PLANETA CANARIO
La anulación definitiva del Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz, tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, conocida en abril pasado, implica también la anulación del Plan Especial de Las Teresitas.
Por tanto, de momento no puede continuar su tramitación, retomada en este mandato por el gobierno de PSOE-Cs, con polémica incluida, ya que colectivos sociales como Justicia y Sociedad y las fuerzas políticas Unidas Podemos y Sí se puede han criticado que se mantenga la propuesta heredada del anterior equipo gobernante (CC-PP), es decir, con un aparcamiento en el inicio de la playa (como el Mamotreto derruido por sentencia judicial), un hotel adosado a la batería militar y la eliminación de la cofradía de pescadores.
Esta previsto que la pasada semana se celebrara un pleno extraordinario sobre el Plan de Las Teresitas, a instancia de CC y PP para defender la continuidad de su trámite tal cual fue diseñado en el pasado mandato, pero estos grupos finalmente pidieron la suspensión de esa sesión debido la referida circunstancia jurídica.
La concejala de Urbanismo, Matilde Zambudio, de Cs, informó, ante una pregunta formulada por el PP, que se han encargado informes jurídicos para determinar si el Plan de Las Teresitas se puede acoger al artículo de la Ley del Suelo en el que se establece que los planes que demuestren su autonomía con respecto a un Plan General de Ordenación, aunque este sea anulado, pueden continuar su tramitación o su vigencia.
Se da la circunstancia de que el mismo empresario condenado, y encarcelado, por el caso Las Teresitas, Antonio Plasencia, fue quien, a través de su empresa Puzolana y Áridos Tenerife, logró tumbar en 2017 el PGO chicharrero, a cuenta de unos terrenos, usados como aparcamientos, que el Gobierno canario ha pretendido expropiar junto al hospital de La Candelaria. El TSJC anuló el planeamiento por carecer de evaluación ambiental estratégica.
Fue la puntilla a un PGO que se había aprobado en 2013, durante el gobierno local de CC y PSOE, tras 14 años de tramitación, en su mayor parte cuando era alcalde Miguel Zerolo (CC), también en prisión por el caso Las Teresitas.
PLANETA CANARIO
La anulación definitiva del Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz, tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, conocida en abril pasado, implica también la anulación del Plan Especial de Las Teresitas.
Por tanto, de momento no puede continuar su tramitación, retomada en este mandato por el gobierno de PSOE-Cs, con polémica incluida, ya que colectivos sociales como Justicia y Sociedad y las fuerzas políticas Unidas Podemos y Sí se puede han criticado que se mantenga la propuesta heredada del anterior equipo gobernante (CC-PP), es decir, con un aparcamiento en el inicio de la playa (como el Mamotreto derruido por sentencia judicial), un hotel adosado a la batería militar y la eliminación de la cofradía de pescadores.
Esta previsto que la pasada semana se celebrara un pleno extraordinario sobre el Plan de Las Teresitas, a instancia de CC y PP para defender la continuidad de su trámite tal cual fue diseñado en el pasado mandato, pero estos grupos finalmente pidieron la suspensión de esa sesión debido la referida circunstancia jurídica.
La concejala de Urbanismo, Matilde Zambudio, de Cs, informó, ante una pregunta formulada por el PP, que se han encargado informes jurídicos para determinar si el Plan de Las Teresitas se puede acoger al artículo de la Ley del Suelo en el que se establece que los planes que demuestren su autonomía con respecto a un Plan General de Ordenación, aunque este sea anulado, pueden continuar su tramitación o su vigencia.
Se da la circunstancia de que el mismo empresario condenado, y encarcelado, por el caso Las Teresitas, Antonio Plasencia, fue quien, a través de su empresa Puzolana y Áridos Tenerife, logró tumbar en 2017 el PGO chicharrero, a cuenta de unos terrenos, usados como aparcamientos, que el Gobierno canario ha pretendido expropiar junto al hospital de La Candelaria. El TSJC anuló el planeamiento por carecer de evaluación ambiental estratégica.
Fue la puntilla a un PGO que se había aprobado en 2013, durante el gobierno local de CC y PSOE, tras 14 años de tramitación, en su mayor parte cuando era alcalde Miguel Zerolo (CC), también en prisión por el caso Las Teresitas.
