VICENTE PÉREZ
El Gobierno de Canarias ha actualizado el censo de vertidos desde tierra al mar y el panorama sigue siendo muy preocupante, aunque se hayan encontrado 21 menos que en 2021.
Los mapas, publicados por la empresa pública GRAFCAN, hablan por sí mismos: 403 puntos de vertidos de aguas residuales, de los que, según la Consejería de Transición Ecológica y Energía, 351 están activos.
El consejero de esta área, Mariano Hernández Zapata, ha explicado en rueda de prensa este 21 de julio que de estos puntos de vertido activos, «el 55% están autorizados o en proceso de estarlo”

En la nota oficial no constan los datos desglosados de forma clara ni por islas, aunque Canarias 7, sí aporta cifras más precisas: de los 403 vertidos, 216 (53,6%) no cuentan con la autorización correspondiente, 112 sí la tienen y 75 se encuentran en fase de tramitarla, un proceso que en el mejor de los casos suele tardar entre seis y ocho meses, según informó el jefe de servicio de la Consejería, Fernando Herrera.
Por esas conducciones se vierten al océano aguas residuales (domésticas, industriales o fluviales), que se descargan al mar a través de emisarios submarinos o conducciones desde tierra.
«COMPLEJA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL»
Aunque Hernández Zapata ve «un avance» respecto al censo anterior, reconoce que se trata de «una de las problemáticas ambientales más complejas del Archipiélago».

De hecho, en las manifestaciones convocadas por los grupos ecologistas en los últimos años, algunas con seguimiento masivo en Canarias, la reivindicación de que cesen los vertidos ilegales al mar es una de las más insistentes.
La falta de estaciones depuradoras, alcantarillado y colectores, por tanto, el vertido al mar de efluentes sin los tratamientos a los que obliga la normativa europea ya ha motivado en años anteriores sanciones millonarias de la Comisión Europea que deben pagar los canarios de sus impuestos.
20 VERTIDOs DE LEGALIZACIÓN PRIORITARIA
Ante este panorama, el consejero destaca que el Gobierno canario ha priorizado hacer un seguimiento de los 20 vertidos más contaminantes, y ha firmado convenios con otras administraciones públicas (cabildos y ayuntamientos) para su»urgente» legalización.

La elaboración del nuevo censo, en el que se han usado drones, ha implicado un análisis exhaustivo de los vertidos existentes, su estado administrativo, y su afección al medio marino, con el fin de ofrecer una herramienta de gestión efectiva.
Esta actualización del censo puede ser consultada en la web: a través del siguiente enlace, en el apartado de calidad ambiental, y en ella se identifican los puntos de vertido autorizados, los que están en proceso de serlos y los que carecen de cualquier título habilitante para estar funcionando.
MAPA DE VERTIDOS CON AUTORIZACIÓN EN TRÁMITE

MAPA DE VERTIDOS AUTORIZADOS
VERTIDOS ILEGALES Y SIN AUTORIZACIÓN EN TRÁMITE
La Consejería asegura en que esta medida «forma parte de una estrategia más amplia, donde la coordinación interadministrativa —entre Gobierno, cabildos, ayuntamientos y operadores— es esencial para lograr resultados tangibles y sostenibles a medio y largo plazo».
Este departamento del Gobierno regional aclara que sus competencias no incluyen las de seguimiento de la calidad de aguas costeras, ni los vertidos mar-mar ni las de ejecución de infraestructuras de depuración.