PLANETA CANARIO
La Asociación Agua para La Palma quiere “desmentir de forma contundente” que el Cabildo y el Consejo Insular de Aguas (CIALP) hayan asumido y estén aplicando las medidas que este colectivo propone desde hace años para garantizar agua barata y de buena calidad con recursos hídricos subterráneos, ya que, “muy al contrario, el actual gobierno insular hace una política continuista, derrochadora de dinero público, enfocada a la desalación y a reactivar pozos privados”.
Así lo han manifestado en rueda de prensa este lunes 17 de febrero el presidente y la secretaria de este colectivo ciudadano, Pedro Monzón y Mónica Riverol, quienes, acompañados de su asesor técnico, el ingeniero Carlos Soler Liceras, experto en hidráulica y energía, han salido al paso de recientes declaraciones del presidente del Cabildo palmero, Sergio Rodríguez, en las que afirma compartir las propuestas de la asociación cuando a la vez defiende la implantación de desaladoras de agua marina y la reactivación de pozos.
Durante su comparecencia informativa celebrada en el Palacio Salazar de Santa Cruz de La Palma, la asociación dejó claro que “mientras para el gobierno insular todo pasa por desalar, para nosotros todo pasa por reperforar el Túnel de Trasvase, poner tranques en las galerías para sacar agua a demanda, sin tirarla a los barrancos cada invierno, y acabar con las pérdidas en los canales y las redes de distribución, incluyendo el entubado y telemetrizado del Canal LP1”.
Monzón aseguró que, “lejos de priorizar estas medidas para aprovechar un agua subterránea de la que la isla tiene de sobra, el gobierno insular trata de engañar a la opinión pública, al decir que están haciendo lo que proponemos; pero no es así, aunque nos dan la razón porque la realidad es que estamos cargados de razones que el Cabildo no puede contradecir más que con falsos argumentos”.
En el caso del Túnel de Trasvase, Monzón reprocha al Cabildo que se haya negado a reperforarlo por la vía de emergencia y siguiera un procedimiento ordinario con una licitación que quedó desierta. “Aunque Sergio Rodríguez dice que no es por culpa del CIALP, la realidad es que sí, pues dotaron la licitación para la redacción del proyecto con apenas un tercio del presupuesto necesario, algo inaceptable para cualquier empresa que quisiera concurrir”, subraya el directivo de Agua para La Palma.
En cuanto a la promesa del actual gobierno insular de transparencia en su gestión, la asociación recuerda que “fue necesaria una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y pedir su ejecución, para que nos entregaran en 2024 documentación que habíamos solicitado” .
“Y para colmo, el actual gobierno insular, usando como pretexto el cambio climático, se ha convertido en el máximo defensor de un dispendio de dinero público en desaladoras de agua marina justo en la isla que dispone, cada año, de cuatro veces más agua subterránea que la que necesita, desoyendo todas las propuestas alternativas que pueden aportar agua al sistema de mayor calidad, a mejor precio y de manera mucho más sostenible para un medio natural que la ley obliga a cuidar”, lamentó Monzón.
Para la asociación, otra señal de la falta de voluntad política real sobre sus alternativas, es la “excusa” puesta por el Cabildo de que no puede obligar a poner tranques en las galerías porque dicen que son privadas, pese a que la asociación entregó, junto a las alegaciones al Plan Hidrológico de Tercer Ciclo, un informe jurídico en el que deja patente que la legislación sí permite imponer esta obligación para la gestión de un bien público esencial como es el agua aunque se explote mediante concesión administrativa por un ente privado.
Acerca de la afirmación del presidente del Cabildo de que este organismo público no dispone de dinero para entubar el canal LP1, Monzón se pregunta “por qué la Administración insular no busca con la misma agilidad financiación para esta obra urgente como sí lo hace para las desaladoras y la reactivación de pozos, abocándonos a pagar agua cara, escasa y mala”.