PLANETA CANARIO
La anulación definitiva del Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz, tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, conocida en abril pasado, implica también la anulación del Plan Especial de Las Teresitas.
Por tanto, de momento no puede continuar su tramitación, retomada en este mandato por el gobierno de PSOE-Cs, con polémica incluida, ya que colectivos sociales como Justicia y Sociedad y las fuerzas políticas Unidas Podemos y Sí se puede han criticado que se mantenga la propuesta heredada del anterior equipo gobernante (CC-PP), es decir, con un aparcamiento en el inicio de la playa (como el Mamotreto derruido por sentencia judicial), un hotel adosado a la batería militar y la eliminación de la cofradía de pescadores.
Esta previsto que la pasada semana se celebrara un pleno extraordinario sobre el Plan de Las Teresitas, a instancia de CC y PP para defender la continuidad de su trámite tal cual fue diseñado en el pasado mandato, pero estos grupos finalmente pidieron la suspensión de esa sesión debido la referida circunstancia jurídica.
La concejala de Urbanismo, Matilde Zambudio, de Cs, informó, ante una pregunta formulada por el PP, que se han encargado informes jurídicos para determinar si el Plan de Las Teresitas se puede acoger al artículo de la Ley del Suelo en el que se establece que los planes que demuestren su autonomía con respecto a un Plan General de Ordenación, aunque este sea anulado, pueden continuar su tramitación o su vigencia.
Se da la circunstancia de que el mismo empresario condenado, y encarcelado, por el caso Las Teresitas, Antonio Plasencia, fue quien, a través de su empresa Puzolana y Áridos Tenerife, logró tumbar en 2017 el PGO chicharrero, a cuenta de unos terrenos, usados como aparcamientos, que el Gobierno canario ha pretendido expropiar junto al hospital de La Candelaria. El TSJC anuló el planeamiento por carecer de evaluación ambiental estratégica.
Fue la puntilla a un PGO que se había aprobado en 2013, durante el gobierno local de CC y PSOE, tras 14 años de tramitación, en su mayor parte cuando era alcalde Miguel Zerolo (CC), también en prisión por el caso Las Teresitas.
PLANETA CANARIO
La anulación definitiva del Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz, tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, conocida en abril pasado, implica también la anulación del Plan Especial de Las Teresitas.
Por tanto, de momento no puede continuar su tramitación, retomada en este mandato por el gobierno de PSOE-Cs, con polémica incluida, ya que colectivos sociales como Justicia y Sociedad y las fuerzas políticas Unidas Podemos y Sí se puede han criticado que se mantenga la propuesta heredada del anterior equipo gobernante (CC-PP), es decir, con un aparcamiento en el inicio de la playa (como el Mamotreto derruido por sentencia judicial), un hotel adosado a la batería militar y la eliminación de la cofradía de pescadores.
Esta previsto que la pasada semana se celebrara un pleno extraordinario sobre el Plan de Las Teresitas, a instancia de CC y PP para defender la continuidad de su trámite tal cual fue diseñado en el pasado mandato, pero estos grupos finalmente pidieron la suspensión de esa sesión debido la referida circunstancia jurídica.
La concejala de Urbanismo, Matilde Zambudio, de Cs, informó, ante una pregunta formulada por el PP, que se han encargado informes jurídicos para determinar si el Plan de Las Teresitas se puede acoger al artículo de la Ley del Suelo en el que se establece que los planes que demuestren su autonomía con respecto a un Plan General de Ordenación, aunque este sea anulado, pueden continuar su tramitación o su vigencia.
Se da la circunstancia de que el mismo empresario condenado, y encarcelado, por el caso Las Teresitas, Antonio Plasencia, fue quien, a través de su empresa Puzolana y Áridos Tenerife, logró tumbar en 2017 el PGO chicharrero, a cuenta de unos terrenos, usados como aparcamientos, que el Gobierno canario ha pretendido expropiar junto al hospital de La Candelaria. El TSJC anuló el planeamiento por carecer de evaluación ambiental estratégica.
Fue la puntilla a un PGO que se había aprobado en 2013, durante el gobierno local de CC y PSOE, tras 14 años de tramitación, en su mayor parte cuando era alcalde Miguel Zerolo (CC), también en prisión por el caso Las Teresitas.
