PLANETA CANARIO
Las familias que cobran la Prestación Canaria de Inserción (PCI) percibirán un complemento de 50 euros más al mes por cada menor que tiene a su cargo.
La medida la aprobado esta semana el Consejo del Gobierno de Canarias y se aplicará mediante un decreto ley que modifica la Ley 1/2007 reguladora de la PCI, para lo cual se destinarán1.933.650 euros.
Además, en relación a las renovaciones de esta prestación habrá dos novedades. Por un lado, se permite que los ayuntamientos puedan presentar de oficio las solicitudes de renovación de la PCI que se hayan quedado fuera de plazo si subsisten las circunstancias de vulnerabilidad de las familias; y por otro lado se agilizan las renovaciones de los hogares que no han cambiado sus circunstancias, mediante informe social y declaración responsable.
De esta forma, en aplicación de este decreto, y dado que las solicitudes de renovación ya vienen con informe favorable de los ayuntamientos, la Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración dará su conformidad automática, aunque posteriormente llevará a cabo una comprobación, por si se detectaran variaciones en la circunstancias familiares o económicas de las familias beneficiarias.
Trasvase en bloque de todos los beneficiarios de la PCI al IMV
El Gobierno canario también ha dado su apoyo a modificar la ley estatal de Ingreso Mínimo Vital (INM), para que, de oficio, los perceptores de la PCI accedan de forma automática a esta nueva renta que ha creado el Gobierno central y que ya reciben 8.944 familias canarias de bajos ingresos.
Este cambio ha sido impulsado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. En Canarias son 7.357 las familias que perciben la PCI.
De esta forma, se permitirá, con carácter excepcional y por un periodo transitorio, que a todas las personas que, a fecha de 31 de diciembre de 2020, sean titulares de las rentas mínimas de inserción o ayudas análogas de asistencia social (en el caso de Canarias, la PCI), tendrán reconocida de oficio una prestación del Ingreso Mínimo Vital con efectos de 1 de enero de 2021, siempre que no se supere el umbral de ingresos garantizados que corresponda con la estructura y composición de la familia beneficiaria.
Tanto el Gobierno estatal como el Gobierno canario han reconocido las dificultades burocráticas para gestionar el enorme volumen de solicitudes para el nuevo Ingreso Mínimo Vital. De hecho, solo en el Archipiélago, el Instituto Nacional de la Seguridad Social ha recibido hasta ahora 92.328 expedientes de solicitud del IMV, de los que el 67%, es decir, 62.134, han sido tramitados, 34.572 en la provincia de Las Palmas y 27.262 en la de Santa Cruz de Tenerife, según informó este 19 de marzo la Delegación del Gobierno.