“Simplemente tienen que destinar todos esos fondos a actuar como pedimos en el Túnel de Trasvase en sus dos bocas y en el Canal LP1, y seguir luchando por más fondos para hacerlo de una vez, porque la necesidad así lo requiere, dado que ya se han puesto demasiados parches que no han servido más que para quemar inútilmente dinero de todos”, añadió el presidente de la asociación.
Este colectivo cuestiona también la reciente decisión del CIALP de comprar dos pozos abandonados desde los años 70, uno salinizado y otro con altas conductividades, sin aparecer en el registro oficial ninguno de los dos y sin disponer de garantías sobre la calidad actual de su agua y sobre qué caudal en continuo pueden dar, cosa que solo sabrán realizando ensayos de bombeo de larga duración y analíticas del agua que se vaya extrayendo.
Además, a Agua para La Palma le llama poderosamente la atención que un técnico del CIALP, perito agrónomo, avale pagar por esos pozos más dinero que el solicitado por los propietarios en su oferta al CIALP y que el propuesto en un informe técnico de valoración hecho por una ingeniera de minas mediante contrato menor para dicho organismo.
Se trata de “un expediente lleno de deficiencias” por el que se pretendía aprobar el pasado día 3 de febrero la compra de los pozos del barranco de La Herradura (Herradura I y Herradura II o Fajana-La Perna), que, con el coste necesario para ponerlos en marcha, podría superar una inversión pública de 4,6 millones.
Otra medida que cuestiona la asociación es destinar dinero público a dos desaladoras contenerizadas por parte de la Consejería de Agricultura del Gobierno Canario, en acuerdo con el ITER y el Cabildo palmero, para instalarlas en terrenos de Canopalma en el Paseo del Litoral, en Tazacorte, un proyecto que “pondrá en riesgo el acuífero costero y el resto de pozos en activo en la zona al incumplir el área de influencia de afectación entre ellos establecida por la normativa”.
Asimismo, la asociación tacha de “error” construir tres balsas más para llenarlas con agua subterránea, y reitera que la solución está en la actuación ya comentada para el Canal LP1, entubado y telemetrizado, control sobre los más de 1.200 contadores que a demanda se disponen en el recorrido de esta canalización, donde, según miembros de la Asamblea General del CIALP, hay un “increíble el descontrol, ocasionando problemas a terceros sin que el Consejo Insular ponga remedio”.
Además recuerda la asociación de que con escorrentía “resulta difícil captar agua de forma realmente rentable, por el arrastre de materiales”. “Con escorrentía no se llena nada; así lo ha demostrado el hecho de que tenemos la Laguna de Barlovento vacía y la balsa de Vicario sin llenar, a la que se le está poniendo agua de galerías después de más de 20 años de obras y tras más de 24 millones de inversión”.
Por el contrario, señala este colectivo ciudadano, la isla dispone de importantes recursos hídricos subterráneos “gracias a su estructura geológica con diques que se entrecruzan en su subsuelo almacenando agua, un enorme acuífero aún desaprovechado, del que dan muestra sus galerías en cuanto llueve con aumentos de caudal, aunque no haga más que hablarse de sequía”.
CARLOS SOLER AVALA LAS ALTERNATIVAS DE LA ASOCIACIÓN
Por su parte, Carlos Soler señaló los «tres errores» de la política hidráulica: balsas, pozos y desaladoras.
En el caso de las balsas, opinó que el Cabildo «persiste en el error y va a destinar 40 millones de euros en el Plan Hidrológico para tres nuevas, porque todavía no se ha enterado de que no sirven para recoger agua de barrancos, sino para llenarlas con agua de galerías y pozos; y para eso no hace falta hacer balsas, sino poner cierres hidráulicos en las galerías».
