PLANETA CANARIO
El comité de empresa de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha Contra el Cambio Climático y Planificación Territorial de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria ha advertido de que en los últimos cinco años el servicio del Gobierno canario encargado de evaluar el impacto ambiental de los proyectos públicos y privados en toda Canarias ha perdido el 50% de su personal, «un desmantelamiento» que «lo aboca a su inoperatividad», con un «bloqueo» actual del 80% de los expedientes, y un «atasco» para las 357 iniciativas que se están tramitando en este último lustro en el Archipiélago.
Por ello, califican de irreal el plazo de seis meses al que se ha comprometido esa semana el consejero estas áreas, José Antonio Valbunea, al Cabildo grancanario para tener listo el trámite de evaluación ambiental de un proyecto de «la gran envergadura y complejidad» de la central hidroeléctrica Chira-Soria, que dará el 36% de la electricidad que se consume en la isla y supondrá una inversión de unos 400 millones de euros.
Además, el comité de empresa que preside Rafael Rodríguez Santana, en un comunicado remitido por Intersindical Canaria, señala que tras la aprobación en 2017 de la Ley del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos «se ha generado un galimatías jurídico que ha perjudicado gravemente a la Viceconsejería de Planificación Territorial, paralizando muchos trámites de planeamiento y creando un desajuste de funciones en la plantilla, sin aparentes visos de remediar».
«Notorios perjuicios» a ciudadanos y empresas
Reconocen los representantes de estos empleados públicos que el nuevo equipo directivo de la Consejería «hereda una situación compleja, pero a pesar de haber sido informados por el Comité de Empresa, y tras más de medio año en la dirección de la misma, los trabajadores aún esperan una respuesta para corregir esta situación».
Todo ello está derivando en perjuicios notorios al interés general, ciudadanos y empresas, al no poder tramitar el excesivo volumen de expedientes que gestiona, relativos a parques eólicos, vertederos, canteras, carreteras, proyectos de infraestructura viaria, autorizaciones ambientales, etcétera.
El comité de empresa tiene claro que «una Consejería con más del 50% de las plazas de funcionarios vacantes no funciona, y eso se traduce en una flagrante ineficacia del servicio público, por lo que es imposible afrontar las necesidades existentes y abordar estrategias ambiciosas de carácter ambiental, como el cambio climático o la gestión de residuos, si se sigue trabajando como en el pasado».
La Consejería reconoce el retraso de expedientes y anuncia medidas «urgentes»
Este diario ha solicitado la versión de la Consejería que preside Valbuena, que ha respondido al comité de empresa dándole la razón en que el Servicio de Evaluación Ambiental acumula «un importante retraso de expedientes por la falta de recursos humanos» y es el que necesita medidas «más urgentes», las cuales se han convertido en «una prioridad» para el consejero.
Pero a renglón seguido, asegura que «mientras se agiliza el refuerzo de este servicio, ya se está trabajando en una restructuración de servicios que optimicen los recursos y en otras soluciones alternativas urgentes como la contratación de empresas públicas que nos puedan dar un impulso a estos expedientes que han quedado atrasados».
De esta manera, el Gobierno canario quiere impulsar la tramitación los citados expedientes y «no recaerá toda la responsabilidad en los escasos recursos humanos que hemos heredado en este servicio y que el propio consejero denunció en su última intervención pública durante la visita al Cabildo de Gran Canaria».
El equipo de Valbuena afirma que «mantuvo en sus primeros meses de trabajo varias reuniones internas para determinar las necesidades de personal de cada servicio y establecer las prioridades de contratación de personal y ocupación de plazas»
