VICENTE PÉREZ
El Ayuntamiento de La Laguna y el Colegio de Ingenieros Industriales de Tenerife (COIITFE) advirtieron en junio pasado que se querellarían contra quienes divulgaran informaciones que cuestionaran su honestidad en la adjudicación a la UTE Imesapi-Emelsa, por 18,7 millones de euros, del contrato de mantenimiento del alumbrado público municipal.
Cuatro meses después, es el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma (TACP) el que ha confirmado las sospechas de empresas del sector y también de toda la oposición municipal sobre la existencia de conflictos de intereses en este procedimiento.
En una resolución dictada este 30 de septiembre, este tribunal, de carácter administrativo, ha dado la razón a la empresa Effico, que quedó en segundo lugar en el concurso, y ha ordenado al Ayuntamiento retrotraer las actuaciones para excluir a Imesapi-Emelsa y volver a adjudicar el contrato, partiendo de las puntuaciones ya obtenidas por las demás sociedades mercantiles concursantes.
Relación de cónyuges
El TACP muestra su asombro por que el Ayuntamiento, a través de la mesa de contratación de este concurso, ignorara los escritos de Effico sobre los conflictos de interés en este expediente.
Es decir, que contratara al Colegio de Ingenieros Industriales de Tenerife (COIITFE) para evaluar las ofertas presentadas, justo además en el criterio que implicaba un juicio de valor, a pesar de que la secretaria de esta entidad —jefa de Servicios Municipales y Medio Ambiente en el consistorio lagunero cuando se decidió esta contratación de asistencia técnica— es también la esposa del delegado de ImesApi.
Relación paterno filial
Pero es más: resulta que el actual jefe de servicio en el Ayuntamiento es hijo del decano del COIITF, de modo que el informe del Colegio de Ingenieros dando como ganadora a Imesapi lo asumió este último junto a otro técnico municipal en nombre de la Administración local.
Para el TCPC, el Ayuntamiento conocía la situación de conflicto de interés desde el momento en que “era un hecho público, notorio y fácilmente comprobable que la antedicha funcionaria desempeñaba […] el cargo de secretaria de la Junta de Gobierno del citado colegio profesional”.
Y pese a todo, el Consistorio siguió adelante con la asistencia técnica del COIITF, “favoreciendo que se produjese un potencial conflicto de intereses que, a la postre, ha arrojado una sombra más que razonable de duda sobre la imparcialidad de la evaluación de dichas propuestas técnicas”.
Aunque el Ayuntamiento se ha defendido en este recurso alegando que el Colegio de Ingenieros solo tuvo un papel asesor y no decisorio, los miembros del Tribunal de Contratos Públicos no dan credibilidad a esta versión y ponen de relieve que el informe del COIITFE sobre las ofertas presentadas y el que emitió el jefe de servicio municipal (es decir, el hijo del decano de la entidad que presta esta asistencia técnica) “son prácticamente idénticos”.
Unas puntuaciones, las propuestas por el COIITF en el criterio que le encargaron examinar y asumidas por el Ayuntamiento, que, además, fueron “matemáticamente determinantes en la adjudicación del contrato a favor de la UTE Imesapi-Emelsa, puesto que en el resto de criterios que se valoraban en este concurso era previsible —como así ocurrió— que todas obtuvieran la misma puntuación”.
El riesgo de conflicto de interés era «evidente»
Para este tribunal administrativo, “sin duda alguna, en el supuesto que nos ocupa existía un evidente riesgo de conflicto de intereses entre la funcionaria pública que en el momento de la apertura de los archivos electrónicos de las proposiciones de las licitadoras desempeñaba el cargo de jefa de Servicio del Área de Medio Ambiente y Servicios Municipales y una de las operadoras económicas que concurrieron a la licitación, constatado de forma determinante por la propia abstención de dicha funcionaria para participar como tal en el procedimiento contractual”.
A pesar de que el Ayuntamiento se ha defendido argumentando que estos vínculos familiares no han restado un ápice de imparcialidad ni limpieza del procedimiento, lo cierto es que el tribunal le lee la cartilla al consistorio lagunero: “Tal circunstancia constatada supuso que la Administración contratante pusiera en manos de una corporación de derecho público con respecto a la cual carece de poder de control alguno la valoración de las ofertas de las licitadoras, aún siendo miembro de su órgano de gobierno la misma persona que, como Jefa de Servicio, había solicitado y obtenido autorización para abstenerse de participar en la contratación”.
Y en cuanto al colegio profesional, el TACP señala que “independientemente de quién fuese el ingeniero al que la Junta de Gobierno del COIITFE encomendara la elaboración del informe de evaluación de las memorias de las licitadoras, resulta absolutamente inverosímil que tal informe fuese remitido al Ayuntamiento contratante sin que la indicada Junta de Gobierno diera, como mínimo, su visto bueno».
Para fundamentar su resolución, el TACP invoca la “importante y profusa” jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a los conflictos de intereses, según la cual para que exista esta “disfunción grave o anomalía seria” en un procedimiento administrativo basta con que se den las circunstancias que se han dado en La Laguna, “sin que sea necesario para su calificación tener en cuenta las intenciones de los interesados ni su buena o mala fe”.
Llegado a este punto, el TACP quiere dejar “absolutamente claro” que no pone en duda “la profesionalidad e integridad de los distintos empleados públicos” intervinientes en este procedimiento. Aunque a renglón seguido puntualiza que dirimir ese tipo de responsabilidad se encuentra “totalmente fuera” de sus competencias y, además, porque “no es necesario” comprobar o demostrar que efectivamente se ha producido una connivencia o mala fe para que resulte evidente el conflicto de interés.
PLANETA CANARIO ha solicitado al Ayuntamiento de La Laguna conocer su versión sobre esta resolución del TACP, aunque por ahora este diario no la ha recibido.
Contra la decisión de este tribunal administrativo cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Además de esta licitación del alumbrado, la oposición municipal (PP, Vox, Unidas Se Puede y Proyecto Drago) hace meses que puso también el foco en una contratación anterior, de 2023, en la que, siendo la misma funcionaria jefa de Servicios Municipales y Medio Ambiente —y aunque se abstuvo en el procedimiento— se adjudicó a Imesapi (es decir, la empresa de la que es delegado su marido) un contrato de casi 900.000 euros por trámite urgente.
A esa licitación el Ayuntamiento invitó a solo tres empresas, dos del mismo grupo empresarial, entre ellas ImesApi, y una tercera, Emelsa. Precisamente las que poco tiempo después se asociarían en una UTE para presentarse el concurso cuya adjudicación les ha sido ahora anulada por el TCPC.
El objetivo de aquel contrato de 2023 era cambiar con fondos europeos DUSI 1.444 luminarias de vapor de sodio por otras de LED, aunque la realidad es que la mitad de esos puntos de luz ya tenían incorporada esta moderna tecnología.
Una licitación que está recurrida por Effico ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, un litigio en el que se ha aportado un informe de un ingeniero colegiado que, bajo juramento, concluye que la obra se adjudicó con un sobrecoste de 372.000 euros.