En cuanto a los pozos, criticó que el CIALP «quiera comprar y volver a poner en marcha dos, los del barranco La Herradura, con una inversión total de 4,6 millones de euros, para llevar el agua a la Laguna de Barlovento, con lo cual se bombea desde la cota del nivel del mar hasta los 725 metros para luego regar desde la cota 400 para abajo». Y con ello, subrayó Soler, «lo que en verdad se está haciendo es bombear el doble de lo necesario, y si se utiliza Aduares, entonces sería el triple».
Sobre estos pozos, el ingeniero recordó, además, que están abandonados desde los años 80, se ofrecieron a la comunidad de regantes de San Andrés y Sauces, y un informe de la Dirección General de Aguas determinó que no valía la pena comprarlos, «ni aun regalados, y es sabido que dicha comunidad no quiere regar con agua de inferior calidad a la de los nacientes”.
«Y ahora el Consejo Insular de Aguas ha dicho que sí con dos informes de dos técnicos en los cuales se hace la valoración de lo que cuestan, pero nada dicen de la calidad de su agua, porque no ha habido un ensayo de bombeo o al menos un análisis del agua, con lo cual se está comprando con dinero público un agujero, no un pozo de agua». Soler advirtió también que «todo el mundo sabe que el pozo de La Herradura 1, el más cercano al mar, está salinizado, y el pozo 2 se salinizará en cuanto lo arranquen».
El «tercer error», apuntó este experto en hidráulica y energía, son las desaladoras previstas, cuatro en total. Una en Fuencaliente, cuyo coste, con el parque eólico que le dará electricidad, se multiplicará por cinco. Otra en Tazacorte, «donde ya han olvidado que sea sostenible y no le pondrán parque eólico». Una tercera será la de Barlovento, que supone «una verdadera barbaridad, pues es poner una desaladora en la zona de mayor pluviometría de la isla; “y es como decirles a los canadienses, a los brasileños o a los escoceses que se dediquen a poner desaladoras, algo que evidentemente no van a hacer porque les sobra agua».
Apuntó el ingeniero que tres de esas desaladoras se costearán con dinero público y otra será subvencionada (“dinero público también), y el agua de esta última va a venderse al precio privado, pero vamos a pagar sus costes entre todos».
Además, indicó que en el caso de la desaladora de Tazacorte «hay un error tremendo en el proyecto, porque la toma del agua no se hará en el mar ni tampoco el vertido de la salmuera, sino a través de sondeos colocados al lado de la desaladora, que entran en la masa de agua LP0005, que es un acuífero sobreexplotado, pero que, mediante trampas en el Plan Hidrológico, han conseguido bajarle el coeficiente de sobreexplotación por debajo del 80% para evitar su declaración de sobreexplotación al llevar luego condiciones aparejadas a su recuperación». «Con el propósito de hacer esa trampa», denunció el ingeniero, «han tenido que ponerle a Tazacorte la pluviometría de Hawái».
A ello añadió que «el bombeo va a suponer 12.240 metros cúbicos por día, que equivalen más o menos a sacar la mitad del agua que se extrae de todos los pozos del Valle de Aridane». El vertido de salmuera será de 7.340 metros cúbicos por día, 427 pipas por hora vertiéndose al acuífero costero, «lo que va a provocar una contaminación del acuífero».
«Todo eso lo que persigue es mezclar el agua desalada con la de los pozos y así poder seguir extrayendo de estos últimos, y lo que van a conseguir es salinizar aún más los pozos y encarecer el precio del agua para todos los agricultores, con lo cual van a terminar arruinando no solo a la agricultura sino también a los pequeños accionistas de los pozos al perder valor sus acciones por salinizarse el agua», alertó Soler.
Con respecto a este proyecto, el ingeniero denunció además que el CIALP se salta la ley que define en los planes hidrológicos un radio de afección de mil metros «pero el propio informe del CIALP, firmado por Alberto Calle, señala que hay tres pozos activos a menos de 600 metros, con lo cual van a incumplir el reglamento».
