PLANETA CANARIO
El Juzgado de Primera Instancia numero 6 de Santa Cruz de Tenerife ha rechazado la petición de Inversiones Las Teresitas S.L. (la sociedad formada por los empresarios condenados a cárcel por el caso Las Teresitas, Antonio Plasencia e Ignacio González, ya fallecido) para que el Ayuntamiento santancrucero le devolviera un total de 116 millones de euros por la operación de compra venta de las 11 parcelas en primera línea en la playa de Las Teresitas, que fue anulada en un contencioso administrativo .
La sentencia, divulgada este lunes 8 de junio por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, es consecuencia de un pleito iniciado en 2010 por el citado empresario fallecido el pasado año en prisión y sus socios tras conocerse el fallo del Tribunal Supremo que en 2007 declaró nula la adquisición de los terrenos del frente de la playa por parte del Ayuntamiento, cuando era alcalde Miguel Zerolo (también en la cárcel por el mismo caso), a cambio de 52 millones de euros.
Esta nueva sentencia del Juzgado civil declara que el principal efecto de la nulidad del contrato de compraventa celebrado en 2001 entre estos empresarios y el consistorio es que este último “no tiene obligación de devolver a Inversiones Las Teresitas (ILT) el objeto del contrato”, esto es, las 11 fincas, “manteniéndose la titularidad en el citado Ayuntamiento». «Y todo ello sin perjuicio de la responsabilidad civil” la empresa, declarada, recuerda en fallo, en el pleito penal que acabó en condena firme para varios miembros del Ayuntamiento de Santa Cruz y para los propietarios de ILT.
La autoridad judicial recuerda que entre el inicio de el presente pleito civil y el dictado de su sentencia se sustanció un proceso penal en referencia a la operación de compra venta de los terrenos que finalizó el pasado 26 demarzo de 2019 con la sentencia del Supremo que declaró delictiva la operación y envió a la cárcel a sus responsables: “Evidentemente”, dice la magistrada, aquella sentencia “condiciona la determinación de los efectos
civiles”.
Recuerda el Juzgado de instancia que la sentencia del Supremo declaró que el Ayuntamiento “no tenía responsabilidad penal, siendo, en realidad el perjudicado por dicho negocio jurídico declarado ilícito”, y por ello se estableció “la responsabilidad civil de los condenados frente al Ayuntamiento”.
“No podemos declarar que exista cosa juzgada, pues las partes en este procedimiento no coinciden”, expone el fallo conocido este lunes; “sin embargo lo declarado en la sentencia penal influye de tal manera que hace imposible el mantenimiento de las pretensiones del actor y del demandado”.
A juicio de la magistrada que resuelve el pleito civil, las pretensiones de Inversiones Las Teresitas “no pueden ser mantenidas después de la sentencia penal, pues ésta declara la ilicitud de la causa y le declara responsable civil, al haberse aprovechado de los efectos del delito”. El fallo es susceptible de recurso ante la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.