VICENTE PÉREZ
El Juzgado de lo Penal 3 de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a inhabilitación para empleo o cargo público por prevaricación administrativa a la alcaldesa de San Juan de la Rambla, Fidela Velázquez, así como a los exconcejales Víctor Manuel García Suárez y Cayetano José Silva Hernández, quien, por este motivo, ha presentado su dimisión como director insular de Seguridad y Emergencias en el Cabildo de Tenerife.
La Fiscalía había pedido 10 años de inhabilitación para la alcaldesa y 8 para los otros dos encausados, y la pena finalmente impuesta es de 8 años y 6 meses y un día para la regidora municipal y 7 para los ex ediles.
Los hechos por los que se les condenan son una indemnización, por parte del Ayuntamiento, a un agricultor -aparcero o medianero-, de 4.220 euros, y una gratificación por horas extraordinarias para los empleados municipales que en realidad nunca se acabaría abonando, expedientes ambos que tuvieron el criterio negativo del secretario y el interventor municipales. La alcaldesa ramblera ya ha anunciado que recurrirá la sentencia.
La juez considera probado que Velázquez propuso en Junta de Gobierno reconocer dicha indemnización a favor de un agricultor por la extinción improcedente de un contrato de aparcería, a lo que el secretario del Ayuntamiento, Fernando Pantaleón Alonso, informó oralmente de manera negativa, advirtiendo de que el acuerdo no se ajustaba al ordenamiento jurídico.
Pese a ello, los acusados votaron a favor «con pleno conocimiento de que era contraria a derecho», reza el fallo judicial. Solo se abstuvo el teniente de alcalde Tomás Mesa Díaz, que a la postre sería el denunciante de la causa.
Contra este acuerdo, el interventor-accidental del Ayuntamiento, Juan Antonio Silvelio Albelo, formuló reparo de legalidad por haberse adoptado el acuerdo sin tramitación ni resolución de un procedimiento de responsabilidad patrimonial preceptivo, y que el derecho del aparcero podía haber prescrito, ya que el terreno lo compró el Ayuntamiento en 2005 y el agricultor no reclamó la indemnización hasta 2011.
Según la defensa, la indemnización al aparcero había sido acordada por la anterior corporación, pactada por el anterior teniente-alcalde de manera verbal y se hizo una anotación a mano en el expediente por una funcionaria municipal; asunto que la alcaldesa conoció al reclamar el pago el propio interesado.
Velázquez alegó que había entendido que las discrepancias del secretario municipal en Junta de Gobierno sobre este expediente eran «una mera opinión personal» porque estaba convencida de que el funcionario no había revisado todo el expediente completo.
Por otra parte, la alcaldesa, en enero de 2013 decretó conceder gratificaciones en concepto de horas extraordinarias y por un importe de 300 euros cada una en favor de empleados municipales, «nuevamente pese a haber sido advertida por el secretario del Ayuntamiento de su ilegalidad porque no constaba el encargo previo de los trabajos extraordinarios, ni su efectiva realización, ni referencia al número de horas extraordinarias realizadas a efectos de limitación (máximo de 80 horas anuales) contenida en el articulo 35.2 del Estatuto de los Trabajadores». El decreto no se aplicaría porque, tras una moción de censura, y con Tomás Mesa ya como alcalde, no se hizo efectivo el pago.
Las declaraciones de los funcionarios, claves
El entonces secretario, Fernando Ramón Pantaleón, declaró ante el Juzgado que advirtió de que no procedía el pago al aparcero, ya que en el mismo acuerdo por el que se compraba el terreno el precio incluía todos los conceptos y se compraba libre de cargas; además de que el derecho ya estaba prescrito; no existía procedimiento alguno para hacer efectivo el referido pago, y en varias ocasiones había advertido a la alcaldesa que su decisión no era legal.
El que fuera interventor accidental del Ayuntamiento de San Juan de la Rambla declaró que hizo el reparo de legalidad en relación al pago de Ia indemnización a favor del aparcero a Ia luz de lo que se reflejaba en el acta de Ia Junta de Gobierno y de Ia información del secretario en Ia que se hacían constar las irregularidades.
Respecto al pago de las horas extraordinarias le preguntaron si había crédito , pero le sorprendió ya que no había ningún informe favorable de fiscalización y no se había seguido ningún procedimiento tendente a acreditar las horas efectivamente realizadas, aunque finalmente no se llegaron a pagar.
Un concejal de la época corroboró en la causa penal que el alcalde anterior había llegado a un acuerdo verbal con el aparcero para indemnizarlo.
Velázquez: «En política no se debe obedecer solo al procedimiento sino a la ética y a la bondad»
Todo el eje argumental de la defensa de los acusados giró en torno a Ia existencia de un contrato de aparcería en los terrenos que el Ayuntamiento adquiridos para construir en ellos un Recinto Ferial y la necesidad de indemnizar al agricultor, de nombre Pedro, por la extinción improcedente del contrato y por otro lado en que los 300 euros que se establecieron para el pago de las horas extraordinarias Ilevadas a cabo por los empleados municipales nunca se Ilegaron a pagar.
En Facebook, Fidela Velázquez ha agradecido las muestras de apoyo recibidas a raíz de la sentencia, y se ha referido a una frase que le escuchó decir a la fiscal en el juicio y que le causó «estupor»: «Mantuvo en su alegato [la fiscal] que el comportamiento público no ha de obedecer a la ética ni a la bondad, sino al procedimiento. Y con todo mi cariño, los propios procedimientos han de estar impregnados de ética y de bondad. Porque si no fuera así, llevo engañando a millares de alumnos, a mis propios hijos y a mis conciudadanos toda mi vida. Tal vez la fiscal quiso decir otra cosa, y espero, por el bien de todos, que así sea».
Cayetano Silva dimite de sus cargos en el Cabildo por el código ético del PSOE
Este viernes, dos días después de conocerse la sentencia, adelantada por El Día, el Cabildo tinerfeño informó en un comunicado de que Cayetano Silva ha presentado su dimisión como director insular de Seguridad y Emergencias.
“Sada la situación actual y conociendo el código ético de mi partido [PSOE], he decidido dar un paso a un lado y, a la vez, anuncio un recurso contra la sentencia”, explicó en la nota de prensa.
“Agradezco la oportunidad que he tenido de trabajar durante este año con grandes profesionales y quiero destacar la labor del Consorcio de Bomberos, protección civil en general, los ayuntamientos de la isla, así como la de todo el personal del área de Gestión del Medio Natural y Seguridad. Ha sido un periodo de trabajo intenso y muy gratificante en el que he podido contar con la colaboración de personas e instituciones de toda la isla”, han sido sus palabas de despedida.
