PLANETA CANARIO
El Gobierno estatal se ha decidido a intervenir para acabar con el hacinamiento de inmigrantes irregulares en tiendas de campaña en el muelle de Arguineguín, tras las críticas que ha recibido de organizaciones humanitarias, instituciones públicas y partidos políticos por la falta de medios con que se está atendiendo en Canarias la llegada de pateras. Incluso el magistrado Arcadio Díaz Tejera, del Juzgado grancanario con competencias en inmigración, ha denunciado públicamente la situación de los más de 400 norteafricanos alojados en estas condiciones en este puerto perteneciente al municipio de Mogán.
Este viernes, 11 de septiemgre, durante una visita al campamento de Cruz Roja en que se acoge a estos inmigrantes, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha anunciado que ya ha comenzado a desalojarse este lugar y a reubicar a estas personas en espacios que reúnan mejores condiciones, aunque reconoció que Canarias no dispone de una red estable de centros de acogida, que se comprometió a habilitar.
Según indicó Pestana, en la tarde de este viernes se han derivado ya a otras instalaciones a 135 inmigrantes a quienes ya se les ha hecho la prueba del Covid-19 y han dado negativo, y otros 30 serán reubicados en la mañana de este sábado. La intención es que antes del domingo se complete el desalojo del campamento.
«Estamos trabajando con varios ministerios para que no haya esta acumulación en el muelle de Arguineguín,
Vamos a seguir ahondando en busca de soluciones para a corto plazo alojar a estas personas en las mejores condiciones posibles, en espacios que son de uso provisional, y también soluciones habitacionales definitivas para tener una red estable en Canarias, algo que no se hizo durante muchos años y lo estamos haciendo en meses», manifestó el delegado del Gobierno.
Pestana, a quien el PP ha pedido la dimisión por lo que considera dejación del Estado en esta crisis migratoria, admitió que que gestionar la inmigración irregular por vía marítima «con otras formas desde el punto de vista humanitario, de los derechos de estas personas, y con recursos que serán propios de la Administración estatal», aunque pidió la colaboración de las demás administraciones públicas.
Advirtió el delegado que se espera que la llegada de pateras aumente su intensidad en las próximas semanas, por las calmas en el mar.
En la visita estuvieron presente también el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres; la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana (a quien PP y Cs han acusado de reaccionar tarde y mal ante este problema), y la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, que ha denunciado que lo ocurrido es una vulneración de los derechos humanos.
Torres destacó que el Gobierno de Canarias ha celebrado un Foro de Inmigración -el miércoles- en el que se demandaron medidas contundentes para abordar este fenómeno de forma integral. Posteriormente -este jueves-, se celebró una reunión de coordinación interministerial para abordar este asunto de forma urgente.
El mandatario autonómico valoró la medida tomada este viernes “para dar un cobijo digno a estas personas que han venido huyendo del hambre, la desesperación y las guerras”, pero ha llamado a la responsabilidad y a la solidaridad de todas las instituciones “porque no puede ser que el fenómeno migratorio empiece y termine en las fronteras».»
El jefe del Ejecutivo canario destacó la importancia que tiene la visita que hará en los próximos días el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, a Mauritania con presencia de altos cargos europeos para abordar este fenómeno. En ese sentido Torres considera necesario reforzar los convenios con países de origen que se incremente la vigilancia en las costas.
El presidente señaló el esfuerzo que ha hecho el Gobierno de Canarias durante esta crisis migratoria en la que ha cedido el 90 por ciento de los espacios habilitados para albergar a estas personas, siendo la mayoría instalaciones educativas que hay que recuperar con el inicio del curso. “Canarias es un pueblo solidario y conoce de primera mano el fenómeno porque también hemos sido emigrantes hacia América”, prosiguió, “y tenemos que responder de forma solidaria, justa, humanitaria y sin xenofobia”.
En ese sentido, y para evitar bulos, falsedades y la criminalización de estas personas, “que son las víctimas”, Torres hizo una llamada a la responsabilidad de los representantes públicos para apartar este fenómeno y el drama humano del debate partidario.