PLANETA CANARIO
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha dispuesto la homologación del acuerdo transaccional suscrito por Carlacand, S.L., Promotora Punta Larga S.A., Inversiones Parque S.A., Anagotel S.L. y la entidad administradora concursal del empresario Antonio Plasencia Santos con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para el cobro, por parte del consistorio, del dinero malversado en el caso Las Teresitas.
Esta resolución judicial se dicta sobre el acuerdo que anunció en junio pasado la entonces alcaldesa, Patricia Hernández (del PSOE, en pacto con Ciudadanos), que dejó el cargo por la moción de censura presentada por CC-PNC y PP, con apoyo de una concejala tránsfuga de Cs, a raíz de lo cual volvió a ostentar el bastón de mando municipal José Manuel Bermúdez.
En una nota del actual gobierno municipal, se destaca que este aval judicial «permitirá al Ayuntamiento de la capital hacerse con la titularidad de dos edificios propiedad de dichas empresas como parte del pago derivado de la responsabilidad civil de la condena. Además, las arcas municipales recibirán otros 32 millones de euros en los próximos 14 años como parte de dicho pago. El anterior gobierno local cifró la indemnización en 95 millones.
Bermúdez mostró en el comunicado su «satisfacción por ese nuevo paso» en la resolución del procedimiento y ha dado «las instrucciones oportunas para que se formalicen los trámites administrativos y civiles que de ella deriven, con el objetivo de recuperar el dinero cuanto antes que se le debe a la ciudadanía de Santa Cruz de Tenerife”.
Por su parte, el concejal de Presidencia, Alfonso Cabello, apuntó que en la mañana de este miércoles, 4 de noviembre, los servicios jurídicos del Ayuntamiento se pusieron en contacto con la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias «para continuar perfilando los detalles del acuerdo en lo que hace referencia al edificio ubicado en la avenida de Tres de Mayo con el objetivo de materializar de manera efectiva y cuanto antes dicho acuerdo homologado».
En su momento, la entonces alcaldesa, Patricia Hernández (PSOE), y la primera teniente de alcalde, Matilde Zambudio Cs), junto a otros miembros de la por esa época gobierno municipal, anunció que se había alcanzado dicho acuerdo con el empresario, que cumple condena de cárcel, para recobrar el dinero «saqueado, robado, expoliado a Santa Cruz» en la compraventa de las parcelas del frente de la playa.
Se cumple así la sentencia judicial firme que declaró ilegal la compra por parte del Ayuntamiento de las 11 parcelas en el año 2001 por más de 54 millones y ratificó las condenas a empresarios y políticos de CC-PNC, incluyendo el entonces alcalde, Miguel Zerolo, que también cumple pena de prisión, así como a funcionarios.
Los dos edificios que pasarán a manos del Ayuntamiento son el que ocupa actualmente la Consejería de Educación, Cultura Deportes, en la avenida de Anaga, y otro, situado en Cabo Llanos, frente al Auditorio de Tenerife, que en el pasado mandato el entonces presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso (CC-PNC) pretendió comprar a la familia Plasencia, para convertirlo en residencia de mayores.
Esa operación se frustró por el rechazo al final del PSOE, entonces socio del gobierno insular, que inicialmente había dado el visto bueno a esta compra en el Consejo de Administración del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), pero que cambió de criterio una vez que trascendieron en la prensa los extraños manejos en el expediente administrativo.
Tanto Hernández como Zambudio y el portavoz municipal del PSOE, José Ángel Martín, que fue denunciante del caso Las Teresitas, llegaron a acusar al anterior gobierno formado por CC y PP, y presidido por Bermúdez, de actitud pasiva para recuperar el dinero. Al respecto, se quejó ló la entonces alcaldesa de que «nunca antes el Ayuntamiento había movido un papel para cobrar el dinero de Las Teresitas, solo adhiriéndose a la petición de la Fiscalía; ni siquiera pidió la ejecución de sentencia, fue la fiscal María Farnés fue la que lo hizo, y ha quedado de manifiesto que se podía si se quería».
Con el gobierno PSOE-Cs, el Ayuntamiento se tuvo que querellar contra Antonio Plasencia por alzamiento de bienes ante al embargo tras la sentencia de Las Teresitas, por traspasar propiedades de padres a hijos.
