VICENTE PÉREZ
El Gobierno formado por PSOE y Unidas Podemos ha logrado los apoyos necesarios este miércoles en el Congreso de los Diputados para prorrogar por quinta vez el estado de alarma, y extenderlo hasta el 7 de junio, aunque Pedro Sánchez pretendió alargarlo un mes. Han votado a favor 177 escaños, incluyendo los de Ciudadanos, PNV, Más País, Coalición Canaria-PNC, PRC y Teruel Existe, mientras que han votado en contra 162, los de PP, Vox, ERC, JxCat, Compromis, Foro Asturias y la CUP, y se han registrado 11 abstenciones: las de Nueva Canarias, EH-Bildu (que asegura que su abstención se debe a que Sánchez derogará íntegra la reforma laboral del PP), BNG y Unión del pueblo navarro. Hay que recordar que la primera prórroga no tuvo votos en contra.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, argumentó que la desescalada «es una cuestión de ciencia y de prudencia» y criticó por ello en especial al PP por «dimitir de sus responsabilidades» con los intereses del Estado. Esta prórroga, dijo, «tiene características distintas a las anteriores porque la única autoridad delegada será el ministro de Sanidad» y habrá «cogobernanza» con las autonomías.
Tachó de «falso» que se pueda gestionar esta situación extraordinaria con leyes ordinarias, como sostienen PP y VOX, pues a su juicio no permiten limitar la libertad de movilidad y de reunión para combatir el coronavirus. En todo caso, anunció que va a negociar la reforma de las leyes sanitarias la de seguridad nacional para gestionar el seguimiento de la pandemia una vez que se levante el estado de alarma. Y destacó que el Gobierno ha puesto en marcha ya medidas económicas por valor de 138.000 millones de euros.
La diputada de CC-PNC Ana Oramas justificó su apoyo a la prórroga porque el Gobierno se ha comprometido a prolongar los expedientes temporales de regulación de empleo en el sector turístico y adoptar medidas contra la «catástrofe» social que podría ocurrir en Canarias en los próximos meses. La parlamentaria tinerfeña se quejó de que algunos partidos «juegan con fuego», con el enfrentamiento del «viejo país de siembre» entre izquierda y derecha, «las dos Españas de Antonio Machado», un conflicto que «jalean algunos líderes, usando la frustración de la gente por la pandemia para sacar rédito político». «Están ciegos, se equivocan, no se pueden despertar las peores pasiones de este país, los monstruos que habíamos enterrado», advirtió la exalcaldesa lagunera, quien remachó su alocución con que «deberíamos decretar el estado de alarma por otro virus que sí puede acabar con España, el del enfrentamiento, de la intolerancia».
El diputado de NC Pedro Quevedo optó por abstenerse porque reclamó que las administraciones públicas del Archipiélago puedan usar el superávit, que cifró en 4.000 millones de euros, así como tener capacidad de endeudamiento y un plan específico para el turismo. El diputado grancanario alertó de que el 37% de la población canaria activa necesita ayuda pública, «y esto es solo el principio» de una posible «fractura social sin precedentes». Por eso reclamó una respuesta diferenciada para Canarias, en atención a sus derechos reconocidos en la Ley de Régimen Económico y Fiscal (REF), en el derecho primario de la Unión Europea debido a sus singularidades geográficas. «Tenemos el riesgo de no poder atender las sociedades de la sociedad canaria», previno Quevedo.
El líder del PP, Pablo Casado, defendió el no porque estamos ante «una brutal reclusión de los españoles» y cree que hay manera de evitar contagios sin restringir las libertades. «Con el confinamiento también se evitan accidentes laborales y de tráfico pero no puede ser una medida ilimitada que acabe con las libertades y la prosperidad», arguyó el diputado popular, quien rompió una lanza por los ciudadanos que critican al Gobierno «porque tienen ese derecho».
«El mejor escudo social es el empleo y no quedarse todos parados», añadió Casado, para quien «se está produciendo una hipertrofia normativa, con 210 normas institucionales en este estado de alarma, sin control que es un abuso democrático «.
El presidente del PP acusó a Sánchez de haber «mentido» a la sociedad, de practicar un «puro despotismo administrativo» apoyado en separatistas y comunistas. Y al igual que el líder de Vox, Santiago Abascal, Casado criticó que se permitiera una multitud de gente en Córdoba para despedir los restos mortales del histórico dirigente de IUC Julio Anguita pero en cambio no se permita lo mismo a los funerales de cualquier otro ciudadano.
Ciudadanos, a través de su portavoz, Edmundo Bal, no obvió los «errores» y los «abusos» del Gobierno pero insistió en que lo que toca es «votar con responsabilidad» para no retroceder frente al virus. Y ha avisado a Sánchez de que el voto a favor de sus diez diputados no lo es en apoyo al Gobierno sino en defensa del interés de los españoles. Bal defendió «tomar decisiones con la cabeza, no con las tripas» y dejar de lado la búsqueda del «rédito electoral».
El tono más duro con el Gobierno, como cabía esperar, fue el del líder de Vox, quien esgrimió que hay 900.000 españoles que no están cobrando las prestaciones económicas que le corresponden. Abascal descalificó al Ejecutivo como un «gobierno liberticida en el que mandan separatistas y comunistas, y que ha provocado la muerte de miles de personas, más bien 50.000 y no los 25.000 de las cifras oficiales, y la ruina de millones». Por tanto, como en otras ocasiones, atribuyó responsabilidades penales al Gobierno, «por provocar la muerte de miles de nuestros compatriotas cuando el 10 de febrero ya sabían que el virus era así de contagioso».
Interpretó el líder de ultraderecha que «el estado de alarma es un plan deliberado de los socios comunistas del Gobierno para que millones de españoles tengan que vivir de la renta mínima que depende de la gracia del señor Iglesias, muy cerca de las cartillas del racionamiento». Y acusó al Gobierno de atacar a los tres sectores claves de la economía: el del automóvil, el turismo y el agrario.