Asimismo, previno de que «debido a que el pozo de la salmuera donde se vierte en el acuífero está a tan solo 55 metros del pozo de absorción del agua que se bombea hacia la desaladora, al final la bomba va a empezar a traer el agua de la salmuera, con lo cual va a bajar de entrada el rendimiento y terminarán cargándose las membranas, más las bombas de la desaladora; y todo ello será responsabilidad no solo del CIALP, sino que tendrá que empezar ya a salpicar a los funcionarios».
Para Soler, las alternativas a esta política equivocada del Cabildo «son muy claras: corregir las pérdidas en las redes municipales, financiando o ayudando a los ayuntamientos; corregir las pérdidas de los canales públicos entubándolos y dejando de laminar; así como disminuir el caudal de pozos y aumentar el de las galerías para mejorar la calidad y la cantidad de agua».
Para este fin, el ingeniero propone en el Valle de Aridane sacar el aumento de agua del Túnel de Trasvase; en Barlovento, crear una comunidad que aproveche los 30 hectómetros cúbicos que se infiltran cada año, según el Plan Hidrológico, de los cuales solo se extraen 6 por las 16 galerías que existen; y en el noroeste de la isla, hacer los sondeos que la Dirección General de Aguas anunció que haría desde hace un año, pero que están «durmiendo el sueño de los justos».
«En resumen», concluyó el ingeniero, «lo que le pedimos al presidente del Consejo Insular de Aguas y presidente del Cabildo es que deje de engañar a la gente, pues nosotros nunca hemos estado de acuerdo con la desalación ni con resucitar pozos; por lo que, si él quiere decir que está de acuerdo con la asociación, lo que tiene que hacer es aumentar el caudal de agua de las galerías, disminuir las pérdidas y hacer los cierres hidráulicos».
Por su parte, la secretaria de este colectivo reiteró “el contundente desmentido” de la asociación “ante los mensajes manipuladores en los que el Cabildo nos nombra como si de verdad estuvieran de acuerdo con nuestros planteamientos”.
Denunció que el CIALP “se ha convertido en una máquina de picar dinero público que no beneficia a la población, pues no da soluciones a problemas viejos, y se ha creado una especie de banco público donde la iniciativa privada pide fondos de todos para invertir en su negocio lucrativo de agua sin dar nada a cambio”.
Destacó igualmente Riverol “la falsa imagen de coherencia del Cabildo y el CIALP al teatralizar sus objetivos con su participación en proyectos subvencionados con fondos europeos, como Génesis, promovido por el IGME-CSIC, con el que se dedican casi 800.000 euros a trabajos de investigación para decirnos lo que ya sabemos y defiende nuestra asociación”.
La directiva de Agua para La Palma puso de relieve que “no somos los del no a todo sino los del sí a las inversiones eficaces y sostenibles”.
Subrayó que “la ley está para cumplirla tanto por la iniciativa privada como por quien debe hacer que se cumpla, la Administración pública, que en este caso agrava los problemas con su dejación de funciones, a veces rozando la prevaricación”. En este sentido dejó claro que Agua para La Palma “no dudará en acudir a los tribunales para aclarar todo lo que vea turbio”.
Una Justicia que ya les ha dado la razón con varias sentencias firmes, una de ellas precisamente referida a falta de transparencia del CIALP.
“No vamos a callar, fiscalizaremos la acción política aunque les disguste”, añadió Riverol, “y le recordamos al consejero insular de Aguas, Juan Ramón Felipe, que aún no ha cumplido con su obligación legal de aportarnos, entre otros documentos, todas las facturas del pozo El Roque y los análisis físico-químicos y de conductividad de su agua”.
Por último, Riverol pidió el apoyo de la población y de los medios de comunicación, a los que pide que realicen “una función social de debate útil y sin vetos, como sucede ahora, para exigir transparencia en las decisiones políticas sobre un recurso tan fundamental como el agua y rigor en invertir los fondos públicos en las soluciones más eficaces y sostenibles para el interés público, y no en las que más benefician al lobby del agua, como viene sucediendo, gobierne quien gobierne”.
