultados y utilidad han sido ya puestos en entredicho por la comunidad científica” y «evadir su directa responsabilidad en la crisis económica de las Islas como consecuencia de la gestión de su Gobierno».
La asociación pasa por alto que las críticas del Gobierno canario se refieren a los jóvenes que se han contagiado de Covid-19 por acudir a fiestas ilegales o botellones o a reuniones familiares sin adoptar medidas obligatorias de prevención contra la pandemia. Este perfil es el mayoritario en los últimos rebrotes producidos en Canarias.
Para este abogado, su recurso permitirá que los tribunales se pronuncien sobre si se están respetando los procedimientos legales en las medidas adoptadas contra el coronavirus- “Para buscar la verdad, ahora solo tenemos el Poder Judicial, garante de nuestros derechos y salud, y la movilización ciudadana para que haya una auditoría independiente”.
